El cruzado ambiental: controversia, poder y política en torno a la EPA de Zeldin

Una tormenta política y ambiental desde Washington

El actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin, ha desatado una tormenta política en el Congreso estadounidense tras cancelar miles de millones de dólares en subvenciones destinadas a combatir la contaminación en comunidades marginadas y a impulsar programas de energía limpia. Esta decisión, tomada bajo la administración de Donald Trump, ha sido duramente criticada tanto por legisladores demócratas como republicanos.

La polémica gira en torno a fondos asignados mediante la Ley Climática de 2022, la cual autorizaba $3 mil millones en subvenciones para comunidades de bajos ingresos y minoritarias, así como $20 mil millones para proyectos de energías limpias a través de un “banco verde”. Estas asignaciones fueron abruptamente bloqueadas por Zeldin, quien asumió el cargo en enero de 2025, bajo la bandera de seguir direcciones del presidente Trump.

El choque legal: ¿violación de la ley federal o reorientación política?

La senadora demócrata Jeff Merkley de Oregon, en una audiencia reciente del Senado, acusó a Zeldin de haber “retenido ilegalmente” fondos del clima, en contra de lo que estipula una legislación federal desde 1974 conocida como la Impoundment Control Act, que prohíbe al poder ejecutivo retener fondos asignados por el Congreso sin su aprobación.

“Esto pone en riesgo a comunidades enteras al dificultar la lucha contra la contaminación y el caos climático”, sentenció Merkley. El hecho de cancelar 800 subvenciones previamente aprobadas ha desencadenado demandas de explicaciones y la posibilidad de acciones legales contra la EPA.

Durante la misma audiencia, Zeldin argumentó que las prioridades actuales de la administración Trump son diferentes a las de la administración Biden, bajo la cual se crearon los programas. “Rechazamos con firmeza que estemos violando alguna ley”, afirmó.

La respuesta republicana: críticas moderadas, pero reales

La senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska, aunque con un perfil menos beligerante, también expresó su molestia. Zeldin habría congelado subvenciones destinadas a comunidades rurales en su estado, lo que calificó como decisiones “indiscriminadas”. Advirtió que muchos de los recortes presupuestarios propuestos por Trump serán revertidos por el Congreso.

“La EPA no ha seguido nuestras directrices y ha sido en gran medida ineficaz en responder nuestras preguntas”, criticó Murkowski. Incluso resaltó que tiene un número directo con la oficina de Zeldin y que aún así la comunicación ha sido insuficiente.

Las subvenciones que pudieron cambiar vidas

Los ejemplos concretos son particularmente reveladores. La senadora Patty Murray de Washington se mostró indignada al destacar que los fondos congelados habrían beneficiado a comunidades con infraestructura deficiente, al proporcionar bombas de calor, proyectos de preparación contra incendios forestales y mejoras en el suministro de agua potable.

En Georgia, el senador Jon Ossoff criticó duramente la cancelación de una subvención de $19.8 millones para mejorar el sistema de aguas residuales de Thomasville y construir una clínica comunitaria. “¿Acaso construir una clínica de salud es algo woke?”, cuestionó con ironía.

Cambio de enfoque: de justicia ambiental a supresión de diversidad

Quizás lo más inquietante es que Zeldin habría sugerido que algunos de estos fondos podrían restablecerse si se eliminan componentes relacionados con la justicia ambiental y la diversidad, en cumplimiento con una orden ejecutiva de Trump que limita el uso de estos enfoques.

Este viraje de prioridades deja fuera a comunidades históricamente ignoradas por los grandes programas federales, agravando desigualdades ambientales existentes. La Justicia Ambiental como concepto busca equilibrar los impactos negativos que sufren ciertos sectores de la población debido a industrias contaminantes o falta de inversión pública.

La reducción de personal en la EPA: ¿vuelta a la era Reagan?

Otro aspecto alarmante es la reducción del personal de la EPA. Mientras que en 2024 contaba con más de 15,100 empleados, la agencia bajo Zeldin ha iniciado despidos masivos, con cientos de empleados fuera y miles más enfrentando jubilación anticipada. Se prevé que la plantilla podría reducirse al nivel más bajo desde la era de Ronald Reagan, cuando en 1983 se contaban menos de 11,000 empleados.

Este achicamiento ha sido alentado por asesores clave, como Elon Musk, quien aboga por una reducción masiva del Estado federal. Según la senadora Murray, esta sería parte de una estrategia sistemática por “quemar la EPA y dejar sus funciones en ruinas”.

¿Una estrategia premeditada contra el cambio climático?

La cancelación de estos fondos y la reestructuración de prioridades dentro de la EPA no son eventos aislados. Forman parte de una agenda más amplia dentro del trumpismo que minimiza los impactos del cambio climático, desestima acuerdos como el Acuerdo de París y prioriza la desregulación industrial.

Además, este cambio de rumbo compromete la competitividad de EE. UU. en el sector de energías limpias, mientras países como China y Alemania invierten miles de millones en tecnologías verdes.

“Bloquear estos fondos está perjudicando a comunidades en todo el país”, indicó la senadora Murray. En lugar de avanzar hacia la transición energética, se da un paso atrás hacia combustibles fósiles y políticas de exclusión.

Lecciones desde el Congreso: las tensas líneas del poder

Este episodio deja al descubierto las tenciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Según el investigador legal Walter Shaub, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, “cuando el Ejecutivo ignora lo que dice el Congreso sobre cómo gastar el dinero público, socava la democracia misma”.

El presupuesto federal es una de las herramientas más poderosas del Congreso, y todo intento del Ejecutivo de retener fondos aprobados por ley puede interpretarse como una usurpación de poderes.

¿Qué implicaciones tiene esto para el ciudadano común?

La cancelación de estas subvenciones no solo afecta a gobiernos locales y ONGs: también impacta directamente a millones de personas vulnerables. Un menor acceso a agua potable segura, a sistemas energéticos eficientes o a planificación climática puede significar mayores enfermedades respiratorias, crisis económicas por desastres naturales y perpetuación de la pobreza energética.

A su vez, ralentizar el camino hacia una economía baja en carbono reduce la capacidad del país para cumplir con sus objetivos climáticos internacionales, como reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para 2030, conforme a los compromisos de la administración Biden.

Un pulso que marcará el futuro de la política ambiental

La situación que enfrenta la EPA es, en última instancia, una batalla por la dirección que tomará Estados Unidos en materia ambiental. ¿Avanzará hacia una economía justa, resiliente y sostenible o bien volverá a priorizar intereses corporativos, aunque eso signifique ignorar la crisis climática?

Mientras el conflicto entre Zeldin y el Congreso continúa sin resolución clara, los verdaderos perdedores son las comunidades que necesitan asistencia urgente frente a incendios, sequías, subidas de nivel del mar o contaminación industrial.

Se trata de mucho más que una disputa partidista. Es un llamado a defender las instituciones, el equilibrio de poderes y, sobre todo, a garantizar un futuro saludable para todos los ciudadanos, sin importar su código postal o color de piel.