El polémico plan fiscal de los republicanos: recortes sociales para ampliar exenciones fiscales

Washington D.C. — En una maratónica sesión nocturna, los republicanos de la Cámara de Representantes avanzaron un controvertido paquete de exenciones fiscales impulsado por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, este ambicioso plan no está exento de críticas y obstáculos internos, ya que juega con equilibrios muy frágiles: recortes millonarios a programas sociales esenciales como Medicaid y SNAP (cupones de alimentos), mientras extiende beneficios fiscales para empresas y personas con altos ingresos.

¿Qué hay en juego?

El American Tax Relief Expansion Act —nombre no oficial del paquete legislativo— contempla exenciones tributarias por unos 5 billones de dólares, financiadas parcialmente con recortes de alrededor de 1.5 billones al gasto en programas sociales críticos. Este enfoque ha suscitado un amplio rechazo por parte de los demócratas y ha generado divisiones internas dentro del propio Partido Republicano.

La propuesta coincide con la estrategia trumpista de cara a las elecciones de 2024, reiterando promesas de campaña como la eliminación de impuestos sobre propinas, jubilaciones y prestaciones sociales. Pero detrás de esta retórica populista, hay consecuencias profundas que afectarían a millones de personas vulnerables.

Medicaid y SNAP en la mira

La piedra angular del ahorro fiscal en este proyecto son los recortes al Medicaid (seguro de salud público para personas de bajos ingresos) y el SNAP (los denominados “cupones de alimentos”). De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), al menos 7.6 millones de personas podrían perder su cobertura médica por los cambios propuestos, mientras que alrededor de 3 millones de personas dejarían de recibir ayuda alimentaria mensualmente.

En la legislación se propone imponer requisitos laborales más estrictos para estos beneficios. Por ejemplo:

• Elevar la edad de trabajo obligatoria para SNAP de 54 a 64 años para personas sin dependientes.
• Exigir que padres con hijos mayores de 7 años trabajen para calificar (actualmente es 18 años).
• Obligatoriedad de trabajar o participar en programas laborales por al menos 80 horas al mes.

Desde el bloque demócrata, la reacción ha sido furibunda. El representante Jim McGovern (D-Mass.) calificó el proyecto como "cruel, mezquino y podrido". Otros representantes compartieron sus propias dificultades con el sistema de salud: el congresista Jimmy Gomez (D-Calif.) reveló su diagnóstico de diabetes tipo 2 y el impacto económico que representa.

Voces divididas en el Partido Republicano

La unidad republicana es frágil. Mientras que los seguidores de la línea más purista del Freedom Caucus consideran laxas las condiciones laborales exigidas para Medicaid, otros representantes de estados con altos impuestos locales —como Nueva York, Nueva Jersey y California— se oponen frontalmente sin cambios al límite de deducciones de impuestos estatales y locales, conocidos como SALT.

Actualmente, el límite de deducción es $10,000. La propuesta actual lo elevaría a $30,000 solo para parejas casadas, pero legisladores como Nick LaLota (R-N.Y.) y Mike Lawler (R-N.Y.) consideran insuficiente la oferta.

“La realidad es que se necesita obtener 218 votos para aprobar este proyecto, y tal como está redactado, no lo conseguirá”, afirmó Lawler. “Nuestros constituyentes están pagando la cuenta desde hace ocho años”.

Una carrera contra el tiempo

El portavoz de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), trabaja a contrarreloj para consolidar apoyos. Su plan es llevar la ley al pleno antes del 26 de mayo (Memorial Day), pero para eso necesita que casi todos los republicanos estén alineados, dado que cuenta con una mayoría muy estrecha.

“Todavía estamos en camino”, dijo Johnson, en declaraciones desde el Capitolio. “El pueblo estadounidense cuenta con nosotros”.

¿Quién gana con este plan fiscal?

El Comité Conjunto de Tributación del Congreso reveló que la mayoría de los contribuyentes verían reducciones en sus tasas impositivas, excepto los que ganan menos de $15,000 al año —es decir, los más pobres— quienes verían un aumento en su carga impositiva.

Entre las medidas más sonadas figuran las siguientes:

• Extensión de los recortes fiscales de 2017 bajo el Tax Cuts and Jobs Act.
• Exención total de impuestos a propinas en restaurantes y bares.
• Eliminación de impuestos sobre beneficios del Seguro Social para ciertos tramos.

Pero estos beneficios tendrán un costo: los recortes a programas que benefician a más de 110 millones de personas actualmente entre Medicaid y SNAP. Según datos del gobierno, 70 millones de estadounidenses dependen de Medicaid y 40 millones usan SNAP.

¿Un regreso a la “trickle-down economics”?

Economistas y analistas políticos comparan este enfoque con las políticas fiscales promovidas en la era de Ronald Reagan, conocidas como “trickle-down economics”, donde se presuponía que beneficiar a los más ricos terminaría generando beneficios para toda la economía.

Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que este modelo no ha reducido la desigualdad, e incluso ha contribuido a su incremento en los últimos 40 años.

¿Hay margen para el consenso?

El panorama no es alentador. Con demócratas firmemente en contra y republicanos divididos, el liderazgo de Johnson enfrenta su reto más difícil desde que asumió el cargo como Speaker. El juego de presiones apenas comienza y toca fibras sensibles sobre qué significa “justicia fiscal” y quién merece los apoyos del Estado.

Sin una mayoría clara que apruebe el proyecto, el plan puede atascarse en el Senado o derivar en nuevas concesiones, especialmente en el tema SALT y los requisitos laborales de Medicaid.

Una batalla ideológica de fondo

Más allá de los tecnicismos legislativos, este proyecto representa un choque ideológico entre dos visiones de país: una que prioriza el alivio tributario sobre la inversión social, y otra que defiende la red de seguridad como un pilar moral y económico del Estado.

Con millones de vidas y cientos de miles de millones de dólares en juego, el Congreso se encuentra en una de las batallas legislativas más decisivas del 2024.