Corrupción, refugiados y derechos electorales: el giro inquietante en la política interna de EE. UU.
Una mirada crítica a las recientes decisiones que reflejan el nuevo enfoque de la administración Trump sobre corrupción, inmigración y representación política
Reestructuración en el FBI: ¿fin de la vigilancia efectiva a la corrupción política?
La reciente decisión del FBI de disolver su escuadra dedicada a investigar corrupción pública federal en Washington ha generado reacciones encontradas. Esta unidad, históricamente encargada de fiscalizar a funcionarios del Congreso y altos cargos federales, ha sido relegada en nombre de una “reorganización” interna. La medida, aunque presentada como parte de una reestructuración planeada, despierta preocupaciones legítimas sobre la voluntad del gobierno actual de perseguir la corrupción dentro de sus propias filas.
Un funcionario del FBI, bajo condición de anonimato, informó que los agentes afectados podrían ser reasignados a otras unidades enfocadas en corrupción dentro del mismo distrito o Virginia. Sin embargo, la señal es clara: la corrupción ya no es prioridad. Bajo la dirección del director Kash Patel, designado por Trump, el FBI ahora da mayor importancia a temas como inmigración ilegal, narcotráfico y crimen violento.
¿Por qué es esto importante? Esta escuadra del FBI fue instrumental en investigaciones del intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020, involucrando directamente al expresidente Donald Trump y sus aliados.
Además, el Departamento de Justicia ha recortado significativamente el tamaño de la Sección de Integridad Pública, oficina clave para perseguir fraudes y delitos de corrupción.
Corrupción empresarial: se relaja la ley clave contra sobornos en el extranjero
En línea con esta tendencia, la administración Trump anunció una pausa en la aplicación criminal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a empresas estadounidenses sobornar funcionarios extranjeros para cerrar negocios. Dicha legislación fue uno de los pilares anticorrupción establecidos tras el escándalo de Watergate y ha generado múltiples sanciones y multas a empresas que practicaban sobornos transnacionales.
¿Consecuencias? Esta pausa erosiona la reputación moral e institucional de EE. UU. en foros internacionales y deja la puerta abierta a la competencia desleal en contratos y licitaciones globales.
El caso de los refugiados: una sentencia entre la justicia y la frontera
En otro frente, la política migratoria bajo Trump también ha enfrentado varios reveses en los tribunales. El juez Jamal Whitehead, nombrado por Biden en 2023, emitió recientemente una orden que obligaba al gobierno federal a admitir a 160 refugiados que tenían planes confirmados de ingreso antes del 20 de enero de 2017, antes del veto migratorio impuesto por Trump.
La Corte de Apelaciones del 9.º Circuito confirmó en parte la sentencia pero indicó que la admisión debe hacerse caso por caso, siempre que el refugiado demuestre que vendió propiedades o tomó decisiones irreversibles basadas en promesas de admisión.
Este programa, creado por el Congreso en 1980, permite el ingreso de personas desplazadas por guerras, catástrofes naturales o persecuciones. Desde la llegada de Trump en 2017, el programa ha enfrentado recortes presupuestarios, despidos en agencias de ayuda y congelación de fondos para asistencia básica.
“La exigencia de admisión inmediata para 160 refugiados refleja la necesidad de restituir lo que fue injustamente suspendido por una acción ejecutiva que contradecía el mandato del Congreso” — Juez Jamal Whitehead
Reconfiguración electoral en Georgia: ¿representación o manipulación?
En paralelo a los recortes en políticas migratorias y anticorrupción, se desarrolla otro frente de pugna en Georgia. Allí, grupos por los derechos electorales sostienen que el Estado sigue violando los derechos de votantes afroamericanos tras rediseñar distritos electorales. Aunque se crearon nuevos distritos con mayoría de votantes negros, los demandantes arguyen que se ignora la dilución del voto en las áreas donde previamente se probó que había manipulación ilegal de los límites.
Se trata de un asunto crucial en ciudades relevantes como Atlanta y sus suburbios. La redistribución sigue beneficiando al Partido Republicano, el cual, con apenas 53-54% del voto estatal, controla:
- 64% de los escaños en el Congreso federal (9 de 14)
- 59% del Senado estatal (33 de 56)
- 56% de la Cámara estatal (100 de 180)
Abha Khanna, abogada de los demandantes, expresó que los legisladores “laundered Black voters across districts” — es decir, dispersaron intencionadamente a votantes afroamericanos para dificultar la elección de sus candidatos preferidos.
Recordemos que en 2023, el juez Steve Jones había determinado que los mapas violaban la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1964. Aunque aceptó mapas revisados por la legislatura, el fallo actual ante la Corte de Apelaciones podría revertir esa aprobación si se considera que el juez fue demasiado indulgente.
Un giro político evidente: concentración de prioridades en inmigración y control
Los tres eventos — la disolución de la escuadra anticorrupción, la autorización selectiva de refugiados y el debate sobre mapas electorales — muestran el patrón emergente del segundo periodo de Trump. El énfasis radica en:
- Mayor control migratorio
- Disminución activa del escrutinio sobre corrupción interna
- Rediseño electoral beneficioso a su partido
No se trata solo de decisiones políticas aisladas, sino de una reconfiguración sistemática de los principios democráticos básicos.
La administración Trump plantea una adhesión al poder con menor transparencia, menor inclusión y mayor verticalidad. Las investigaciones que afectaron su círculo más íntimo ahora se desmantelan; la inmigración se convierte en discurso electoral; y el trazado de distritos electorales se reforma en favor de mayorías artificiales.
¿Rumbo a una democracia erosionada?
Las instituciones originalmente diseñadas para servir de contrapeso — el FBI, los tribunales, el sistema electoral — están siendo reenfocadas o drásticamente limitadas. Históricamente, en sistemas democráticos fuertes, ninguna administración podría cambiar tantas estructuras clave en tan poco tiempo sin generar resistencia institucional.
Lo que observamos ahora es una estrategia cuidadosamente orquestada para reducir estos mecanismos de vigilancia, bajo el disfraz de reorganización funcional o eficiencia administrativa.
El papel de los tribunales será cada vez más crucial, como lo indica el reciente accionar del juez Whitehead y las futuras decisiones pendientes en el caso de los mapas electorales en Georgia. Mientras tanto, jueces, fiscales, activistas pro derechos humanos y ciudadanos comprometidos con un sistema justo enfrentarán una lucha legal y moral sin precedentes en las próximas elecciones de Estados Unidos.
