El caso Petrova: ciencia, fronteras y un sistema legal bajo la lupa

Una científica olímpica en el ojo del huracán

Kseniia Petrova, una investigadora de origen ruso y afiliada a la Universidad de Harvard, ha captado la atención mediática internacional tras ser acusada por las autoridades estadounidenses de intentar introducir ilegalmente embriones de rana en el país, supuestamente para fines de investigación científica. Lo que parecía una anécdota burocrática ha escalado hasta convertirse en un símbolo de la compleja intersección entre ciencias, fronteras migratorias y justicia federal.

Originaria de Rusia y especialista en biología celular, Petrova huyó de su país en 2022 luego de la invasión rusa a Ucrania. Su intención, afirma, era sencilla: evitar un ambiente autoritario y continuar su trabajo como investigadora científica en Estados Unidos. Lamentablemente, su historia tomó un giro inesperado a su regreso de un viaje a Francia.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Boston?

En abril de 2024, al pasar por el control de aduanas del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Petrova fue detenida por agentes de Customs and Border Protection (CBP) tras descubrir que transportaba muestras biológicas: específicamente, secciones ultrafinas de embriones de ranas. Según declaró Petrova, las muestras tenían un fin puramente académico y eran parte de un intercambio con un laboratorio francés. Sin embargo, las autoridades sostienen que ella mintió deliberadamente a los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en la plataforma X que “Petrova fue detenida después de mentir a oficiales federales sobre sustancias que llevaba al país”, y alegó que mensajes en su teléfono mostraban que planeaba pasar el material sin declararlo. Sin embargo, tanto la defensa legal como Petrova misma sostienen que se trató de un malentendido sin dolo.

Una acusación de peso: contrabando de bienes

El 15 de mayo de 2024, mientras aún se encontraba en custodia, fue formalmente acusada de “contrabando de bienes a Estados Unidos”, un cargo federal que podría costarle hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares, en caso de ser declarada culpable. Lo que comenzó como un problema migratorio terminó escalando a un caso criminal.

Su abogado, Gregory Romanovsky, declaró que la cancelación de su visa era “legalmente indefendible” y calificó su transferencia a una prisión federal como un intento de las autoridades de justificar ese movimiento. “Esta es una científica que trabaja en investigación vital para curar el cáncer y el envejecimiento. ¿Cómo puede representar un peligro para la comunidad?”, se preguntó retóricamente.

Ciencia, vigilancia fronteriza e hipocresía

El caso Petrova ha provocado una ola de comentarios tanto en la comunidad científica como entre defensores de los derechos humanos y migratorios. Muchos se preguntan: ¿hasta qué punto los científicos internacionales están realmente seguros en Estados Unidos si pueden ser tratados como criminales por simples formalidades burocráticas?

La historia resuena con una ironía incómoda: una científica que trabaja activamente en Harvard para curar enfermedades fue detenida como si se tratara de una contrabandista. Peter Langer, especialista en bioética de la Universidad de California, lo resumió así en una entrevista para NPR:

“El caso Petrova es un reflejo de cómo el Estado puede priorizar la seguridad nacional, incluso por encima de sus propios intereses científicos. Estamos hablando de alguien que trabaja en investigaciones literalmente vitales.”

El dilema de las “muestras biológicas”

Legalmente, transportar muestras biológicas a través de fronteras es una actividad que requiere permisos específicos, entre ellos certificados de importación/exportación, autorizaciones del Departamento de Agricultura (USDA) y en algunos casos, incluso del Centers for Disease Control (CDC). Sin embargo, estas normativas varían según el tipo de muestra y su origen.

Petrova alega no haber tenido conciencia de que las secciones embrionarias requerían declaraciones adicionales, ya que eran muestras muertas, sin material genético funcional ni características zoonóticas. Pero el DHS opina algo diferente.

La complejidad y ambigüedad legal de estos casos deja una pregunta abierta: ¿cuánto conocimiento legal puede esperarse de un investigador en biología, especialmente en contextos trasnacionales?

¿Xenofobia discreta o aplicación justa de la ley?

Hay quienes consideran que tras esta acusación subyace una actitud de desconfianza hacia ciudadanos rusos en EE. UU., especialmente en el contexto bélico entre Rusia y Ucrania. Petrova, quien dejó Rusia expresamente por motivos de seguridad y libertad académica, ha declarado tener miedo de ser perseguida políticamente si regresa.

Este panorama abre una caja de Pandora: ¿Están siendo las universidades estadounidenses —y por extensión, la ciencia global— víctimas colaterales del clima geopolítico vigente?

En un artículo de Science Magazine del 2023, se advertía que un clima anticientífico podría crecer si las autoridades judiciales continúan abordando casos de migrantes académicos con excesiva severidad. Petrova podría convertirse en un nuevo símbolo de ese fenómeno.

La reacción de Harvard y la comunidad académica

Hasta el momento, Harvard ha mantenido una posición neutral, limitándose a declarar: “Seguimos monitoreando la situación.” Según fuentes internas, varios colegas de Petrova preparan una carta abierta en su defensa, con más de 300 firmas de científicos y académicos.

Pero las universidades también están en una posición delicada. Apoyar abiertamente a un acusado en proceso judicial podría ser interpretado como una interferencia institucional. Por ahora, reina la cautela.

Transferencia a Massachusetts: ¿una luz al final del túnel?

El abogado Romanovsky informó el jueves pasado que solicitó formalmente que Petrova sea trasladada a Massachusetts, donde se originó la acusación. Si la solicitud se aprueba, el juicio probablemente se llevará a cabo en Boston, con un jurado más familiarizado con los contextos académicos implicados. De concretarse, podría marcar un giro en la suerte de la investigadora.

Además, al llevar el caso al estado donde reside y trabaja Petrova, su defensa podría argumentar un mayor respaldo institucional y acceder a peritajes científicos que refuercen su inocencia.

Una historia compleja que plantea preguntas difíciles

El caso Petrova no es solo una anécdota jurídica o aduanera. Es un espejo de las tensiones modernas entre ciencia, seguridad fronteriza y derechos humanos. En una época donde los países compiten ferozmente por talento científico, este incidente podría tener consecuencias negativas para la cooperación internacional en investigación.

¿Quién gana si los científicos comienzan a temer viajes internacionales o colaboraciones por miedo a convertirse en sospechosos de contrabando? ¿Está Estados Unidos dispuesto a pagar el precio de perder talento como el de Petrova por rigideces normativas?

Quizá la pregunta más inquietante sea: ¿cuántos otros ‘Petrovas’ están atrapados entre una visa, una investigación y un error malinterpretado por la ley?