Jubilados atrapados en deudas estudiantiles: ¿Una condena vitalicia para los mayores en EE.UU.?

Un drama invisible: los adultos mayores y las deudas estudiantiles

Durante años, los préstamos estudiantiles fueron considerados un problema de los jóvenes. Sin embargo, esa narrativa ha cambiado drásticamente. Hoy, cientos de miles de adultos mayores en Estados Unidos —muchos ya jubilados— enfrentan consecuencias devastadoras a causa de deudas que arrastran desde hace décadas. Con la reanudación de las cobros forzosos de préstamos estudiantiles en incumplimiento, impulsada recientemente por la administración Trump, la estabilidad financiera de los mayores está en peligro.

Christine Farro, 73 años de lucha contra una deuda impagable

Christine Farro, una trabajadora social retirada de California, se encuentra entre los afectados. Con 73 años, vive con un presupuesto estrictamente limitado: compra su ropa en tiendas de segunda mano, cultiva sus propios vegetales y ha pospuesto vacunas para sus mascotas. Aun así, espera que el gobierno le retome la retención de parte de su cheque del Seguro Social para saldar una deuda estudiantil de casi $250,000.

“Trabajé turnos largos, fines de semana y noches. Pero nunca logré terminar de pagar”, comenta. Su historia no es excepcional. Como madre soltera, obtuvo un título universitario en psicología del desarrollo y luego una maestría. Su salario nunca le permitió pagar la deuda. A pesar de haber hecho pagos de $1,000 mensuales tras consolidar el préstamo, los intereses acumulados hicieron que la deuda se disparara.

Una tendencia alarmante: el crecimiento de la deuda estudiantil entre los mayores

Los datos son preocupantes. Según el Centro Nacional de Derecho del Consumidor, las personas de 60 años o más tienen $125 mil millones en deudas estudiantiles. Eso representa un aumento de seis veces respecto a hace 20 años. Además, el número de beneficiarios del Seguro Social que ha experimentado recortes en sus cheques debido a estas deudas ha aumentado un 3,000% en el mismo periodo, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

En enero de 2023, más de 452,000 personas de 62 años o más tenían préstamos estudiantiles en incumplimiento. Este no es un problema marginal. El impacto económico y psicológico de estas deudas puede arrastrar a muchas personas mayores a situaciones de vulnerabilidad extrema.

Debbie McIntyre: una maestra al límite

Debbie McIntyre, maestra de educación para adultos de 62 años en Kentucky, también vive el drama. Su marido está desempleado debido a una discapacidad desde hace dos décadas, y han sobrevivido con tarjetas de crédito. “Quiero retirarme, escribir ficción histórica y viajar. Pero no tengo cómo”, dice McIntyre. El reciente aviso de reanudación de recortes la tiene al borde del colapso financiero.

El suicidio financiero que implican estas deudas también afecta su salud mental. Pensó en declararse en quiebra, pero los préstamos estudiantiles son notoriamente difíciles de eliminar por esa vía. “Podría tomar trabajos extra cuidando niños o dando tutorías, pero no es una solución real”, comenta. “No sé qué más puedo hacer. Nunca voy a salir de este pozo.”

Un sistema plagado de errores, intereses y desesperanza

Muchos de los afectados, como señala Braxton Brewington, miembro de Debt Collective, han pagado varias veces el monto original del préstamo. Sin embargo, debido a los intereses, penalidades y errores administrativos, siguen debiendo sumas astronómicas. “Les han robado su jubilación”, denuncia.

Estos adultos mayores toman medidas extremas para sobrevivir: saltarse comidas, dividir pastillas, usar todos sus ahorros o incluso retirar sus fondos del 401(k). “Conocemos gente que ha terminado en la calle debido a estas deudas”, dice Brewington.

¿Tienen derecho a la tranquilidad los adultos mayores?

Legalmente, el gobierno puede retener parte del Seguro Social para el pago de deudas estudiantiles en incumplimiento, pero solo protege $750 al mes, cantidad inferior incluso al umbral de pobreza federal. “Estamos proporcionando beneficios con una mano y quitándolos con la otra”, afirma Sarah Sattelmeyer del think tank New America.

Linda Hilton, de 76 años, ya ha vivido la experiencia de tener su cheque del Seguro Social reducido. Aunque dice que sobrevivirá de nuevo, sus sueños de viajar para ver a sus hijos y disfrutar de placeres simples desaparecerán. “No habrá restaurantes, no habrá vuelos. Solo restricciones.”

¿Qué propone el gobierno?

La administración Trump ha firmado órdenes ejecutivas que podrían suponer la desmantelación del Departamento de Educación, dificultando aún más el acceso a soluciones o a personal capacitado para responder dudas. Mientras tanto, se retoman los cobros sin una política específica que evalúe caso por caso.

Incluso algunos votantes afines expresan su decepción. Randall Countryman, de 55 años, apoyó a Trump pero critica que no se estudien las situaciones individuales. “Lo que hoy es un problema de jóvenes, mañana es uno de viejos”, dice con resignación. Después de estudiar mientras estaba en prisión y luego en la Universidad de Phoenix, quedó atrapado en deudas y sin título. Vive de la pensión de su esposa y la ayuda de su suegra. “Ojalá nunca hubiera ido a la universidad,” confiesa.

¿Qué opciones tienen los afectados?

La legislación actual prácticamente impide eliminar los préstamos estudiantiles en bancarrota, una anomalía del sistema estadounidense. No obstante, desde 2022, el Departamento de Justicia ha emitido nuevas directrices que podrían facilitar el proceso de cancelación durante la bancarrota si el deudor demuestra “dificultad indebida” (undue hardship). Aun así, este umbral sigue siendo extremadamente difícil de alcanzar.

Los defensores como Debt Collective presionan por políticas más compasivas, como el proyecto de ley Fresh Start Through Bankruptcy Act, que permitiría eliminar estos préstamos después de 10 años.

¿Por qué estamos aquí? El origen del problema

Los crecientes costos universitarios desde los años 80, combinados con políticas agresivas de préstamos, han llevado a una crisis sin precedentes. Entre 2004 y 2024, el monto total de deuda estudiantil pasó de $250 mil millones a más de $1.7 billones, según la Reserva Federal.

Además, universidades privadas y for-profit ofrecían títulos caros con promesas de empleabilidad que nunca se cumplieron. Según datos del Brookings Institution, algunos programas reportan ingresos que no justifican la deuda adquirida, especialmente en áreas como salud pública o educación.

¿Cómo se compara con otros países?

Mientras tanto, en países como Alemania o Noruega, la educación superior es gratuita o altamente subsidiada. En esos lugares, los ciudadanos mayores no enfrentan embargos por estudios realizados hace 30 o 40 años. En el Reino Unido, los préstamos se eliminan automáticamente después de 30 años, así el prestatario no haya pagado toda la deuda.

Estados Unidos sigue siendo el único país desarrollado que aplica embargos al Seguro Social por deudas estudiantiles. Esto contradice la idea de que la jubilación debe ser una etapa de descanso y recompensa por el trabajo de toda una vida.

Una bomba de tiempo demográfica

La Oficina del Censo predice que para 2030, el 20% de la población estadounidense será mayor de 65 años. Si no se toman medidas para perdonar estas deudas masivas o evitar que los intereses sigan creciendo sin control, millones más enfrentarán pobreza en la vejez. Como dijo un activista: “Este no es solo el problema de unos cuantos abuelos; es el espejo de nuestro futuro.”

Un llamado urgente a la acción

Existen soluciones. Estudios de la Roosevelt Institute y el National Consumer Law Center sugieren que perdonar deudas a los mayores no solo es humanamente correcto, sino también económicamente viable. La carga administrativa y los costos asociados a cobros forzosos son tan altos que, en muchos casos, el gobierno pierde más de lo que recupera.

“Nadie debería tener que escoger entre comer o pagar una deuda de hace 40 años”, dice Brewington. Y sin embargo, eso es lo que enfrentan cientos de miles de jubilados hoy en Estados Unidos.