La batalla por la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: Una mirada crítica al debate constitucional

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento y por qué importa?

La ciudadanía por nacimiento, conocida jurídicamente como jus soli (derecho del suelo), establece que cualquier persona nacida en el territorio de un país obtiene automáticamente su nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus progenitores. En los Estados Unidos, esta norma se encuentra protegida explícitamente por la Enmienda 14 de la Constitución, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil.

Esta disposición fue esencial para validar la nacionalidad de los antiguos esclavos liberados y afirmar el principio de igualdad ante la ley. El texto reza: “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen”.

Un derecho bajo amenaza presidencial

El expresidente y actual candidato Donald Trump ha hecho de la inmigración uno de los ejes centrales de su agenda política. El 20 de enero de 2025—su primer día de un eventual segundo mandato—firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes en situación irregular o temporal.

Este movimiento ha provocado una cadena de demandas en tribunales federales, donde varios jueces han suspendido la implementación de esta polémica iniciativa mediante interdictos universales, órdenes judiciales que impiden la aplicación nacional de ciertas medidas.

Desinformación desde lo más alto

En una publicación reciente en Truth Social, Trump declaró: “Los Estados Unidos de América son el único país del mundo que hace esto. Nadie sabe por qué”. Esta afirmación es categóricamente falsa.

Según el World Factbook de la CIA y la Biblioteca del Congreso, al menos 30 países practican el derecho de ciudadanía por nacimiento sin condiciones, entre ellos Canadá, México, Brasil, Argentina, Pakistán y Jamaica.

“La declaración es evidentemente errónea”, comentó Ilya Somin, profesor de derecho en la Universidad George Mason y experto en leyes constitucionales y derechos migratorios.

Diversas concepciones de ciudadanía en el mundo

Existen dos grandes principios que regulan la concesión de ciudadanía:

• Jus soli: Ciudadanía por nacimiento en el territorio nacional.
• Jus sanguinis: Ciudadanía por sangre, es decir, por el estatus nacional de los progenitores.

La mayoría de las naciones europeas adoptan el jus sanguinis o una variante mixta con condiciones. No obstante, varias regiones del mundo, especialmente las Américas, mantienen el jus soli incondicional con el fin de preservar una sociedad inclusiva y base de integración democrática.

La jurisprudencia que sostiene el derecho

El precedente más citado para respaldar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. es el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema decidió que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos tenía derecho a la ciudadanía estadounidense, aunque sus padres no fueran ciudadanos.

Este fallo ha sido una piedra angular en la interpretación de la Enmienda 14 durante más de un siglo.

¿Puede un presidente alterar este derecho mediante orden ejecutiva?

Abogados constitucionalistas coinciden en la respuesta: No. Alterar una cláusula constitucional requiere una enmienda formal a la Constitución, algo que exige la aprobación en el Congreso y posterior ratificación por tres cuartas partes de los estados.

“Un presidente no puede revocar un derecho constitucional con el simple uso de una pluma”, expresó Laurence Tribe, catedrático emérito de derecho constitucional de Harvard. “La Enmienda 14 no está sujeta al capricho del ejecutivo”.

Los efectos de eliminar la ciudadanía automática

Eliminar este derecho plantearía una serie de consecuencias profundas y duraderas:

• Aumento de apatridia: Muchos niños podrían nacer sin nacionalidad reconocida, incrementando su vulnerabilidad jurídica y social.
• Colapso de los servicios públicos: Se multiplicaría la carga sobre servicios sociales, educativos y de salud al tener que lidiar con una población sin “estatus legal”.
• Conflictos legales prolongados: Cada nacimiento se convertiría en un caso administrativo o judicial, lo cual saturaría el sistema legal.

Según datos del Pew Hispanic Center, aproximadamente 300,000 niños nacen anualmente en EE.UU. de padres indocumentados. Excluirlos de la ciudadanía generaría una masiva subclase sin derechos ni acceso pleno a la vida cívica del país.

Un debate racial y político

Este intento de modificar la ciudadanía por nacimiento se inserta también en un contexto de tensiones raciales y culturales. Historiadores y sociólogos advierten que estas posturas resuenan con ecos nativistas y supremacistas.

En palabras de J. Richard Pierce, profesor del George Washington Law School: “El miedo a la alteración del ‘carácter nacional’ por flujos migratorios no es nuevo. Lo vimos en la Ley de Exclusión China de 1882, o en las restricciones a los europeos del sur y del este durante el siglo XX”.

Una Corte Suprema conservadora en el centro del huracán

La Corte Suprema ha aceptado escuchar el caso, no sobre la constitucionalidad directa de la orden ejecutiva, sino sobre la capacidad de jueces federales para dictar interdictos de alcance nacional, una herramienta vital de contrapeso en el federalismo judicial estadounidense.

Con una mayoría conservadora reforzada por Trump durante su primer mandato (con jueces como Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett), algunos expertos temen un fallo que pueda limitar el alcance de la supervisión judicial sobre el Ejecutivo.

El contexto internacional y el aislamiento institucional

En contraposición al argumento de Trump, países como Canadá, México, Argentina, Brasil y Uruguay continúan garantizando lo que en inglés se denomina unconditional birthright citizenship como forma de fortalecer su Estado de Derecho.

Incluso en momentos de auge populista, como en Brasil o Italia, no se ha revocado completamente el modelo de ciudadanía territorial. Hacerlo en EE.UU. pondría a la potencia en el reducido—y controversial—grupo de países que limitan radicalmente el acceso a la nacionalidad desde el nacimiento.

La ciudadanía, más que un papel: identidad y pertenencia

Para personas como Hannah Liu, una ciudadana estadounidense nacida de padres chinos con visas temporales, la propuesta significa una negación retroactiva de su identidad legítima. “Esto está consagrado en la Constitución”, declaró frente a la Corte Suprema, “mis padres vinieron con esperanza; yo nací aquí, yo soy de aquí”.

El debate revela que, más allá del tecnicismo legal, endurecer el acceso a la ciudadanía desde el nacimiento es una batalla por la definición misma de nación: ¿incluyente o exclusiva?, ¿democrática o situacional?, ¿hecha por todos o para algunos?

Lo que está en juego trasciende la política migratoria o electoral: es el alma constitucional de los Estados Unidos, una máquina imperfecta pero histórica de integración a la que hoy se le plantea una encrucijada existencial.