Corrupción disfrazada de expansión: El millonario y cuestionado negocio de tierras de la NPPD en Nebraska

Un negocio entre colegas: cuando el comprador y el vendedor están en la misma nómina

En febrero de 2024, la Nebraska Public Power District (NPPD), proveedor eléctrico estatal de Nebraska, cerró la compra de 202 acres de terreno agrícola en el condado de Lancaster por más de $5 millones. Esta cifra representa unas cinco veces el valor fiscal del terreno, lo cual, de por sí, levanta sospechas. Pero lo que ha generado mayor revuelo es que los vendedores fueron dos altos ejecutivos de la misma NPPD.

Los propietarios del terreno eran Ronald Starzec, gerente de gestión de tierras de NPPD, y su esposa Donna Starzec, directora de auditoría y oficial de ética de la entidad. Literalmente, la persona encargada de garantizar que la entidad opere con integridad fue parte de un negocio multimillonario con la misma institución, lo cual ha provocado un fuerte cuestionamiento de expertos legales y del público.

¿Conflicto de interés? La ética en entredicho

"La oficial de ética es una de las personas que vende tierra a la empresa. Es una broma", dijo Richard Painter, exabogado de ética de la administración de George W. Bush y profesor de derecho en la Universidad de Minnesota. "No he visto eso nunca antes".

El estatuto estatal de Nebraska exige que los empleados de subdivisiones políticas, cuyo salario supere los $150,000, declaren potenciales conflictos de interés si participan en transacciones que puedan comprometer su rol. Donna Starzec, con un salario reportado de más de $250,000 este año, no presentó declaración alguna.

Según David Hunter, director ejecutivo de la Comisión de Responsabilidad y Divulgación de Nebraska, ninguno de los Starzec cumplió con este requisito previo o posterior a la venta.

El argumento de la NPPD: "todo fue transparente"

Ante la polémica, líderes de la NPPD como John McClure (abogado general) y Tom Kent (director ejecutivo) defendieron la operación, alegando que el terreno era "clave para los planes de expansión energética del estado".

Los Starzec, indicaron, firmaron documentos éticos internos en los que declaraban que actuaban en nombre propio y no tomarían decisiones por la NPPD. Además, aseguraron haber contratado una firma legal externa para manejar las negociaciones y evitar presiones internas.

La compra fue aprobada por el directorio en una sesión ejecutiva a puertas cerradas en agosto de 2024, donde se autorizó la opción de compra sin debate público. Aunque el acta del día identificaba a los Starzec como empleados, la resolución final no mencionó esa relación laboral.

¿Un valor inflado?: Cinco veces el valor tasado

La compra se finalizó en $25,000 por acre, una cifra sustancialmente mayor al valor tasado del terreno: unos $11,000 por acre, según una tasación encargada por la propia NPPD. La misma tasación estimaba el valor total del terreno en $2.3 millones. En contraste, se pagaron más de $5 millones, incluyendo costos de cierre.

La discrepancia llama la atención, considerando que en operaciones anteriores en el mismo condado, la NPPD pagaba generalmente hasta un 150% del valor fiscal, pero no cinco veces.

Painter opinó que las agencias estatales deberían limitar adquisiciones al valor fiscal y que pagar más a empleados de la misma entidad crea un precedente negativo. "Estás haciendo una transacción interna con tus propios funcionarios y encima superas el valor tasado. Eso es lo más chocante de todo", criticó.

¿Y la expropiación? Una herramienta ignorada

El profesor Anthony Schutz, especialista en derecho agrícola de la Universidad de Nebraska, recordó que NPPD tiene autoridad de expropiación (eminent domain). Esta herramienta legal permite al Estado adquirir tierras a precio de mercado cuando son necesarias para obras públicas.

Si NPPD hubiera usado la expropiación, podrían haberse ahorrado millones, manteniendo los costes públicos bajo control. Pero McClure confirmó que nunca consideraron seriamente esa vía y optaron por la negociación directa, preocupados de que una venta previa inflara aún más el valor de mercado para futuras adquisiciones en la zona.

Una venta acelerada tras oferta privada

En junio o julio de 2024, un desarrollador privado ofreció a los Starzec $30,000 por acre por una porción del terreno, buscando construir una planta de almacenamiento de energía. Ronald Starzec informó de inmediato a la NPPD, lo que precipitó la contraoferta de la entidad.

La decisión de comprar a toda costa parece haberse basado tanto en la ubicación estratégica del terreno —junto a la planta eléctrica Sheldon Station y líneas de transmisión existentes— como en el temor de sentar un nuevo precio de mercado si la venta privada se concretaba.

Según el análisis de precios del mercado en el área, esta transacción privada habría fijado un nuevo estándar para terrenos similares, encareciendo toda expansión futura de la NPPD.

Consecuencias y precedentes: ¿la nueva norma para negociar?

Para Schutz, una de las mayores preocupaciones es el precedente informal que puede establecer esta venta. Si los vendedores saben que NPPD pagará generosamente, podrían retener tierras estratégicas esperando pagos exuberantes.

“Este tipo de transacciones pueden cambiar la forma de negociar en toda la región, algo muy difícil de revertir luego” alertó Schutz. Por eso, recomendó que en casos similares se promuevan políticas de máxima transparencia, sumado a la opción de recusación y debate público más amplio para aprobar compras de esta magnitud.

¿Quién vigila al vigilante?

Este caso resalta una paradoja ética profunda: la directora de ética, encargada de garantizar el comportamiento íntegro de la entidad, participando en una transacción con su propia institución sin declarar conflicto de interés ni abstenerse voluntariamente.

Aunque los abogados de la NPPD aseguran que actuaron de buena fe, y que hubo aprobación de la junta, lo cierto es que gran parte del proceso se realizó fuera de escrutinio público. Eso, combinado con el cargo de los vendedores, crea una sombra de duda inevitable.

En un contexto donde el gasto público y la ética en la administración estatal están permanentemente bajo la lupa, esta operación debió realizarse con mucho más cuidado institucional, quizás incluso con una revisión externa.

"Este tipo de situaciones debilita la confianza ciudadana y crea un precedente que puede ser peligroso, no solo económicamente para el Estado, sino también moralmente", concluyó Painter.

El silencio de los protagonistas

Ni Ronald ni Donna Starzec han respondido públicamente sobre el caso, pese a múltiples solicitudes. Tampoco la NPPD permitió entrevistas con ellos, mientras que los directivos afirmaron que "todo fue legal y éticamente manejado".

Por ahora, el caso sigue generando debate entre legisladores, ciudadanía y expertos en ética pública. Porque, aunque el desarrollo energético sea imprescindible, hay algo esencial que no puede sacrificarse: la integridad en la gestión del dinero público.