India y los refugiados Rohinyá: un crimen contra los principios universales de humanidad

Un escándalo humanitario de escala internacional

El mes de mayo de 2025 quedará grabado como una fecha vergonzosa en la historia de los derechos humanos en la región del sur de Asia. Autoridades indias habrían expulsado a la fuerza a al menos 40 refugiados Rohinyá hacia el mar en la frontera marítima con Myanmar, según denuncias de familiares, abogados, testigos y organismos internacionales como la ONU.

El acto, calificado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como "inconcebible e inaceptable", pone el foco en las políticas migratorias de uno de los países más poblados del mundo y en el tratamiento que se da a las minorías desplazadas.

¿Quiénes son los Rohinyá y por qué huyen?

El pueblo Rohinyá conforma una minoría musulmana de Myanmar, ubicada principalmente en el estado de Rakhine. Durante décadas, han sido víctimas de discriminación sistemática, violencia étnica y persecución estatal. Según Amnistía Internacional, 2017 marcó el clímax de esta violencia, cuando una operación militar provocó que más de 740,000 Rohinyás huyeran hacia Bangladesh.

La ONU ha calificado repetidamente las acciones contra los Rohinyá como un ejemplo de limpieza étnica. Myanmar, liderado por una dictadura militar desde 2021, niega la ciudadanía a esta población y restringe severamente su libertad de movimiento y acceso a servicios básicos.

India: receptor hostil de refugiados

A pesar de no ser signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni su protocolo de 1967, India ha sido históricamente un destino para comunidades desplazadas. Sin embargo, con la llegada del nacionalismo hindú al poder con el primer ministro Narendra Modi, la política migratoria se ha endurecido notablemente para los musulmanes.

De los aproximadamente 40,000 refugiados Rohinyá que viven en India, unos 22,500 están registrados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mayoría residen en condiciones precarias en campos improvisados dispersos en estados como Jammu, Hyderabad y Nueva Delhi.

La tragedia del 8 de mayo

Según múltiples fuentes —incluidos abogados, familiares de los refugiados y organismos de derechos humanos— las autoridades indias detuvieron a decenas de Rohinyá el 6 de mayo en la capital, los subieron en un avión y los llevaron a una zona marítima cercana a la frontera con Myanmar. El 8 de mayo les entregaron chalecos salvavidas, los obligaron a lanzarse al mar y nadar hacia costas myanmaras.

“Mis padres fueron arrojados al mar. Solo quiero volver a verlos”, dijo entre lágrimas uno de los refugiados que permanece en Nueva Delhi en declaraciones recogidas por múltiples medios internacionales.

Los nombres de los deportados no han sido divulgados por razones de seguridad, pero entre ellos había niños, ancianos y al menos 15 cristianos. Algunos lograron comunicarse con sus familiares vía teléfono móvil que consiguieron prestado de pescadores locales en Myanmar.

Violación del principio de no devolución

La expulsión forzada al mar fue considerada por expertos de la ONU como una flagrante violación del principio de no devolución (non-refoulement), un principio fundamental del derecho internacional que prohíbe regresar personas a un país donde su vida o libertad estén amenazadas.

Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas para Myanmar, afirmó: “Es una afrenta a la decencia humana. Devolver individuos a una zona en guerra y sin garantías mínimas judiciales no es solo inmoral, es ilegal”.

La nueva ley de ciudadanía india y la demonización del islam

En 2019, el gobierno indio aprobó la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA), que otorga nacionalidad india a refugiados de seis religiones, excluyendo deliberadamente a los musulmanes. Esta medida fue vista como un ataque directo a comunidades como los Rohinyá.

“India ha institucionalizado la exclusión religiosa, disfrazándola de política nacional”, denunció en 2020 la organización Human Rights Watch.

Desde entonces, los refugiados musulmanes han sido etiquetados como “infiltrados” o “terroristas” por parte de sectores radicales. El partido nacionalista hindú BJP promovió incluso la construcción de centros de detención para estas comunidades, muchos de los cuales permanecen detenidos sin juicio.

Negación oficial, silencio diplomático

Tras los reportes, ni la Marina india ni el Ministerio de Asuntos Exteriores han emitido declaración alguna. Mientras tanto, los medios estatales y afines al gobierno han ignorado o minimizado el hecho. Solo gracias a la presión internacional, y a las denuncias públicas de abogados como Dilawar Hussain, se ha podido conocer la gravedad de la situación.

Una petición fue presentada ante la Corte Suprema de India solicitando el regreso inmediato de los deportados. Hasta el momento, el máximo tribunal no se ha pronunciado.

¿Una política premeditada?

Esta no es la primera vez que India ha deportado Rohinyá. En 2018 y 2019, varios casos fueron documentados de vuelos secretos hacia Myanmar a pesar de que los deportados eran apátridas y estaban registrados como refugiados por el ACNUR. La diferencia es que ahora, la expulsión se ha producido con un nivel de crueldad y deshumanización inédito: el abandono forzado en altamar.

El analista político Zafarul-Islam Khan señaló: “Estamos presenciando un nuevo tipo de deportación donde el objetivo no solo es expulsar, sino infundir terror al precio de vidas inocentes”.

Paralelismos históricos y el legado de la indiferencia

La historia ha presenciado repetidas veces cómo las tragedias humanitarias comienzan con la indiferencia global. En la Segunda Guerra Mundial, cientos de judíos fueron rechazados en puertos americanos y europeos solo para regresar a Alemania y morir en campos de exterminio.

La situación de los Rohinyá podría convertirse en un nuevo capítulo de inacción con consecuencias fatales si la comunidad internacional —especialmente los países del G20, entre ellos la propia India— no actúan conforme a los principios que suscriben.

El papel de la sociedad civil

Organizaciones de derechos humanos, activistas y periodistas independientes han sido clave para sacar a la luz estos hechos. La presión global ahora requiere de un movimiento ciudadano fuerte que exija a India rendir cuentas.

Además, países como Bangladesh, Indonesia y Malasia que han acogido a refugiados Rohinyá en el pasado, deberían liderar una coalición humanitaria que condene y revise la irresponsabilidad del gigante asiático.

¿Hacia dónde vamos?

Si el mundo permite que un país democrático como India actúe de esta manera, ¿qué esperanza queda para millones de personas desplazadas en otras partes del mundo? Los Rohinyá, sin nación, sin derechos y ahora sin protección, están expuestos al exterminio físico y simbólico.

Hoy son los Rohinyá. Mañana —si no actuamos— podría ser cualquier otro pueblo vulnerable, víctima del nacionalismo, del autoritarismo o de la xenofobia sustentada en discursos de odio. Como recordaba el poeta Martin Niemöller: “Primero vinieron...”.