La batalla de Evo Morales por volver al poder: ¿justicia o persecución política?

Una historia que se repite: Evo y el poder

En Bolivia, la política parece desarrollarse en un bucle interminable donde los protagonistas rara vez se renuevan. Uno de ellos, quizá el más influyente del siglo XXI en el país, es Evo Morales. El pasado viernes, cientos de simpatizantes del exmandatario marcharon hacia el Tribunal Supremo Electoral en La Paz, exigiendo su habilitación como candidato a las elecciones presidenciales de agosto de 2025. El ambiente, sin embargo, no tardó en tornarse violento: enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos, piedras y detenidos. Una escena que en Bolivia ya no sorprende.

El fallo que desató la tormenta

Todo comenzó días antes, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló unánimemente en contra de la posible candidatura de Morales, argumentando que la Constitución prohíbe más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ya había ejercido el cargo en tres ocasiones. Su intento de un cuarto mandato en 2019 terminó abruptamente entre protestas, denuncias de fraude, presión militar y exilio.

El fallo no solo bloqueó su candidatura, sino que encendió el ya frágil escenario sociopolítico del país. Bolivia atraviesa la peor crisis económica en cuatro décadas, con reservas internacionales en mínimos históricos, déficit fiscal elevado y una inflación controlada artificialmente gracias al subsidio de combustibles. En este contexto explosivo, Morales emerge de nuevo como símbolo de esperanza para muchos, y de inestabilidad para otros.

¿Justicia constitucional o juego político?

Para comprender el fondo del conflicto, es fundamental examinar la historia reciente del sistema judicial boliviano. En 2017, el mismo TCP emitió un polémico fallo argumentando que impedir la reelección de Morales violaba sus derechos humanos. Este dictamen permitió su candidatura en 2019 pese a que un referéndum previo había rechazado la posibilidad de reelección indefinida. El hecho derivó en una profunda crisis institucional de la cual Bolivia aún no se recupera.

Hoy, Morales y sus seguidores denuncian que el nuevo fallo “carece de legitimidad democrática”, argumentando que los mecanismos judiciales están controlados por el gobierno actual de Luis Arce, su exaliado convertido en rival. “La Corte Constitucional emite fallos inconstitucionales y arbitrarios al capricho del poder”, declaró Morales desde su bastión cocalero en el trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado ante una orden de aprehensión por cargos de trata de personas que él califica como persecución política.

Arce renuncia a la reelección, pero no a la disputa

La escena política se complica aún más con el anuncio reciente de Luis Arce que aseguró que no se presentará a la reelección. Sin embargo, esto no necesariamente representa un gesto de reconciliación; más parece una estrategia calculada para desactivar las tensiones internas dentro del partido MAS (Movimiento al Socialismo). Arce, que llegó al poder en 2020 gracias al apoyo de Morales, terminó distanciándose de él, generando una división entre los “evistas” y los “arcistas”.

“El verdadero dilema en Bolivia no es si Morales puede o no postularse, sino quién controla al MAS”, afirma Andrés Gómez Vela, analista político boliviano. “Es una pugna entre caudillismo y institucionalidad que aún no se resuelve”.

¿Por qué Morales sigue siendo tan popular?

La respuesta se encuentra en su legado. Evo Morales fue el primer presidente indígena de la historia boliviana y estuvo al mando durante un periodo de crecimiento económico impulsado por la bonanza de las materias primas. Redistribuyó los ingresos del gas natural, implementó políticas de inclusión social, erradicó parcialmente el analfabetismo, y fortaleció la visibilidad política y cultural de las poblaciones originarias.

Ese legado aún resuena con fuerza en muchas comunidades rurales y urbanas que lo consideran su líder legítimo. Para ellos, Evo no es solo un político, sino un símbolo de dignidad histórica. Prueba de ello son las imágenes de la última manifestación, donde decenas de sus seguidores portaban máscaras con su rostro gritando: “Evo somos todos”.

La otra cara del apoyo: el miedo institucional

Sin embargo, para sus críticos, el regreso de Morales representa un peligro. Recuerdan la degradación institucional durante los últimos años de su gobierno, acusaciones de autoritarismo, la persecución a medios y opositores, y su insistencia en permanecer en el poder cuando la ley y la voluntad popular se lo impedían.

“No se puede construir democracia basada en una figura mesiánica”, advierte María Teresa Zegada, socióloga política. “Evo Morales tuvo su momento histórico. Persistir en la idea de volver solo profundiza la polarización y erosiona la ya débil institucionalidad democrática”.

La elite judicial y su papel en el conflicto

Bolivia sufre una crónica falta de independencia judicial, evidenciada por el control político sobre el sistema de justicia. Tanto el gobierno de Morales como el de Arce han sido acusados de emplear al aparato judicial como mecanismo de represión o de autoprotección. En este contexto, los fallos de la Corte Constitucional son vistos con sospecha, más como instrumentos de lucha partidaria que como decisiones jurídicas imparciales.

Bolivia no ha renovado oportunamente a sus principales autoridades judiciales mediante elecciones, que estaban previstas originalmente para 2023. Al no producirse los comicios, los actuales magistrados continúan por “prórroga constitucional”, una figura polémica que muchas voces jurídicas califican de ilegal.

¿Qué sigue para Evo y Bolivia?

El camino electoral se vislumbra cada vez más incierto. Aunque Morales ha anunciado su candidatura y llamado a movilización nacional, el TCP y el Tribunal Supremo Electoral deberán lidiar con el dilema jurídico y político de su habilitación. En paralelo, la Fiscalía sigue avanzando en las investigaciones que podrían llevar a su arresto, elemento que, de concretarse, generaría un estallido social.

El gobierno, por su parte, parece caminar en una cuerda floja: evitar que Morales retome el control absoluto del MAS sin provocar una fractura irreparable que los lleve a la derrota en 2025. Mientras, la oposición continúa debilitada y fragmentada, sin una figura de peso que pueda capitalizar el desencanto popular.

En medio de este torbellino, Bolivia enfrenta su otro gran desafío: rescatar una economía al borde del colapso. Según datos del Banco Mundial, el país crecerá apenas 1,9% este año, el peor desempeño regional solo por delante de Argentina. Las reservas internacionales han caído a menos de $1.400 millones, el nivel más bajo en casi 20 años (fuente).

¿Evo para siempre o renovación democrática?

La pregunta crucial en Bolivia no es solo si Evo debe volver, sino si una democracia joven como la boliviana es capaz de procesar su historia sin quedar atrapada en ella. La figura de Morales —tan admirada como odiada— encarna ese dilema. Su resiliencia como actor político es innegable, pero su regreso implicaría resucitar batallas que el país no ha terminado de sanar.

En palabras del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán: “Bolivia está condenada a repetirse si no aprende a cerrar ciclos. Evo, con toda su grandeza histórica, debe entender que su tiempo pasó. La verdadera revolución es permitir que otros construyan un futuro diferente”.

La carrera rumbo a las elecciones de 2025 está en marcha, y Bolivia, una vez más, camina por la cuerda floja de su propia historia.

Foto de portada: Cientos de simpatizantes de Evo Morales marchan en La Paz, Bolivia, exigiendo su habilitación electoral – Carlos Guerrero