Panamá en ebullición: la triple crisis que enfrenta el gobierno de José Raúl Mulino

Una nación en la calle: la nueva cara del descontento social panameño

Desde hace más de tres semanas, Panamá arde en manifestaciones contra una serie de medidas adoptadas por el presidente José Raúl Mulino que han llevado al país a una crisis política sin precedentes en la última década. Miles de ciudadanos, movimientos sociales, comunidades indígenas y sindicatos abarrotan calles, ríos y carreteras exigiendo un alto a lo que consideran atropellos contra sus derechos, su soberanía y el medioambiente.

Los motivos del estallido social son tres, cada uno con suficiente fuerza para generar protestas por separado, pero que combinados explican la magnitud del fenómeno:

• Una reforma al sistema de pensiones considerada regresiva e injusta.
• Un memorando de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos que sectores críticos ven como una amenaza a la soberanía sobre el Canal de Panamá.
• Un proyecto para construir un nuevo embalse sobre el río Indio, destinado a garantizar el funcionamiento futuro de las esclusas del canal pero que podría desplazar a miles de indígenas y deteriorar áreas sensibles del ecosistema.

Protestas desde los ríos hasta la Panamericana

Las imágenes que llegan desde Panamá no dejan lugar a dudas: el país vive una movilización de gran escala. Carreteras como la vital Vía Panamericana han sido bloqueadas durante días; no por grupos aislados, sino por padres de familia, estudiantes, jubilados y líderes indígenas.

El pasado 16 de mayo de 2025, un grupo de manifestantes viajó por el río Indio hasta su desembocadura en el Caribe panameño para protestar contra la creación del embalse. Las imágenes muestran canoas cargadas de ciudadanos ondeando banderas, con pancartas que rezan: “Agua para la vida, no para la mercancía” y “El canal es panameño, no norteamericano”.

La policía ha respondido con gases lacrimógenos, arrestos y desalojo de carreteras, lo que ha exacerbado aún más el rechazo social hacia la administración de Mulino.

Pensiones, desconfianza y una reforma impopular

El primer foco que encendió la mecha fue la reforma al sistema de seguridad social. Aprobada de manera exprés en abril sin un proceso amplio de consulta pública, la ley establece modificaciones al régimen de jubilación que retrasan la edad de retiro, reducen el cálculo de las pensiones y abren la puerta a una mayor participación de entidades privadas.

“Esto es una privatización disfrazada”, clama Cecilio Gutiérrez, miembro de la Asociación Nacional de Jubilados de Panamá. “Nos quieren hacer pagar por una crisis que provocaron los políticos con la mala gestión de la Caja de Seguro Social”.

La Caja de Seguro Social de Panamá ha estado tambaleante durante años debido a deudas acumuladas del Estado y empresas, además de una mala gestión administrativa y corrupción. Sin embargo, muchos exigen que los responsables rindan cuentas antes de aplicar recortes a trabajadores y jubilados.

El canal, el imperialismo y el memorando con EE.UU.

El segundo elemento que ha levantado una tormenta es el polémico memorando de entendimiento sobre seguridad firmado con Estados Unidos. El gobierno de Mulino lo presenta como una medida para fortalecer la cooperación frente a desafíos como el narcotráfico y la migración irregular. Sin embargo, organizaciones, sindicatos y sectores académicos lo ven como un paso atrás en la soberanía panameña sobre su joya más estratégica: el Canal de Panamá.

Recordemos que el canal fue administrado por Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999, momento en que Panamá asumió el control tras el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter de 1977. Cualquier insinuación de injerencia estadounidense para muchos panameños representa una amenaza directa a este logro histórico.

“El canal es más que un activo económico, es un símbolo de nuestra autodeterminación”, señala la historiadora María del Carmen Ríos, catedrática de la Universidad de Panamá. “Aceptar que tropas o agentes estadounidenses actúen bajo un acuerdo con cláusulas opacas fomenta el colonialismo del siglo XXI”.

El embalse del río Indio: ¿solución hidráulica o bomba ecológica?

En medio de la grave crisis hídrica que enfrenta el canal debido al cambio climático, el gobierno ha lanzado un ambicioso plan para construir un nuevo embalse en el río Indio, que permitiría garantizar el suministro de agua para el funcionamiento del canal.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) defiende el proyecto como urgente y necesario, citando que en marzo pasado, el nivel del lago Gatún estaba 2.5 metros por debajo de su promedio histórico. Esa situación ya ha obligado a reducir el tránsito de buques, afectando los ingresos del canal que, en 2023, generó más de $2,500 millones para el Estado.

No obstante, las comunidades afectadas no lo ven como una solución, sino como una amenaza existencial. El pueblo indígena ngäbe-buglé, asentado en la cuenca del río Indio, ha rechazado públicamente la obra, denunciando una “migración forzada” y el inicio de una etnocida. “Nos quieren sacar del territorio sin diálogo, sin estudios de impacto, sin alternativas”, afirma la líder Irene Pitti.

Respuesta gubernamental: entre represión y silencio

El presidente Mulino ha intentado bajar la presión con algunas declaraciones en medios, afirmando que “no se está entregando el canal ni violando la autodeterminación nacional”. Sin embargo, la falta de transparencia en la publicación del acuerdo con EE.UU., sumado a una retórica beligerante por parte del gobierno, ha empeorado la situación.

Además, han circulado reportes desde organizaciones como Human Rights Watch alertando sobre un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía en manifestaciones en El Piro y Santiago, y violaciones al derecho de protesta. La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ejecutivo establecer una mesa de diálogo con participación internacional como garantes.

Una protesta intergeneracional e intersectorial

Lo singular del nuevo estallido panameño es su composición social. En las manifestaciones coinciden estudiantes, campesinos, médicos, comunidades indígenas, trabajadores, jubilados e incluso empresarios locales que denuncian el bloqueo de sus rutas comerciales. Más allá de las demandas puntuales, se está gestando un movimiento ciudadano intergeneracional que pide una refundación institucional.

“No es solo la jubilación o el agua; es la traición sistemática de las élites a nuestros derechos”, afirma Rosario Vargas, maestra y activista social. “Panamá necesita un pacto social nuevo, escrito desde abajo, no desde los escritorios de corporaciones extranjeras”.

¿Se acercan días decisivos?

Mientras se suman las huelgas universitarias y los cortes a lo largo de la ruta interoceánica, muchos advierten que Panamá podría enfrentar un escenario de mayor ingobernabilidad si el presidente Mulino insiste en ignorar el clamor popular.

En las próximas semanas, está previsto que la Asamblea Nacional revise un paquete de propuestas ciudadanas para frenar el acuerdo con EE.UU., realizar una auditoría al sistema de pensiones y congelar los permisos de obra sobre el río Indio. Queda por ver si la respuesta oficial bajará el tono o continuará la línea de confrontación que ha marcado las primeras semanas de este gobierno recién instalado a finales de 2024.

Lo cierto es que, al igual que sucede con su inigualable canal, Panamá enfrenta hoy una encrucijada en la que cada gota cuenta. Y millones de panameños han decidido que, esta vez, su voz sí va a importar.