Trump, inmigración y el regreso de la ley de 1798: ¿una cruzada legal o campaña política?

Una ley del siglo XVIII en el siglo XXI

El Alien Enemies Act (AEA) de 1798 fue promulgado durante una época de guerras navales y paranoia sobre espías extranjeros. Creada bajo el segundo presidente de EE. UU., John Adams, como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, permitía al Ejecutivo arrestar, restringir o deportar a ciudadanos de naciones enemigas durante tiempos de guerra. En su momento, reflejaba el temor a una guerra con Francia.

Hoy, más de 225 años después, dicha norma ha recobrado relevancia de la mano del expresidente Donald Trump, quien la está utilizando para justificar la deportación acelerada de inmigrantes venezolanos presuntamente afiliados a bandas criminales como el Tren de Aragua.

La Corte Suprema interviene

En un movimiento significativo, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente esta política, impidiendo la deportación rápida de varios venezolanos detenidos en Texas supuestamente vinculados con pandillas. El fallo se realizó a través de una orden de emergencia, con la particularidad de que no se pronunció sobre si el uso de la ley era correcto, sino sobre el derecho de las personas a impugnar legalmente su deportación.

Los jueces destacaron que es necesario proporcionar un tiempo “razonable” para apelar, subrayando que las 24 horas que se había dado a los detenidos eran insuficientes. Por su parte, el gobierno de Trump había argumentado que 12 horas eran suficientes, algo que fue considerado extremo por la mayoría del tribunal.

Alito y Thomas disienten: un choque de visiones jurídicas

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos en disenso, acusando a sus colegas de saltarse los procedimientos normales del sistema judicial. Alito escribió que, si efectivamente se estaba adelantando un fallo antes de la intervención de una corte de apelaciones, se trataría de una "orden excepcional" en extremo.

Brett Kavanaugh, si bien se alineó con la mayoría, dejó en claro que él prefería una solución final inmediata por parte de la Corte Suprema, considerando la gravedad del caso.

¿Quiénes son los “enemigos”? El uso actual de la AEA

En marzo, Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo que le permitió usar el AEA como arma legal. Este grupo criminal venezolano ha expandido su influencia a América Latina y, según la administración, también a comunidades inmigrantes dentro de EE. UU.

No obstante, la falta de procesos adecuados para verificar las afiliaciones ha despertado alertas sobre el uso indiscriminado de acusaciones de pandillerismo como pretexto para deportar personas sin suficiente evidencia. La ACLU ha calificado estas deportaciones como “un abuso del poder ejecutivo” y “una amenaza directa al debido proceso”.

Redoblando la ofensiva: 20,000 soldados para redadas migratorias

Más allá de la justicia federal, la administración Trump también ha elevado su estrategia migratoria a otro nivel. El Departamento de Seguridad Nacional solicitó 20,000 elementos de la Guardia Nacional para apoyar redadas migratorias en el interior del país. Esto representa una duplicación del personal actual de ICE (Agencia de Inmigración y Control de Aduanas), que cuenta con 20,000 empleados en total, apenas 6,000 de ellos agentes de campo.

Esta solicitud recuerda operaciones controversiales pasadas como Operation Wetback en los años 50 y los redondeos masivos del programa Secure Communities implementado durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.

La legalidad del despliegue dependerá de si los soldados son activados por los gobernadores estatales o desde el gobierno federal, ya que la Ley Posse Comitatus impide usar soldados federales en tareas policiales domésticas salvo excepciones constitucionales.

Deportaciones y el clima político del World Pride

La coincidencia con el World Pride 2025, cuya sede este año será Washington D.C., añade más tensión a este clima hostil para las poblaciones migrantes y LGBTQ+.

Activistas destacan que las nuevas políticas de Trump contra las personas transgénero y no binarias, como la exclusión de niñas trans de deportes femeninos y la limitación del cuidado médico de afirmación de género, son ejemplos de un retroceso en derechos civiles fundamentales. Además, el intento de eliminar los espectáculos de drag del Kennedy Center ha causado controversia nacional e internacional, llevando incluso a la cancelación de eventos de la Orquesta del Orgullo Internacional.

Resistencia LGBT+ en tiempos inciertos

“Mostrarnos en territorios hostiles ha sido parte de nuestra historia,” dijo Mariano Ruiz en un editorial publicado en The Blade. Y esa idea resuena con fuerza este año, cuando diversas organizaciones muestran su intención inequívoca de asistir a pesar del miedo o la amenaza de políticas regresivas.

D.C. espera reunir a más de un millón de personas, aunque los organizadores reconocen que las cifras internacionales podrían disminuir debido a los temores sobre seguridad y vigilancia. Al paralelo, figuras políticas como el concejal Zachary Parker llaman a una presencia contundente: “No hay mayor acto de resistencia que ser visible y ser tú mismo”.

Implicaciones legales futuras

Mientras tanto, el caso de la AEA vuelve ahora al Quinto Circuito de Apelaciones, el mismo que se había negado a intervenir en abril. Una eventual decisión negativa podría escalar nuevamente al máximo tribunal en los próximos meses.

Este caso no es el único. Diversos juicios en estados como Pensilvania, Texas y California están abordando el uso de esta vieja ley, y múltiples jueces ya han puesto límites a su aplicación, considerándola inadecuada para nuestro tiempo. La cuestión de qué significa realmente “debido proceso” se convierte así en una pregunta legal, humanitaria y política de alta relevancia nacional.

El mensaje de fondo

La tensión entre seguridad nacional y derechos humanos no es nueva. Sin embargo, el uso de una ley de 1798 para justificar deportaciones sin procesos adecuados ha encendido alarmas entre expertos constitucionales y defensores de derechos civiles. Como muchos apuntan, este enfoque refleja más una estrategia electoral que una política migratoria coherente o efectiva.

En palabras del abogado constitucionalista Lawrence Tribe: “Revivir la AEA para políticas migratorias del siglo XXI es un sinsentido jurídico que solo puede interpretarse como una táctica política peligrosa.”