Educación o propaganda: la controversia detrás de los nuevos estándares escolares en Oklahoma

Una reforma educativa que desata tormentas políticas

Lo que debería ser un esfuerzo por mejorar la educación cívica en las escuelas públicas de Oklahoma se ha convertido en el foco de una intensa polémica nacional. El responsable: Ryan Walters, superintendente estatal de Educación, quien ha promovido nuevos estándares de estudios sociales para estudiantes de primaria y secundaria que incluyen teorías desacreditadas sobre el fraude en las elecciones presidenciales de 2020 y una reinterpretación profundamente religiosa y nacionalista de la historia de Estados Unidos.

Este cambio, aprobado con modificaciones de último momento —sin revisión pública—, causó preocupación inmediata entre expertos en educación, legisladores del propio partido republicano, padres de familia y educadores. Muchos ven tras esta maniobra un intento de manipulación ideológica disfrazado de política educativa.

¿Qué hay en los nuevos estándares?

En versiones anteriores, el currículo pedía simplemente “examinar asuntos relacionados con las elecciones de 2020 y su resultado.” Ahora, se exige:

• “Identificar discrepancias en los resultados de las elecciones de 2020,” incluyendo la supuesta detención repentina del conteo de votos, riesgos con el voto por correo y tendencias inusuales en los llamados bellwether counties.
• Mencionar el supuesto origen del virus del COVID-19 en un laboratorio chino.
• Usar la Biblia como recurso educativo para entender la historia estadounidense.

Este último punto refuerza una narrativa cristiana sobre los cimientos del país, a pesar de que los Padres Fundadores establecieron explícitamente una separación entre Iglesia y Estado en la Primera Enmienda.

Walters y su cruzada contra la “ideología woke”

“Estamos devolviendo a las aulas la verdadera historia, libre del adoctrinamiento de izquierda,” dijo Walters en una declaración reciente. El superintendente ha cimentado su carrera política atacando a los sindicatos de maestros, enfrentando a superintendentes distritales y resaltando su apoyo firme al expresidente Donald Trump.

Ha promocionado con orgullo las nuevas directrices como una forma de “fomentar el pensamiento crítico”, aunque numerosos expertos advierten que en realidad están diseñadas para guiar a los estudiantes hacia respuestas ideológicamente convenientes.

Conservadores de renombre detrás de los cambios

Walters designó a una “comisión ejecutiva” compuesta mayormente por figuras de think tanks conservadores para reformar los estándares. Entre ellos:

• Kevin Roberts, presidente de The Heritage Foundation, una de las instituciones conservadoras más influyentes de EE.UU.
• Dennis Prager, fundador de PragerU, conocido por producir contenido educativo digital con una inclinación marcadamente derechista.

Ambos han defendido enfoques nacionalistas o religiosos sobre la historia estadounidense, a menudo criticando conceptos como el racismo sistémico o los derechos civiles como “narrativas liberales”.

Resistencia incluso dentro del Partido Republicano

A pesar del control republicano en la legislatura estatal, no hubo suficiente apoyo entre sus miembros para revertir los estándares. Muchos se sintieron presionados por grupos ultra conservadores como Moms for Liberty, que amenazaron con promover oponentes en primarias contra los legisladores que votaran en contra.

“Durante los últimos ciclos electorales, el activismo conservador ha logrado inversiones políticas importantes en Oklahoma,” decía una carta firmada por varios grupos de base. “Si se oponen a estos estándares, serán los próximos en caer.”

Demanda judicial y respuesta ciudadana

Un grupo de padres y educadores presentó una demanda legal contra los estándares, argumentando su aprobación irregular —dada la inclusión sorpresiva de varios elementos apenas horas antes de la votación— y su sesgo ideológico evidente.

“Estos estándares representan una visión distorsionada y anacrónica de la historia,” sostuvo la demanda, “que explícitamente oprime perspectivas alternativas o críticas.”

¿Reescribir la historia o enseñar a pensar?

Para muchos docentes, los cambios en los estándares no solo ponen en peligro la objetividad del contenido enseñado, sino que abren la puerta a la imposición de creencias personales por parte de educadores influenciados por movimientos extremistas en áreas rurales y conservadoras del estado.

Aaron Baker, veterano profesor de historia en Oklahoma City, expresó: “Lo que más me preocupa son los colegas que usarán estos estándares como excusa para evangelizar en clase.”

Un retroceso para la educación histórica en EE.UU.

Brendan Gillis, director de enseñanza en la American Historical Association, lamentó profundamente la nueva versión implementada por Oklahoma. “Estos estándares fueron de los mejores del país. Ahora están plagados de referencias religiosas y tergiversaciones históricas.”

A esto agregó David Griffith, del Thomas B. Fordham Institute —un centro de pensamiento conservador—, que jamás había visto estándares que llegaran a imponer teorías conspirativas sobre elecciones. “Es realmente inapropiado e irresponsable.”

Un contexto nacional cada vez más politizado

El caso de Oklahoma se produce en un momento en el que diversos estados liderados por republicanos han promovido cambios curriculares con perfil ideológico. Desde la prohibición de libros hasta la supresión de programas sobre diversidad e inclusión, el sistema educativo se está convirtiendo en uno de los principales campos de batalla de la guerra cultural estadounidense.

Lo preocupante no solo es el contenido, sino el modus operandi: cambios sin revisiones significativas, presiones desde grupos externos, y un lenguaje cargado de juicios de valor escondido bajo metáforas como “enseñar pensamiento crítico”.

Una educación al servicio del poder

Para muchos analistas, el auge de estándares como los de Oklahoma responde a una estrategia para conformar generaciones de votantes alineados con una visión política de derecha nacionalista. Tal como lo advierte la investigadora Nicole Holliday de UC Berkeley, “gran parte del lenguaje ya no busca comunicar, sino señalar pertenencia a un bando político.”

Y es que desde las cifras cuestionadas de las elecciones hasta las teorías sobre el origen del COVID-19, todo sigue una narrativa común de desconfianza en las instituciones, exaltación del patriotismo religioso y rechazo a la diversidad.

Mientras tanto, se pierde el objetivo esencial de los estudios sociales: formar ciudadanos capacitados para comprender su historia, interpretar hechos de forma crítica y participar activamente en el presente democrático. Si la educación se convierte en arma política, los más perjudicados siempre serán los estudiantes.