¿Justicia popular o teatro electoral? La controvertida elección judicial en México

La independencia judicial siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la democracia, pero en México, esa noción ha sido puesta a prueba con una reciente reforma que propone una forma inédita de seleccionar a los jueces del país: por voto popular. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha encendido una tormenta de controversia en un país donde la desconfianza hacia las instituciones —incluido el Poder Judicial— sigue siendo elevada.

De jueces de carrera a jueces de campaña

El 1 de junio, México celebrará su primera elección judicial nacional. Más de 2,600 candidatos compiten por 881 cargos, que abarcan desde magistrados de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. La selección de estos participantes fue realizada a través de un sorteo entre quienes cumplieron con los requisitos formales: título de derecho, al menos cinco años de experiencia profesional, un ensayo jurídico y cartas de recomendación.

A simple vista, la intención parece noble: darle voz al pueblo en la elección de jueces y, con ello, democratizar un sistema judicial que históricamente ha sido percibido como elitista y corrupto. Sin embargo, las implicaciones de esta medida han generado intensos debates entre académicos, organizaciones civiles y gobiernos extranjeros.

¿Una reforma democratizadora o una amenaza a la independencia judicial?

Varias organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, han expresado su preocupación por la reforma. La crítica central apunta a la amenaza que representa para la independencia de los jueces, uno de los principios más importantes del Estado de derecho. Si un juez debe pensar en su siguiente elección, ¿será capaz de fallar sin tomar en cuenta el impacto político o social de sus decisiones?

La American Bar Association, por ejemplo, ha señalado con anterioridad que elegir jueces mediante voto popular puede causar la politización de la justicia, particularmente en contextos de polarización y violencia como el de México.

Candidatos que rompen moldes

El experimento mexicano también ha traído consigo perfiles variopintos, alejados del tradicional juez de toga y solemnidad. Entre ellos destacan:

• Delia Quiroa: activista emblemática por la búsqueda de personas desaparecidas, cuyo hermano fue secuestrado en 2014. Fundadora del colectivo "10 de marzo", dejó su carrera en ingeniería para estudiar derecho. Hoy, candidata a juez de distrito en Sinaloa, promete ir más allá de los expedientes: “Voy a ir a buscar a las personas desaparecidas”.
• Arístides Rodrigo Guerrero: profesor universitario conocido en redes como “Justicia Chicharrón”, quien se volvió viral en TikTok por usar expresiones coloquiales en su campaña. Aspira a ser ministro de la Suprema Corte y propone llevar audiencias a todo el país.
• Silvia Delgado García: reconocida por haber sido abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016. Acusada por algunos grupos de derechos humanos de representar “riesgos”, se defiende asegurando que todo ciudadano merece una defensa.
• Mauricio Tapia Maltos: joven abogado de 30 años que trabaja en la Suprema Corte y hace campaña con carteles hechos a mano en el Zócalo, sin producción audiovisual ni coreografías de TikTok.

El dilema de las formas sobre el fondo

¿Se puede medir la idoneidad jurídica con base en popularidad? ¿Hay riesgo de que un mejor orador sea preferido por sobre un jurista competente? La preocupación de fondo es que en vez de evaluar capacidades legales, la gente vote por carisma, victimismo o espectáculo.

Casos similares se han presentado en otros países. En Estados Unidos, varios estados como Texas y Ohio eligen a jueces por voto popular, lo cual ha generado polémica por la asociación entre donaciones políticas y sentencias judiciales. Según un estudio de Brennan Center for Justice (2015), los jueces electos por voto tienden a fallar en contra de acusados criminales con mayor frecuencia durante años electorales.

Vulnerabilidad ante el crimen organizado

En un país donde más del 40% del territorio nacional tiene presencia del crimen organizado (según datos del International Crisis Group, 2023), elegir jueces mediante voto puede ser un arma de doble filo. Campañas judiciales en sitios con alta presencia de cárteles pueden generar presiones indebidas, extorsiones o financiaciones opacas.

Delia Quiroa, por ejemplo, lo sabe perfectamente. Al regresar a su natal Sinaloa, confesó: “Estoy consciente del riesgo. Pero necesitamos jueces que se pongan del lado de las víctimas”.

Un cambio estructural profundo

Este experimento no es puntual. En 2027, está previsto realizar otra ronda de elecciones judiciales para llenar 800 cargos más. Esto convertiría a México en uno de los pocos países del mundo con un sistema casi plenamente electivo para su poder judicial.

La medida forma parte del legado del presidente López Obrador, quien desde el principio de su mandato propuso “devolver el poder al pueblo”. Sin embargo, el contexto actual de violencia, impunidad y polarización política ha hecho que muchos duden de las consecuencias de aplicar esta fórmula sin reformas complementarias.

Ciudadanía y justicia: ¿una fórmula viable?

Uno de los argumentos a favor es que esta medida puede crear una mayor conexión entre la ciudadanía y el sistema judicial. Actualmente, el 65% de los mexicanos no confía en los jueces, según la organización México Evalúa. Si la sociedad percibe que puede elegir a sus jueces y remover a los corruptos o ineptos, podría obtener más legitimidad el sistema judicial.

Pero para que esto sea efectivo, se necesita algo más que urnas: educación cívica seria, criterios objetivos de evaluación y contrabalances institucionales que impidan abusos o manipulaciones.

Lo disruptivo y lo urgente

Arístides Rodrigo Guerrero ha dicho que su campaña busca “disrumpir” el sistema. Y eso ha logrado: usar TikTok, memes y juegos de palabras ha acercado el discurso judicial a nuevos públicos. Pero la reflexión aún pendiente es si esa disrupción sirve como herramienta pedagógica o abre la puerta al populismo punitivo.

En un país donde más de 110,000 personas están desaparecidas y más del 90% de los delitos quedan impunes, según cifras del INEGI y la Comisión Nacional de Búsqueda, transformar la justicia no es solo una reforma electoral: es una urgencia ética, institucional y vital.

¿Qué sigue para la justicia mexicana?

El experimento mexicano de elegir jueces por voto todavía se está escribiendo. Lo que resulte de estas elecciones del 1 de junio marcará un antes y un después en el sistema judicial del país.

¿Ganarán los mejores juristas o los más populares? ¿Habrá mutilación del principio de independencia o revitalización ciudadana? ¿Los narcos celebrarán el caos o la sociedad rescatará la ley?

Lo único claro es que México ha lanzado una moneda al aire en un terreno tan delicado como la justicia. La pregunta es: ¿caerá del lado correcto?