El legado a oscuras: Cómo la administración Trump reescribe la memoria histórica de EE.UU.

¿Quién controla la historia de un país?

La historia, dicen los historiadores, no se mide solo en logros o fracasos, sino también en la capacidad de un pueblo de documentar, reflexionar y aprender de su pasado. Bajo esta premisa, desde los días de George Washington, Estados Unidos ha cultivado una tradición de transparencia y archivo institucional. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy durante el regreso de Donald Trump a la presidencia es una ruptura institucional sin precedentes.

El expresidente, actualmente en su segundo mandato (2025–2029), ha emprendido acciones que muchos expertos consideran una mutilación deliberada de la memoria histórica nacional. Desde el uso de aplicaciones con mensajes que se autodestruyen hasta la eliminación de páginas web oficiales, pasando por la manipulación de registros y despidos en el cuerpo archivístico nacional, Trump parece obsesionado con controlar su propio relato histórico. Pero, ¿qué significa esto para el futuro democrático de Estados Unidos?

El arte de desaparecer archivos

Desde su primer mandato, Donald Trump ha mostrado una fuerte reticencia a generar registros oficiales. En su momento se negó a publicar sus declaraciones fiscales, destruyó documentos tras leerlos y promovió el uso de acuerdos de confidencialidad para los empleados de la Casa Blanca. Durante su segundo mandato, estas prácticas se han recrudecido con niveles sistemáticos y digitales: uso de apps como Signal por parte de miembros del gabinete, limpieza de miles de sitios web gubernamentales, e incluso la expulsión de Colleen Shogan, la Archivista de EE.UU. nombrada por Biden, reemplazada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, un aliado fiel.

Según Timothy Naftali, historiador presidencial y exdirector de la Biblioteca Presidencial Nixon, Trump cree que puede controlar la historia y los hechos: “Él piensa que controla la historia. Y eso es peligrosísimo”.

Los archivos bajo fuego: Bibliotecas y museos acorralados

Un ejemplo tangible del impacto de estas políticas es la decisión ejecutiva de Trump de desmantelar el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), un organismo federal vital para miles de bibliotecas estatales. El resultado ha sido inmediato: recortes masivos en empleados, cierre de bibliotecas, y la cancelación de servicios como préstamos electrónicos y programas de audiolibros.

• En Maine, se cerró temporalmente la Biblioteca Estatal y se despidió al 20% de la plantilla.
• En Mississippi, el servicio de e-books Hoopla fue suspendido por tiempo indefinido.
• En California, más de $3 millones fueron congelados sin explicación oficial.
• En South Dakota, el sistema de préstamos interbibliotecarios se detuvo indefinidamente.

El impacto afecta especialmente a comunidades rurales y de bajos recursos, donde las bibliotecas son centros primordiales de cultura y educación.

El choque con los tribunales: ¿Quién hace cumplir la ley?

Al eliminar documentos y bloquear archivos, la administración Trump también ha protagonizado una serie de enfrentamientos con el poder judicial. El republicano ha ignorado múltiples sentencias judiciales, incluidos fallos del Tribunal Supremo y jueces federales, sobre deportación de inmigrantes o retención de archivos.

Un caso emblemático es el de Kilmar Abrego García, deportado pese a que la Corte Suprema ordenó su retorno. La cuenta oficial de la Casa Blanca llegó a tuitear: “He’s NOT coming back”, en abierta contravención al mandato judicial.

Las investigaciones de la Universidad de Yale encontraron que, aunque existen más de 650 casos donde se contempló aplicar desacato al gobierno federal, solo en 67 se llegó a confirmarlo. Las penas suelen ser anuladas, lo que deja a los jueces con herramientas limitadas. Y las pocas disponibles —como la persecución civil o penal— dependen de la agencia de cumplimiento: el Departamento de Justicia... ahora bajo Trump.

La ley existe, pero... ¿quién la cumple?

Las leyes sobre preservación histórica en Estados Unidos son claras:

• Presidential Records Act (1978): Obliga a preservar todos los documentos presidenciales como propiedad del Estado.
• Federal Records Act (1950): Cubre a todos los funcionarios federales, estipulando que sus comunicaciones deben archivarse.

Pese a estas regulaciones, el marco jurídico estadounidense aún opera en buena medida sobre un “sistema de honor”, como lo define Lindsay Chervinsky, del George Washington Presidential Library: “No hay suficientes organismos ni energías institucionales para vigilar todo en tiempo real”.

Hasta el momento, no se ha emitido un nuevo memorando sobre retención de información a nivel federal, como el de Don McGahn en 2017. Aún no se confirma si continúan los NDA (acuerdos de confidencialidad), o si se está monitoreando el uso de chats privados. Como resultado, los registros de decisiones clave podrían desaparecer sin dejar rastro.

Musk y el DOGE: transparencia perdida en el espacio digital

Una de las entidades más opacas en esta administración es el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el equipo de Elon Musk. Aunque sus decisiones afectan amplias áreas del gobierno, muchos de sus documentos están siendo protegidos bajo el amparo de los registros presidenciales, impidiendo solicitudes bajo la Ley de Transparencia FOIA.

El Project on Government Oversight ha iniciado demandas judiciales argumentando que DOGE debe cumplir con el Federal Records Act, pues sus decisiones van más allá del gabinete presidencial. ¿El resultado? Aún se desconoce. Solo se sabe que, en marzo, la Casa Blanca presentó un escueto documento de una página donde instruye (sin garantías de cumplimiento) que todos los registros del DOGE deben preservarse sin importar el formato. ¿Se cumplirá? Nadie lo sabe.

Un espejo retrovisor sin reflejo

Lo paradójico es que Trump sí parece tener interés en cómo se contará su paso por la presidencia, pero quiere ser él —y solo él— quien determine qué se dice. Ha hablado de construir una biblioteca presidencial en Florida, mientras que minimiza su deber legal de entregar documentos. En 2023 escribió: “Bajo la Presidential Records Act, ¡tengo derecho a hacerlo todo!” en defensa a su retención de documentos en Mar-a-Lago, algo que la ley y su posterior acusación federal contradicen.

Según Jason Baron, exdirector de litigio de los Archivos Nacionales, la situación se ha agravado por la dificultad técnica de archivar mensajes en apps modernas, como Signal: “Hace una década vivíamos en un mundo de Gmail y Yahoo... hoy todo se fragmenta en aplicaciones que se autodestruyen.”

Robert Noll, profesor en Rutgers, concluye que son tiempos inéditos: “Si llegamos al punto en que los marshals deben arrestar a alguien por desacato, estaremos en territorio completamente inexplorado.”

¿Qué queda para el futuro?

Trudy Huskamp Peterson, exarchivista en funciones, sostiene que aunque estamos presenciando una gran pérdida, eventualmente la información verá la luz: “Todo termina saliendo a la luz tarde o temprano. Así funciona el mundo.”

Pero en una era donde las decisiones importantes se toman por mensajes efímeros y la historia institucional se intenta borrar a golpe de decreto, el riesgo es real: que generaciones futuras miren hacia atrás y encuentren un país sin memoria, mutilado en sus documentos, y sin manera de juzgar las consecuencias de sus acciones.

Lo que está en juego no es solo el legado de un presidente. Es el derecho de un pueblo a saber qué hizo su gobierno… en su nombre.