El precio de la justicia: juegos de impunidad, abuso institucional y la salud pública en EE.UU.

Estados Unidos es un país de contrastes radicales: un símbolo global de justicia, equidad y derechos humanos... al menos en teoría. Sin embargo, los últimos acontecimientos en Rhode Island, Illinois y Massachusetts desnudan una realidad diferente, en la que víctimas de abuso, migrantes sin recursos y comunidades religiosas quedan atrapadas entre decisiones judiciales, económicas y eclesiásticas que priorizan intereses institucionales por encima del bienestar humano.

La justicia cuestionada en Rhode Island: un entrenador, cientos de adolescentes y una condena leve

Aaron Thomas, exentrenador de baloncesto en una escuela secundaria en North Kingstown, Rhode Island, fue absuelto de cargos de abuso sexual y acoso infantil tras ser acusado de realizar evaluaciones de grasa corporal a jugadores, pidiéndoles que se desnudaran. Aunque admitió que muchos alumnos —hasta un 80%— se quitaban la ropa interior, y que estas pruebas se hacían en un cuarto cerrado sin justificación científica, el jurado lo encontró culpable solo de agresión menor, un delito menor que conlleva una pena máxima de un año.

Este fallo reabre profundas heridas de quienes crecieron bajo la sombra de la impunidad institucional. Como declaró el fiscal general Peter Neronha: "Pseudociencia no es excusa para el abuso, ni tampoco ganar es más importante que el bienestar".

La defensa de Thomas argumentó que no hubo intención sexual, y que sólo fue mala praxis pedagógica, no un crimen. Pero ¿acaso no bastan más de 600 casos para hacer sonar las alarmas? El escudo institucional protegió a Thomas durante décadas, mientras que las víctimas —algunas menores de 14 años— todavía luchan con las secuelas emocionales y psicológicas.

Illinois y su dilema moral: ¿salud para inmigrantes o presupuesto equilibrado?

Mientras tanto, en Illinois, el debate gira en torno a otro tipo de violencia estructural: la económica. El gobernador demócrata JB Pritzker, proclamado defensor de los inmigrantes, enfrenta una dura realidad presupuestaria. Su propuesta más reciente elimina fondos para un programa de salud que beneficiaba a más de 43.000 inmigrantes sin documentación legal.

Lanzado en 2020 como Health Benefits for Immigrant Seniors (para mayores de 65) y luego extendido a adultos entre 42 y 64 años, el programa constituye una rareza en EE.UU. Actualmente, solo 7 estados y Washington D.C. ofrecen algo similar. Sin embargo, su sostenibilidad está en duda. Con un costo estimado de $538 millones al año, el programa enfrenta recortes si la asamblea legislativa no logra encontrar los fondos necesarios.

¿La razón? Una combinación de presión política federal, argumentos conservadores sobre un supuesto "efecto llamada" y un problema de liquidez estatal. Legisladores republicanos como Ryan Spain afirman que "el alto costo del programa supera cualquier argumento a favor". Pero los defensores, como Tovia Siegel de The Resurrection Project, aseguran que "los inmigrantes pagan impuestos, trabajan y reciben menos beneficios que el ciudadano promedio".

Además, estudios del Embodying Racism Lab indican que estos programas ya han reducido las deudas impagadas de hospitales en un 15%, lo cual implica un ahorro de $1.5 millones por hospital al año. En otras palabras, estos migrantes piden acceso, no caridad. Quienes más contribuyen —pagando $8.6 mil millones en impuestos estatales y locales anualmente— son quienes menos reciben.

La Iglesia Católica y un eterno retorno: del escándalo a la absolución institucional

En Massachusetts, un nombre revive los ecos del escándalo que hace más de dos décadas sacudió a la Iglesia católica global: Francis Strahan, monseñor acusado en 2022 de haber abusado sexualmente de un monaguillo entre 2004 y 2008. Aunque los cargos penales fueron retirados en 2023 debido a que la víctima no se sintió emocionalmente capaz de testificar, el regreso del sacerdote a la vida pública ha desatado furia entre asociaciones de víctimas.

La Arquidiócesis de Boston comunicó que su investigación canónica concluyó que las acusaciones "no tenían veracidad o fundamento". No obstante, la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) respondió con contundencia: "Esta decisión no invalida la credibilidad del testigo ni el daño causado". Strahan, que había sido apartado desde 2019, ahora podrá oficiar misas, bodas y funerales.

Recordemos que Boston fue el epicentro del escándalo clerical que estalló en 2002, y que inspiró la película ganadora del Óscar “Spotlight”. Entonces, cientos de sacerdotes fueron protegidos por cardenales que simplemente los cambiaban de parroquia. Hoy, más de 20 años después, el patrón parece repetirse: no hay rendición de cuentas, solo realineación.

¿Ciudadanía de primera y segunda clase?

Analizando estos tres casos, surge una narrativa incómoda: el estatus —legal, económico o institucional— decide quién tiene acceso a justicia, salud o dignidad. Mientras un entrenador evade la cárcel pese a décadas de denuncias; mientras un estado con uno de los productos internos brutos más altos del país considera cortar servicios de salud vitales; mientras la Iglesia reinstaura a un sacerdote acusado bajo argumentos canónicos... la confianza ciudadana se debilita.

No son historias paralelas, son parte de un mismo sistema. Las víctimas rara vez obtienen reparación. Las instituciones cambian discursos pero no estructuras. El poder —sea legal, político o religioso— se recicla y protege a sí mismo.

El desafío del futuro: más allá de las cifras

La justicia no puede ser un concepto flexible según las circunstancias. Y sin embargo, en EE.UU. lo es. Mientras se recorta en programas de salud para los más vulnerables, se destinan millones a infraestructura carcelaria o defensa antiinmigrante. Mientras se minimiza el daño emocional en víctimas denunciantes, se evita afectar la reputación de figuras masculinas poderosas. Mientras se exaltan los logros académicos o deportivos, se silencian décadas de prácticas indebidas.

La única forma en que estas historias dejen de ser la norma es aplicar cambios estructurales con enfoque en víctimas, equidad fiscal y responsabilidad institucional. Y para eso, el país más poderoso del mundo debe reconsiderar qué entiende por justicia.