¿Una solución incendiaria? El polémico plan de Trump para reorganizar el combate a incendios forestales en EE. UU.
El intento de centralizar los servicios federales contra incendios genera alarma entre expertos, exfuncionarios y bomberos frente a una temporada de fuego cada vez más intensa
Una reestructuración en medio del fuego
Con la temporada de incendios forestales en marcha y el cambio climático exacerbando la gravedad de estos eventos, la administración de Donald Trump ha propuesto una drástica reestructuración del sistema federal de combate a incendios. El plan plantea unificar los esfuerzos que actualmente dependen de cinco agencias diferentes y dos departamentos dentro del gobierno federal, en una sola entidad: el Federal Wildland Fire Service, bajo la supervisión del Departamento del Interior.
Sin embargo, esta consolidación —que movería miles de empleados del Servicio Forestal de EE. UU. (USFS por sus siglas en inglés) al nuevo organismo justo en plena temporada de incendios— ha despertado fuertes críticas de asociaciones de bomberos, exfuncionarios y legisladores preocupados por los potenciales riesgos y costos de esta reestructuración abrupta.
Un contexto incendiario: el cambio climático y los recortes previos
El 2024 fue uno de los años más destructivos en términos de incendios forestales: más de 65,000 incendios arrasaron con cerca de 9 millones de acres en todo Estados Unidos, según cifras del Servicio Nacional Interagencial de Incendios (NIFC).
Para 2025, el panorama no es alentador. Hasta mayo, se han quemado más de un millón de acres, con incidentes en estados como California, Colorado, Arizona, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey y más. Y las previsiones no son optimistas: la Agencia Nacional del Clima ha pronosticado temperaturas superiores a lo normal durante todo el verano.
En esta coyuntura crítica, no deja de alarmar que el mismo gobierno que propone una reorganización haya ejecutado previamente recortes importantes. En 2024, la administración Trump congeló temporalmente los fondos para prevención de incendios —como la tala preventiva y las quemas controladas— y redujo drásticamente el personal de bomberos federales por medio de despidos y jubilaciones anticipadas.
Según la National Association of Forest Service Retirees, el USFS perdió cerca de 1,600 bomberos, mientras que el Departamento del Interior, que ya tenía a su cargo unos 6,700 bomberos, también enfrentó despidos considerables.
¿Eficiencia o caos?
La propuesta de centralización ha sido presentada por el secretario del Interior, Doug Burgum, como una medida para eliminar duplicidades y mejorar la asignación de recursos. “Queremos más bomberos en la línea de fuego y menos burócratas tomando decisiones manuales”, declaró Burgum ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, expertos no comparten su entusiasmo. Steve Ellis, expresidente de la Asociación de Retirados del USFS y exsubjefe del mismo, lo expresó con claridad: “No puedes suprimir tu camino hacia el éxito en el combate a incendios catastróficos”. Añadió que la propuesta aumentaría el riesgo y causaría un “caos particular al implementarla en plena temporada de incendios”.
Las preocupaciones clave apuntan a:
- Desenfocar los esfuerzos de prevención en pos de una política netamente reactiva de supresión.
- Desorganización logística al mover personal capacitado a nuevas instituciones en medio del trabajo activo.
- Costos ocultos: el presupuesto no indica cuánto costará o ahorrará esta centralización.
Apoyos con conflicto de interés
Pese a las críticas, la iniciativa ha contado con cierto respaldo bipartidista. Los senadores Alex Padilla (Demócrata por California) y Tim Sheehy (Republicano por Montana) han preparado legislación similar. Cabe mencionar que antes de su carrera política, Sheehy fundó una empresa de aviación especializada en la lucha contra incendios, cuya facturación depende en gran parte de contratos federales, lo cual ha generando inquietudes sobre un posible conflicto de interés.
No todo es ‘más mangueras’
Según estudios del Consejo Nacional de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), cerca del 85% de los incendios forestales son provocados por actividades humanas —como hogueras mal apagadas, líneas eléctricas en mal estado o uso indebido de maquinaria—. Otro porcentaje ocurre de forma natural, principalmente por rayos.
El problema no es simplemente extinguir más rápido, argumentan los expertos, sino manejar mejor los bosques y permitir que ciertos fuegos naturales sigan su curso de manera controlada. Esta perspectiva es replicada por muchos en el USFS que defienden las burns controladas como herramienta esencial de prevención.
Impacto en las comunidades y en la moral de los bomberos
Además de los desafíos logísticos, la reestructuración también golpea la moral del personal involucrado. Tras los despidos ordenados en febrero —motivados por un impulso general del multimillonario Elon Musk para recortar gasto público—, muchos trabajadores del Servicio Nacional de Parques y del USFS expresaron incertidumbre y frustración. Aunque algunos fueron restituidos por una orden judicial y gracias a la presión popular, no se ha alcanzado la meta de aumentar la plantilla a los 11,300 bomberos planeados para julio.
Funcionarios estatales en Washington y Oregón se han quejado públicamente de la falta de apoyo federal, lo que pone en riesgo los sistemas regionales de respuesta a incendios.
Un enfoque más comercial que ecológico
En paralelo a esta reorganización, la administración anunció una acción de emergencia que relaja las regulaciones medioambientales sobre la tala en más de 59% de los bosques nacionales. Es decir, un área de más de 176,000 millas cuadradas —mayor que el tamaño de California— estará abierta a proyectos de tala con menos restricciones, bajo el argumento de reducir el material combustible para futuros incendios.
Sin embargo, organizaciones como Sierra Club y Earthjustice han advertido que esta política puede abrir las puertas a una explotación comercial desregulada de bosques públicos, sin atacar las causas de fondo del problema.
Irónicamente, ni siquiera durante el mandato de Joe Biden los niveles de tala en bosques públicos controlados por el Departamento de Agricultura (bajo el cual opera el USFS) aumentaron significativamente, lo que sugiere que las dinámicas del manejo forestal responden a políticas estructurales, más que a acciones inmediatas.
¿Una bomba de tiempo institucional?
Mientras el cambio climático intensifica los incendios, las decisiones legislativas y administrativas parecen caminar en dirección opuesta a las recomendaciones científicas. Consolidar bajo un solo techo los esfuerzos de combate a incendios puede sonar eficiente en teoría, pero hacerlo sin coordinación suficiente, en medio de una reducción del personal calificado, y priorizando la supresión inmediata sobre la gestión ecosistémica es, en palabras de muchos expertos, una receta para el desastre.
Es claro que el sistema necesita una reforma, pero reformar no es lo mismo que centralizar. La complejidad del combate a incendios forestales necesita respuestas basadas en la ciencia, no sólo decisiones presupuestarias o políticas apresuradas que podrían tener consecuencias devastadoras para comunidades, ecosistemas y economías locales.