Veredictos injustos en Luisiana: el legado racista del jurado no unánime y una lucha política por la justicia

Por años, cientos de personas en Luisiana han vivido tras las rejas por condenas impuestas por jurados no unánimes. Este método, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2020, continúa afectando vidas debido a vacíos legales y políticos. Esta semana, el Senado estatal asestó un golpe devastador a los derechos de estas personas al rechazar una propuesta de ley que les habría permitido solicitar nuevos juicios.

Una ley con intención de justicia

La propuesta, presentada por el senador demócrata Royce Duplessis, pretendía incluir los veredictos no unánimes en la lista de causas válidas para solicitar un nuevo juicio. No buscaba liberar automáticamente a los condenados ni ordenar nuevas audiencias de inmediato, sino que habría brindado una vía legal para que quienes fueron juzgados de manera injusta tuvieran una segunda oportunidad.

Duplessis fue claro en su defensa: “Esto no se trata de lo que es fácil o conveniente, se trata de lo que es correcto”. La medida, sin embargo, fue derrotada con una votación de 9 a 26, siguiendo estrictamente líneas partidistas. Los senadores republicanos argumentaron que reabrir estos casos podría sobrecargar el sistema judicial y desatar consecuencias impredecibles por casos antiguos, sin importar la justicia implicada.

Orígenes oscuros: una herramienta del racismo sistémico

Para entender la urgencia de esta legislación, es necesario remontarse a la historia. En 1898, durante la Convención Constitucional de Luisiana, se adoptaron veredictos por jurado divididos como parte de un conjunto de normas legalmente discriminatorias diseñadas para mantener la supremacía blanca tras la Guerra Civil. Esta práctica permitió que la voz de los jurados afroamericanos fuera diluida, permitiendo condenas por mayorías de 10-2 o 11-1 sin el consenso completo del jurado.

Esta táctica respondió directamente al peligro político que representaba la creciente participación de afroamericanos en el sistema judicial. Según la historiadora Angela A. Allen-Bell, profesora de derecho en Southern University Law Center, “el racismo estaba tan profundamente arraigado en estas leyes que era prácticamente su objetivo central”. Hasta 2018, Luisiana y Oregón fueron los únicos estados que permitían este tipo de veredictos.

Una victoria en la Corte Suprema... con muchas faltas

En 2020, el caso Ramos v. Louisiana llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En una decisión histórica, la Corte determinó que los veredictos no unánimes violaban el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. Sin embargo, aunque estableció el precedente de que tal práctica era injusta, no extendió sus efectos retroactivamente a todos los presos condenados bajo esa norma.

Mientras Oregón reaccionó otorgando nuevos juicios a cientos de personas afectadas, la Corte Suprema de Luisiana se rehusó a aplicar la decisión de manera retroactiva. El resultado: al menos 1,000 personas, en su mayoría afroamericanos, siguen tras las rejas por condenas que ahora se consideran inconstitucionales.

Casos emblemáticos: errores que costaron décadas de vida

• Jermaine Hudson: pasó 22 años en prisión ejecutando una condena impuesta por un jurado dividido. Fue finalmente liberado cuando se descubrió que el acusador Bobby Gumpright había mentido. Hoy, irónicamente, ambos se unieron para abogar por justicia para otros condenados erróneamente.
• Julius Randle: encarcelado durante más de 25 años por delitos sustentados en testimonios inconsistentes, igualmente bajo un veredicto no unánime.
• Travis Boyette: uno de muchos que fueron absueltos después que juicios justos evidenciaran fallas monstruosas en los procesos originales.

Según el Innocence Project, alrededor del 60% de los exonerados en Estados Unidos son afroamericanos, reflejo de una herencia racial sistémica que continúa vigente. Cuando se les priva de un jurado equitativo, la justicia simplemente no sucede.

Preocupaciones republicanas: ¿justicia o conveniencia política?

Entre los argumentos usados por los opositores del proyecto se encuentran:

• Sobrecarga del sistema judicial: temen que la reapertura de cientos de casos colapse los tribunales y sature las fiscalías.
• Caducidad de la evidencia: alegan que muchos de estos casos tienen décadas y que las pruebas ya no están disponibles.
• Impacto en las víctimas: sostienen que esto obligaría a las víctimas originales a revivir traumas pasados.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que estos temores ignoran una verdad más profunda: la justicia no es opcional, es fundamental. Como señaló Bryan Stevenson, abogado y fundador de Equal Justice Initiative: “Cerrar los ojos ante la injusticia sólo porque ocurrieron hace décadas no nos exime del deber de corregirlos”.

Una oportunidad perdida: la moral frente al cálculo político

El rechazo de esta propuesta en Luisiana no es apenas una derrota legislativa. Es un recordatorio claro de cómo la política partidista, cuando se coloca por encima del principio moral, perpetúa sistemas de opresión. Royce Duplessis dijo en la votación final: “Si votamos en contra, estamos diciendo que la justicia tiene fecha de vencimiento... Y somos los únicos usando esa mancha”.

Luisiana se ha quedado sola en la defensa de un sistema caduco, por elección propia. Mientras otros estados buscan redención judicial, la legislatura estatal ha decidido mirar hacia otro lado.

¿Qué sigue para quienes aún esperan justicia?

Lo más probable es que esta medida esté muerta por lo que resta del año, dada la contundente derrota y los escasos días disponibles en la actual sesión legislativa. Sin embargo, el movimiento ciudadano no ha terminado. Distintos colectivos como Innocence Project New Orleans o Voice of the Experienced —grupo formado por excarcelados— continúan presionando para que este tipo de reforma sea reconsiderada.

Para ellos, la pregunta sigue abierta: ¿Qué tan dispuesto está un estado a corregir el daño infligido deliberadamente por décadas pasadas?

La vigencia de una lucha histórica

Este episodio es una pieza más del entramado de tensiones raciales, institucionales y políticas que dividen a Estados Unidos. No se trata solo de Luisiana: son los fantasmas del pasado enfrentándose al espejo incómodo del presente. La decisión de no actuar podría terminar siendo más costosa para la reputación moral de un estado que ya lleva demasiadas cicatrices.

Como dijo en su momento el juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch al fallar en el caso Ramos: “La verdad es que los Estados Unidos ha tolerado este tipo de condenas ilegítimas por demasiado tiempo. Ya es momento de que honremos nuestros ideales constitucionales, también para aquellos que han sido olvidados”.

Y esa verdad aún está esperando justicia en las cárceles de Luisiana.