Arizona en la encrucijada: el nuevo pulso legal por el futuro del aborto

El conflicto legal, más allá del voto popular

Arizona ha vuelto a convertirse en un campo de batalla clave por los derechos reproductivos en Estados Unidos. A pesar de que en noviembre de 2024 los votantes del estado aprobaron una enmienda constitucional que protege el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal —alrededor de las 24 semanas de gestación—, múltiples leyes restrictivas anteriores siguen vigentes, limitando en la práctica ese derecho recién conquistado.

El pasado jueves, dos clínicas proveedoras de servicios de aborto y la Asociación Médica de Arizona presentaron una demanda para invalidar una serie de leyes estatales. Sus argumentos principales giran en torno a que estas normativas violan la nueva enmienda constitucional y constituyen obstáculos innecesarios para el ejercicio del derecho a decidir sobre la salud reproductiva.

¿Cuáles son las leyes bajo fuego?

El enfoque del litigio son varias disposiciones que todavía operan como barreras críticas para quienes buscan terminar un embarazo en Arizona. Algunas de las medidas que los demandantes desean anular son:

• La prohibición de abortos por anomalías genéticas: Actualmente no se permite abortar si la razón principal es una discapacidad o condición genética del feto, como el síndrome de Down.
• Requisitos de consentimiento informado en persona al menos 24 horas antes del procedimiento: Esto implica que la persona gestante debe presentarse a una consulta presencial para recibir información, esperar un mínimo de 24 horas, y luego regresar para realizar el procedimiento.
• Ofrecimiento obligatorio de ver una ecografía: Aunque puede parecer una opción neutra, en muchos casos se sabe que este requerimiento busca disuadir emocionalmente a la paciente.
• Prohibición del uso de telemedicina para servicios de aborto y envío de medicamentos abortivos por correo: Esto excluye el acceso rápido y seguro para personas que viven en zonas rurales o tienen dificultades graves para movilizarse.

Un derecho constitucional versus barreras legislativas

La demanda sostiene que estas restricciones son “estigmatizantes y médicamente innecesarias”, en palabras de Rebecca Chan, abogada del Proyecto de Libertad Reproductiva de ACLU. Según Chan, este marco regulatorio en conflicto contradice de forma directa la voluntad popular expresada en las urnas.

Vale recordar que, tras la anulación de Roe v. Wade en junio de 2022 por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos —en el histórico caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization—, la batalla por el aborto se ha trasladado a cada estado de manera individual. Esa decisión devolvió a las legislaturas estatales el poder total para regular el aborto como lo consideren oportuno.

En respuesta, varios estados liderados por partidos progresistas han optado por blindar los derechos reproductivos a través de reformas constitucionales a nivel estatal. En las elecciones generales de 2024, estados como Michigan, California, Vermont y Arizona aprobaron estas reformas.

La paradoja de Arizona

En Arizona, sin embargo, esta protección parece convivir con restricciones propias de una legislación conservadora. Algunas de estas leyes fueron impulsadas antes de la decisión de Dobbs, cuando se esperaban desafíos venideros al estatus federal de Roe, mientras que otras se aprobaron bajo gobiernos estatales mayoritariamente republicanos.

Uno de los puntos más llamativos es que todavía no se ha derogado formalmente la ley de aborto de 1864 que prohibía todo tipo de aborto excepto cuando la vida de la madre estaba en peligro. Aunque un juez bloqueó técnicamente esa normativa el año pasado, su existencia en el marco legal da una visión de la tensión que atraviesa el sistema jurídico de Arizona respecto a este tema.

Las autoridades estatales bajo observación

Ante la demanda reciente, la oficina de la Fiscal General del estado —encabezada actualmente por una demócrata— se encuentra revisando los detalles del recurso. Un portavoz aseguró que la fiscalía “cree que la ley estatal debe reflejar la enmienda aprobada por los votantes”, aunque todavía no ha tomado una postura formal respecto a la causa en curso.

Por otro lado, grupos conservadores como Center for Arizona Policy, una organización con histórico liderazgo en el impulso de políticas antiaborto, han expresado su descontento. “La salud de las mujeres es importante, y esta demanda refleja una agenda para maximizar el aborto en Arizona, lo cual tiene un costo para la salud de las mujeres”, afirmó Peter Gentala, presidente de dicho centro. La organización aún no decide si intervendrá activamente en el litigio.

La historia se repite en otros estados

Este tipo de conflictos no es exclusivo de Arizona. A nivel nacional, estados como Missouri, Texas y Florida viven procesos paralelos donde se intenta armonizar —o desafiar judicialmente— nuevas reformas constitucionales con leyes restrictivas rezagadas que aún no han sido derogadas.

Por ejemplo, en Texas se discute actualmente un proyecto de ley para aclarar situaciones de excepción a su riguroso veto al aborto, especialmente ante peligros para la vida de la mujer. En paralelo, activistas a favor del derecho al aborto han denunciado episodios de censura por parte de plataformas tecnológicas, como Instagram y Facebook, al intentar difundir información sobre salud sexual en América Latina.

¿Qué implica esto para las mujeres en Arizona?

Desde el punto de vista práctico, la coexistencia de leyes restrictivas con una enmienda constitucional a favor de la libertad reproductiva genera un panorama confuso y, en muchos casos, riesgoso. Las pacientes, sobre todo quienes viven en zonas rurales o provienen de comunidades marginadas, siguen enfrentando barreras logísticas, económicas y psicológicas incluso después de que el electorado haya respaldado su derecho.

Además, la vigencia de normas como la obligatoriedad del consentimiento en persona limita el acceso de quienes deben desplazarse largas distancias, no tienen transporte propio, o dependen de empleadores que no otorgan permisos de tiempo. A nivel nacional, solo en 2022, el 54% de los abortos en Estados Unidos fueron medicados (es decir, realizados a través de fármacos), según datos del Kaiser Family Foundation. Prohibir el envío por correo de estas píldoras elimina una de las vías más seguras, accesibles y comunes de interrumpir un embarazo.

Las decisiones están tomadas, pero la lucha continúa

Este caso demuestra que el mero ejercicio del voto no garantiza una implementación efectiva de derechos. A pesar del triunfo democrático del noviembre pasado, las fuerzas conservadoras continúan operando desde el poder legislativo, el sistema judicial, e incluso desde organismos privados con fuerte influencia en políticas públicas.

La lucha por el aborto en Arizona no ha terminado. Por el contrario, el próximo pulso legal será clave para determinar si los marcos normativos reflejan adecuadamente el mandato soberano del pueblo o si el sistema institucional termina erosionando esas conquistas por caminos burocráticos o judiciales.

Un espejo para el resto del país

Lo que ocurra en Arizona será observado atentamente por otros estados con dinámicas políticas similares. La pregunta ahora es si los tribunales estarán dispuestos a reconocer en su plenitud el derecho constitucional que los votantes clamaron —o si estas concesiones seguirán siendo secuestradas por restricciones anacrónicas y estrategias dilatorias.

Como advirtió Rebecca Chan en su declaración tras la demanda: “Los arizonenses son perfectamente capaces de tomar decisiones sobre su futuro reproductivo”. El tiempo dirá si las instituciones del estado honran esa confianza ciudadana o sucumben a presiones que buscan socavarla.