Una deuda de siglos: Tribus nativas exigen justicia por fondos malversados en internados de asimilación

Un reclamo por justicia histórica

Dos naciones tribales de Estados Unidos, la Tribu Wichita y la Tribu Washoe de Nevada y California, han presentado una demanda histórica contra el gobierno federal por el uso indebido del dinero fiduciario tribal para financiar el sistema de internados para niños nativos, donde generaciones de jóvenes indígenas fueron víctimas de abuso físico, emocional y cultural.

La denuncia fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Pensilvania y apunta directamente contra el Departamento del Interior, la Oficina de Asuntos Indígenas y la Oficina de Educación Indígena. La querella sostiene que el gobierno federal financió estos tenebrosos centros de asimilación obligatoria con recursos que originalmente estaban destinados a beneficiar a las propias tribus.

El legado oscuro de los internados

Durante más de un siglo, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, el gobierno de Estados Unidos operó e incentivó internados para niños nativoamericanos, principalmente gestionados por organismos religiosos y civiles. El objetivo declarado: "matar al indio, salvar al hombre", frase tristemente célebre atribuida a Richard Henry Pratt, fundador de la Escuela Industrial India de Carlisle.

Niños fueron arrancados por la fuerza de sus familias, transportados a cientos de kilómetros y obligados a abandonar su lengua materna, creencias espirituales y costumbres ancestrales. En estos centros, miles de menores fueron víctimas de abusos físicos, psicológicos e incluso sexuales. Muchos murieron en condiciones deplorables y fueron enterrados en tumbas sin nombre.

Dinero tribal usado como arma de opresión

Lo que añade una nueva capa de horror a este pasado es lo expuesto por la demanda de las tribus: el sistema de internados fue financiado en gran medida con los fondos fiduciarios que pertenecían a las propias naciones tribales. Estos fondos se originaron en tratados mediante los cuales los pueblos originarios cedieron tierras a cambio de garantías gubernamentales, incluyendo la correcta administración de dichos recursos para su bienestar colectivo.

Los demandantes afirman que el gobierno, que actuaba como fideicomisario de estos fondos, nunca ha entregado un informe claro sobre cómo se utilizó el dinero, ni ha proporcionado una auditoría detallada, ni mucho menos identificado montos residuales.

"El Gobierno de los Estados Unidos jamás ha rendido cuentas de forma precisa sobre esos fondos, ni ha detallado si fueron invertidos, y mucho menos justificar su uso en la política de asimilación forzosa", señala el texto legal.

El informe Haaland y la confirmación oficial del horror

En 2022, la Secretaria del Interior Deb Haaland, primera indígena en dirigir esa dependencia, publicó un demoledor informe sobre la era de los internados. El documento enumeraba al menos 408 escuelas financiadas o administradas directamente por el gobierno entre 1819 y 1969, establece que hubo al menos 53 cementerios no identificados y detalla prácticas que, en palabras de Haaland, "rompieron muchas familias de forma irreversible".

En ese informe se admite, por primera vez desde una fuente oficial, que el objetivo de dichas instituciones fue erradicar la cultura nativa y acelerar su 'americanización'.

Un desvío de $23.3 mil millones: ¿dónde está ese dinero?

Según las estimaciones de los demandantes, el gobierno de Estados Unidos utilizó al menos $23.300 millones (en valor actual) de fondos fiduciarios para financiar este régimen de internado forzado. La tribus ahora solicitan a la Corte que el gobierno federal:

• Rinda cuentas sobre cada centavo de ese dinero;
• Presente documentación sobre cómo se invirtió o utilizó;
• Entregue una lista de fondos que aún podrían permanecer sin utilizar.

Un capítulo manchado en la historia de EE. UU.

La política de internados ha sido ampliamente reconocida como uno de los mayores crímenes culturales cometidos en suelo estadounidense. En 2023, el presidente Joe Biden emitió una disculpa formal, llamando a la política de internados "un pecado en el alma de América" y "uno de los capítulos más horribles de nuestra historia".

Sin embargo, aún falta acción concreta. En abril, durante su administración, se recortaron $1.6 millones de presupuestos destinados a preservar las historias orales de los sobrevivientes de los internados. Una contradicción lamentable.

Los sobrevivientes claman por justicia y memoria

Organizaciones tribales y sobrevivientes de estos centros insisten en que el Gobierno estadounidense debe asumir no sólo la culpa simbólica, sino también la reparación real.

"No se puede construir un futuro digno sin memoria. Queremos justicia, pero sobre todo, queremos la verdad completa y transparencia", afirma un vocero de la Nación Washoe.

Una deuda moral, económica y cultural

Las consecuencias de este sistema aún se sienten hoy. Las comunidades indígenas afrontan tasas desproporcionadas de pobreza, suicidio, abandono escolar, y desarraigo cultural. Exigir explicaciones por el uso del dinero tribal es también un paso hacia la garantía de autodeterminación indígena.

Esta demanda, lejos de ser un mero ejercicio jurídico, pone en primer plano el rol destructivo que el Estado tuvo en el quebrantamiento cultural sistemático de los pueblos originarios.

¿Avance hacia la reconciliación o simple simbolismo?

Como expresó Bryan Newland, subsecretario del Interior para Asuntos Indígenas, "la reconciliación real requiere verdad". Pero la verdad no puede existir sin documentos, sin transparencia financiera y sin responsabilización institucional.

Este caso podría marcar un precedente: si la Corte obliga a rendir cuentas sobre el uso de fondos fiduciarios nativos, podría abrir la puerta para una revisión nacional de todos los contratos vigentes entre tribus y el Estado, un cambio estructural largamente esperado.

Por ahora, la pelota está en la cancha de la justicia estadounidense. Pero, como han demostrado los siglos pasados, las comunidades nativas no se quedarán calladas. La historia, al fin, podría estar alineándose para escuchar sus voces.