¿Crisis Energética o Estrategia Política? La Controversia por la Planta de Eddystone en EE.UU.
El gobierno federal obliga a mantener operativa una planta de gas y petróleo en Pensilvania, generando tensiones entre energía, ecología y política
Un verano caluroso, decisiones calientes
En medio de uno de los veranos más calurosos en la región del Atlántico Medio de los Estados Unidos, el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) ha emitido una orden que ha causado tanto preocupación como debate: la planta de energía Eddystone, de combustible fósil, debe permanecer operativa hasta finales de agosto. ¿La razón? Prevenir posibles escaseces eléctricas. ¿La consecuencia? Una intensa discusión sobre justicia ambiental, políticas energéticas y prioridades estatales.
Eddystone: una planta que se resiste al retiro
Ubicada al sur de Filadelfia, junto al río Delaware, la planta Eddystone de Constellation Energy cuenta con dos unidades (3 y 4) capaces de generar 760 megavatios. Estos iban a ser retirados de operación, como parte del cierre progresivo de instalaciones contaminantes y poco eficientes. Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, y por segunda vez desde 2020, el DOE ha intervenido directamente —haciendo uso de su autoridad bajo la sección 202(c) de la Ley Federal de Energía— para obligar su continuidad durante los meses más críticos del verano.
¿Por qué esta intervención federal?
El operador de red regional PJM Interconnection, que supervisa el sistema eléctrico de 13 estados, advirtió sobre riesgos potenciales de suministro ante el aumento en la demanda eléctrica veraniega y el cierre de múltiples plantas envejecidas. PJM calificó la medida como una "acción prudente y con duración limitada", subrayando la urgencia del abastecimiento confiable.
Según el DOE, la red energética está bajo presión debido a la transición energética hacia fuentes más limpias, que avanza más rápido que la instalación de nueva generación y almacenamiento. El operador ha reportado aumentos interanuales del 3% en demanda eléctrica en ciertas áreas críticas del noreste, impulsados por el uso extendido de aire acondicionado y electrodomésticos.
Una segunda intervención polémica
Esta no es una decisión aislada. La semana anterior, el DOE ordenó a Consumers Energy que mantuviera operativa la planta a carbón J.H. Campbell en Michigan, a pesar de los planes de clausura y sin la aprobación del operador de red de esa región, el MISO (Midcontinent Independent System Operator). Éste alegó que no existía tal emergencia eléctrica como para justificar la orden federal.
Estas acciones reflejan un patrón bajo la administración Trump: favorecer la producción de energía convencional en nombre de la seguridad energética, a menudo enfrentándose con políticas climáticas y compromisos ambientales.
La reacción ambientalista: ¿Injusticia ambiental?
El grupo activista Delaware Riverkeeper Network (DRN) criticó la decisión del DOE tildándola como un acto de “injusticia ambiental”. La planta de Eddystone, cuyo origen data de mediados del siglo XX, emite gases contaminantes que afectan la calidad del aire de comunidades ya vulnerables, sostienen.
“Mantener Eddystone abierta vulnera los estándares federales de calidad del aire, aumentando el ozono y los contaminantes nocivos en una región que ya ha sido históricamente sobrecargada,” dijo Maya van Rossum, portavoz del DRN.
Además, los ambientalistas subrayan que este tipo de medidas contradicen los compromisos internacionales de Estados Unidos para reducir sus emisiones de carbono y frenar el cambio climático.
¿Qué dice la ley?
El uso de la autoridad 202(c) del DOE permite intervenir en casos donde se considera una amenaza seria a la seguridad o confiabilidad del sistema eléctrico. Pero su aplicación ha sido extremadamente rara. Anteriormente, se usó en situaciones como ataques terroristas o apagones masivos.
Bajo Trump, sin embargo, su uso se ha politizado, siendo visto por algunos expertos como una herramienta para retrasar la transición hacia energías limpias. David Bookbinder, ex asesor legal del Sierra Club, declaró:
“Utilizar esta cláusula para mantener plantas viejas operativas, cuando no hay evidencia clara de una falla de red inminente, crea un peligroso precedente.”
La realidad de PJM: ¿Incertidumbre energética real?
Es cierto que la región de PJM ha enfrentado desafíos. En 2022, durante el vórtice polar navideño, casi el 23% de su capacidad instalada falló temporalmente debido al frío extremo, dejando al borde del colapso a ciertas subregiones del sistema. PJM defendió la decisión de mantener Eddystone operativa debido a esas experiencias recientes.
Aunque Eddystone no es la planta más eficiente ni más limpia, su ubicación estratégica y su capacidad de arrancar rápidamente en caso de emergencia la convierten en una pieza crítica temporal.
Transición energética: ¿demasiado rápido para los operadores?
EE.UU. ha cerrado más de 75 gigavatios (GW) de capacidad de carbón entre 2010 y 2023. Aunque se han sumado cantidades similares en energía renovable, existen dos problemas principales: la interconectividad y el almacenamiento. El viento y el sol no siempre están disponibles, y el almacenamiento en baterías todavía representa un desafío técnico y económico.
Además, la infraestructura de red no ha evolucionado al ritmo necesario para integrar eficientemente estas nuevas fuentes. PJM, por ejemplo, tiene cerca de 300 proyectos de energía limpia esperando conexión, pero los procesos regulatorios son lentos.
¿Existe una alternativa sostenible?
Greenpeace USA sostiene que hay soluciones viables si el gobierno destina fondos clave a mejorar infraestructura de red, ampliar almacenamiento y aplicar programas de eficiencia energética. Una propuesta es incentivar el almacenamiento distribuido (como baterías domésticas) y optimizar tarifas para repartir mejor la demanda diaria.
También se han planteado alianzas público-privadas para acelerar la reconversión de plantas fósiles en instalaciones duales que puedan quemar hidrógeno limpio en el futuro cercano.
Una lucha mayor entre Estados y Gobierno Federal
Los estados como Nueva York, California y Massachusetts avanzan con políticas estrictas de descarbonización, mientras el gobierno federal bajo Trump promovía carbón y gas natural para fortalecer la “independencia energética”. Esta colisión de intereses ha llegado incluso a los juzgados.
En 2020, Nueva York demandó al DOE por impedir el retiro de la planta Indian Point, alegando que era una intervención fuera de lugar en jurisdicción estatal. Aunque el caso fue desestimado, el precedente permanece vigente.
¿Y después del verano?
La orden sobre Eddystone concluye el 28 de agosto. Hasta entonces, la planta seguirá operando, mientras el DOE, PJM y Constellation evalúan si debe extenderse su vida útil. Si el informe que resulte favorece el cierre definitivo, la decisión marcaría un pequeño triunfo para el ambientalismo. Si no, podría ser un indicio de que la transición energética aún enfrenta múltiples barreras estructurales.
De cualquier manera, este caso pone en el centro del debate la eterna ecuación que aún EE.UU. no logra resolver: ¿Cómo equilibrar la seguridad energética con la justicia ambiental y la descarbonización?