El caso Hamit Coskun: ¿Defensa de la libertad de expresión o discurso de odio?

Un acto incendiario frente al consulado turco

El 13 de febrero de 2025, el activista Hamit Coskun, de 50 años, se presentó frente al consulado de Turquía en Londres, sostuvo un Corán en llamas y gritó frases como “el islam es una religión del terrorismo” y “f*** Islam”. Este acto fue inmediatamente interpretado por varios sectores como una provocación religiosa, mientras que Coskun insistió en que se trató de una protesta política contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

El tribunal británico no estuvo de acuerdo con la interpretación de Coskun. El juez de distrito John McGarva consideró que sus acciones constituyeron un delito de orden público agravado por odio religioso. En su sentencia declaró: “Quemar un libro religioso, aunque ofensivo, no es necesariamente un acto desordenado. Lo que lo hizo tal fue el lenguaje abusivo, la localización y el momento”. Coskun fue multado con 240 libras esterlinas.

La reacción de las organizaciones pro libertad de expresión

La Free Speech Union y la National Secular Society no tardaron en mostrar su apoyo a Coskun. Consideran que la condena es una agresión directa contra el derecho a la libertad de expresión. Ambas organizaciones financiaron la defensa legal del activista y anunciaron su intención de apelar el caso hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Esta decisión es un ataque a la libertad de expresión y desalentará a otros a ejercer su derecho democrático a la protesta pacífica”, dijo Coskun en un comunicado. Aseguró además que seguirá haciendo activismo contra lo que denomina ‘el peligro del islam’.

¿Blasfemia o discurso protegido?

Uno de los elementos más controvertidos del caso es la percepción de que la condena equivale al regreso, de facto, de una ley contra la blasfemia, abolida en Inglaterra en 2008 tras una larga campaña de grupos secularistas. El político conservador Robert Jenrick expresó en la red social X: “Este fallo revive una ley contra la blasfemia que eliminamos hace casi dos décadas”.

El portavoz del primer ministro Keir Starmer respondió a estas acusaciones afirmando enfáticamente: “No tenemos leyes de blasfemia en Inglaterra y no hay planes de introducir ninguna”. Sin embargo, la sentencia plantea preguntas complejas: ¿Es la quema del Corán una expresión política legítima o un acto de odio religioso?

Contexto legal: ¿dónde está el límite?

El derecho británico protege el discurso, incluso el ofensivo, siempre y cuando no cruce la línea hacia la instigación al odio o la violencia. El artículo 29J del Acta de Delitos Graves (Serious Crime Act, 2005) garantiza que las críticas —incluidas las severas— a cualquier religión no serán penalizadas, siempre que no inciten al odio racial o religioso.

No obstante, el juez McGarva dejó claro que el contexto y la intención fueron claves para fallar contra Coskun. La denuncia fue tratada como un asunto de orden público, y no específicamente de blasfemia. La presencia frente a una sede diplomática turca, el lenguaje soez y el acto en sí fueron considerados suficientemente provocadores como para causar “alarma o angustia”.

El precedente internacional: ¿algo similar en Europa?

No es la primera vez que Europa se enfrenta a estos dilemas jurídicos. Países como Dinamarca y Noruega enfrentaron crisis similares tras la publicación de las caricaturas de Mahoma en 2005. Más recientemente, en Suecia, la quema del Corán por parte de activistas de ultraderecha provocó protestas en el mundo musulmán, lo cual desembocó en un debate nacional sobre si tal libertad debe tener restricciones.

En 2023, el gobierno sueco incluso propuso una legislación que permitiría a la policía prohibir protestas si presentan riesgos para la seguridad nacional, una reacción directa a las consecuencias geopolíticas de tales manifestaciones.

Turquía, islamismo y libertad de expresión

Coskun, originalmente de Turquía, justificó su protesta alegando que el presidente Erdogan está convirtiendo al país en una base de activismo islamista. Este punto tiene resonancia en los análisis internacionales. Según el informe de Carnegie Endowment de 2022, Erdogan ha incrementado su apoyo a organizaciones islamistas tanto dentro como fuera del país, como una estrategia de consolidación política.

Así, desde la cosmovisión de Coskun, su acto no fue religioso sino ideológicamente político. Esta distinción, sin embargo, fue diluida por la forma abierta y ofensiva en que se manifestó. Es decir, incluso si el objetivo fuera político, los métodos utilizados tienen un impacto religioso directo.

¿Una amenaza a la democracia o un freno necesario?

El propio primer ministro Keir Starmer se vio envuelto recientemente en otro conflicto: una serie de incendios intencionados en tres propiedades vinculadas a él. Aunque no hubo víctimas, la policía trató los hechos como intentos de intimidación política y, por ello, delegó la investigación al escuadrón antiterrorista.

Los incidentes, supuestamente perpetrados por ciudadanos de origen ucraniano, han desatado suspicacias sobre la posible intervención extranjera, hasta el punto de que el gobierno ha tenido que desmentir relaciones con el Kremlin.

Irónicamente, mientras Starmer denuncia los ataques a su domicilio como un golpe a la “democracia”, su gobierno es criticado por suprimir expresiones —aunque extremas— de propiedad política, como en el caso Coskun. ¿Hay una incoherencia entre los discursos políticos y las acciones judiciales?

Voces moderadas y el rol de las minorías

El caso también ha generado tensión dentro de comunidades musulmanas en Reino Unido. Para muchos líderes islámicos, actos como el de Coskun no solo son blasfemos, sino incitación potencial a delitos de odio que pueden generar violencia contra creyentes.

Sin embargo, asociaciones musulmanas moderadas han expresado su preocupación por cómo reaccionar a estos eventos sin caer en la represión. Khaled Al-Qasim, portavoz del Consejo Islámico de Reino Unido, declaró: “Debemos defender la dignidad de nuestra fe sin caer en la trampa de exigir censura preventiva. Nuestra respuesta debe ser educativa, no punitiva”.

Democracia y libre expresión en la era digital

Mucho del debate gira en torno a cómo las democracias liberales pueden mantener sus valores fundamentales en un entorno crecientemente polarizado. Con el surgimiento de las redes sociales como nuevas plazas públicas, los casos como el de Coskun se magnifican no solo a nivel nacional, sino global.

El peligro radica en que estos actos extremos pueden ser usados por grupos extremistas de ambos lados para alimentar agendas de odio. La libertad de expresión, lejos de ser una garantía sin límites, debe ser equilibrada con la responsabilidad social: un debate tan antiguo como la Ilustración, pero más vigente que nunca.

Un dilema sin solución sencilla

El caso de Hamit Coskun no tiene respuestas fáciles. Su acto fue sin duda ofensivo. Pero ¿debe un Estado democrático censurar o penalizar la expresión radical, incluso si no hay violencia directa? ¿Cuál es la diferencia entre una crítica agresiva y un discurso de odio?

En este nudo se entretejen jurisprudencia, cultura, religión y política exterior. Y aunque el veredicto judicial la ha penalizado como un acto de desorden público, la discusión ética y legal recién comienza. De momento, Europa sigue debatiendo si debe proteger a las religiones —o a las personas— de la irreverencia ideológicamente agresiva, sin cruzar la frontera hacia la censura sistemática.

¿Es esto una defensa de la civilidad pública o un retroceso silencioso hacia formas de censura religiosa? Solo el tiempo —y las futuras apelaciones— lo dirán.