De recortes, rescates y restricciones: El nuevo rumbo conservador de la administración Trump

Pretensiones fiscales con dimensión ideológica

El martes, la Casa Blanca de Donald Trump solicitó formalmente al Congreso la rescisión de 9.400 millones de dólares en gastos previamente aprobados. Este procedimiento, conocido como rescisión presupuestaria, implica un retorno simbólico y real de los tiempos del control fiscal radical que muchos republicanos, sobre todo los del Freedom Caucus, han exigido desde hace años. Pero la narrativa de simple “ahorro” económico oculta una estrategia mucho más profunda: una reestructuración del modelo de gasto del Estado en función de una agenda ultraconservadora impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), actualmente liderado por Elon Musk.

¿Qué es la rescisión de fondos y qué implica?

La rescisión es una herramienta administrativa legalizada por la Ley de Control de Impugnaciones de 1974. Esta permite al presidente proponer al Congreso la retirada de fondos ya asignados, aunque el Legislativo debe aprobar dicha solicitud en un plazo de 45 días. El intento de Trump no es el primero, pero sí uno de los más ambiciosos por su trasfondo ideológico y su marcado componente de confrontación cultural.

Según Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, el director de presupuesto Russ Vought —descrita por ella como un “halcón fiscal respetado”— liderará más acciones similares: "Tiene las herramientas a su disposición para generar aún más ahorros".

¿Qué programas están en la mira?

• 8.300 millones de dólares del Departamento de Estado y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
• Fondos federales para NPR y PBS, medios de tendencia progresista
• $750.000 para un programa contra la xenofobia en Venezuela
• $67.000 para la alimentación con polvo de insectos en Madagascar
• $3 millones para salud sexual en Zambia (circuncisiones, vasectomías y preservativos)

Estos ejemplos, seleccionados con intención política, forman parte de una narrativa: terminar con lo que la administración considera “malgasto liberal” y iniciar un periodo de ahorro alineado con valores conservadores.

El impacto real: ¿cambio estructural o espectáculo político?

Desde un punto de vista económico, la rescisión representa apenas el 0.1% del gasto anual previsto por el gobierno federal, que ronda los 7 billones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Su valor, por tanto, es más simbólico e ideológico que realmente estructural.

Bobby Kogan del Center for American Progress acusó que la administración ya estaba impidiendo ilegalmente ciertos fondos: “Retener dinero siempre ha sido ilegal sin aprobación explícita del Congreso”. Pero Vought lo negó: “No estamos rompiendo la ley… simplemente tenemos una interpretación diferente de la Constitución que algunos demócratas”.

Una jugada política para consolidar la visión de Musk

Este esfuerzo se enmarca en una nueva era de gobierno marcada por la influencia del excéntrico CEO Elon Musk, cuyo DOGE busca impulsar una eficiencia extrema del Estado, despojando financiamientos a proyectos sociales, culturales y multilaterales. Musk denominó el actual plan fiscal del Congreso como una “abominación repugnante” por no reducir significativamente el déficit federal y manter subvenciones que considera innecesarias.

El respaldo del Freedom Caucus demuestra que esta no es una acción aislada: “Apoyaremos tantos paquetes de recortes como la Casa Blanca pueda enviar en las próximas semanas y meses”, señalaron en comunicado, pidiendo al presidente de la Cámara, Mike Johnson, una “rápida aprobación”.

Florida y la cruzada contra las redes sociales

En línea con esta ofensiva conservadora nacional, Florida ha sido terreno fértil para el avance regulatorio ideológico. En 2024, el gobernador Ron DeSantis firmó una de las leyes más restrictivas sobre redes sociales: prohibir cuentas para menores de 14 años y requerir consentimiento parental hasta los 16.

Sin embargo, el juez federal Mark Walker frenó temporalmente varias cláusulas de la ley, declarándolas “probablemente inconstitucionales” por afectar la libertad de expresión de los jóvenes. Esta decisión fue celebrada tanto por NetChoice como por la Computer & Communications Industry Association (CCIA). “Este fallo valida que la ley de Florida bloquea y restringe el acceso a contenidos legales, violando la Primera Enmienda”, señaló Matt Schruers, presidente de CCIA.

Pugna judicial en puerta

En respuesta, la fiscalía general de Florida anunció que apelará la decisión en la Corte de Apelaciones del 11° Circuito. Su vocero, Jae Williams, expresó: “Estas plataformas no tienen derecho constitucional a volver adictos a los niños”. Esta retórica muestra que la ley no es sólo una política pública, sino parte de una guerra cultural más amplia, donde se busca reforzar el poder parental sobre las tecnologías digitales y cuestionar la neutralidad política de las grandes tecnológicas.

Entre la censura y la protección infantil

Los argumentos detrás de la ley apelan a estudios que conectan el uso excesivo de redes sociales con aumentos en depresión y ansiedad entre adolescentes. Un reporte de Common Sense Media de 2023 indicó que el 59% de los adolescentes estadounidenses usan redes más de 4 horas diarias, y un 32% considera que afectan negativamente su salud mental.

Sin embargo, el desafío está en equilibrar la protección con los derechos constitucionales. El fallo del juez Walker mantiene vigente la cláusula que permite a los padres exigir el cierre de cuentas de menores de hasta 16 años, pero bloquea la prohibición total para menores de 14.

¿Un patrón o coincidencia?

Estos eventos —recortes presupuestarios con motivación ideológica y restricciones a la actividad digital infantil— reflejan un patrón: una reconversión conservadora del Estado federal y legislaciones locales que van más allá de la gestión técnica y buscan reformular la esfera pública. Desde limitar ayudas internacionales hasta vigilar plataformas privadas, todo indica una redefinición del rol del gobierno bajo la bandera del “orden financiero” y la moral tradicional.

¿Qué viene después?

La administración Trump ha dejado claro que estos movimientos son apenas el comienzo. Más paquetes de rescisión, más regulaciones morales y más desafíos judiciales perfilan el clima político de 2025, donde la resistencia liberal ya se reorganiza y promete fuertes contraataques.

Entre tanto, la sociedad civil, los medios y los tribunales desempeñarán un papel esencial en resolver el dilema del momento: ¿hasta dónde puede un gobierno imponer una visión ideológica desde el poder ejecutivo y el legislativo?

Este pulso entre ideología, economía, legalidad y tecnología define no sólo el futuro cercano de Estados Unidos, sino el modelo de democracia que está dispuesto a defender… o reconvertir.