Trump vs. Miles Taylor: ¿Retribución presidencial o abuso de poder?

Una orden presidencial sin precedentes que sacudió Washington

El 9 de abril, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando titulado "Addressing Risks Associated with an Egregious Leaker and Disseminator of Falsehoods", en el que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional investigar al exfuncionario Miles Taylor. La acusación: filtrar supuestamente información confidencial para escribir un libro crítico hacia la presidencia de Trump.

Esto no es simplemente una controversia más en el entorno de Trump —es una alarma sobre el uso del poder presidencial para perseguir a críticos políticos. Tal como lo alertó el propio Taylor: “Es un precedente realmente aterrador”.

¿Quién es Miles Taylor?

Miles Taylor fue jefe de gabinete en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la primera administración de Trump. En 2018, escribió un anónimo editorial en The New York Times afirmando ser parte de una “resistencia interna” que pretendía mitigar los impulsos más peligrosos del entonces presidente.

La publicación causó un terremoto mediático. Posteriormente, Taylor reconoció públicamente ser el autor y publicó el libro "Blowback", donde advierte de los riesgos que implicaría un regreso de Trump al poder.

Trump contra sus críticos: una historia repetida

Desde sus primeros días en la Casa Blanca, Donald Trump mostró una inclinación por tomar represalias contra quienes lo criticaban dentro y fuera del gobierno. En 2020, despidió a Chris Krebs —jefe de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)— luego de que este afirmara públicamente que las elecciones habían sido seguras y libres de fraude.

El caso de Taylor representa una continuación de esta estrategia, pero con una novedad alarmante: una orden presidencial formal dirigida a empleados actuales para destituir y castigar a un ciudadano privado que ya no forma parte del gobierno.

¿Se está violando la Primera Enmienda?

Uno de los puntos que más inquietan de este caso es la posible violación de derechos constitucionales fundamentales. Abbe Lowell, abogado de Taylor, argumentó en una carta enviada a los inspectores generales de los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional que la orden presidencial busca únicamente castigar a Taylor por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La carta señala que el memorando no especifica ninguna conducta ilegal por parte de Taylor. Simplemente lo etiqueta como “traidor” y ordena revisar su historial para despojarlo de sus credenciales de seguridad.

“No he cometido ningún crimen. Es extraordinario que me estén investigando sin saber cuál crimen se me imputa, porque sencillamente, no lo hay”, declaró Taylor.

Impacto personal y profesional

Desde la emisión del memorando, Taylor ha sufrido un verdadero colapso en su vida personal. Asegura haber recibido amenazas, su casa fue doxeada —es decir, se expuso públicamente su ubicación— y ha debido crear un fondo para cubrir los gastos legales.

Su esposa volvió al trabajo para ayudar financieramente, y varios colegas cercanos perdieron sus empleos en el gobierno federal por su vínculo con él. Como remata en la entrevista: “La alternativa era quedarse callado y rendirse, y eso enviaría un mensaje muy peligroso”.

Retribución política: ¿una tendencia o una excepción?

Expertos legales consultados por medios estadounidenses advierten que esta práctica puede instaurarse como una forma de represalia instrumentalizada desde el cargo más alto del país. El mismo abogado Lowell considera que este acto representa un claro abuso de poder y un gran precedente para futuras administraciones.

Históricamente, casos como el de la lista de enemigos de Richard Nixon durante el escándalo de Watergate han dejado huellas imborrables en la memoria institucional del país. No obstante, lo que distingue el caso actual es que Trump ha formalizado y públicamente justificado esta “venganza política”.

Tensión con el sistema de justicia

Los inspectores generales —funcionarios independientes encargados de supervisar posibles irregularidades dentro del sistema ejecutivo— fueron instados por Taylor a actuar con celeridad. Hasta ahora, la Casa Blanca ha desestimado el reclamo, asegurando que Taylor “abusó de su cargo” y que su conducta fue contraria al juramento constitucional.

Pero mientras los procesos internos avanzan lentamente, crece la presión pública y legal. Según Lowell, si el informe de los inspectores generales no lleva a una revocación de la orden, el equipo legal de Taylor no descarta presentar una demanda federal basada en violaciones a las enmiendas Primera y Quinta.

¿Qué dice la opinión pública?

Diversos analistas políticos han señalado que la estrategia de Trump busca animar a su base más leal. Según un sondeo de Pew Research en 2023, el 61% de los votantes republicanos cree que funcionarios del “estado profundo” intentan socavar a líderes como Trump desde dentro.

Para un sector de la población, castigar a críticos como Taylor es una acción justificada. Pero para otros, representa la consolidación de un autoritarismo peligroso y una amenaza directa a la democracia.

El miedo como herramienta política

El uso del miedo no es nuevo en política. Desde mecanismos de censura en democracias emergentes, hasta purgas burocráticas en regímenes totalitarios, la coacción del disenso es una táctica conocida y documentada.

En el caso estadounidense, esta línea divisoria parecía más clara. Sin embargo, acciones como esta cuestionan el supuesto equilibrio de poderes y colocan a la figura presidencial por encima de los controles institucionales. Taylor lo resume con crudeza: “Estamos viendo cómo se cruzan las líneas que nunca deberían cruzarse en democracia”.

Silencio o resistencia

El caso Miles Taylor no es sólo una disputa individual entre un presidente y un exfuncionario. Es una prueba para la resiliencia institucional, para la capacidad de rendir cuentas y para la protección de los derechos democráticos frente a la arbitrariedad del poder.

Cuando hablar se convierte en delito, la libertad entra en pausa. Taylor, al parecer, ha optado por hablar, aun sabiendo que podría pagar un alto precio. Todo Estados Unidos —y el mundo— observa ahora cómo su país responde ante esta encrucijada.