El precio de la selva: Cómo la retirada de ayuda de EE. UU. amenaza a los pueblos indígenas del Amazonas
Los recortes drásticos a la USAID ponen en riesgo décadas de logros en defensa ambiental y derechos humanos en Perú
El fin de una alianza vital
Durante más de cuarenta años, los pueblos indígenas del Amazonas peruano contaron con un aliado clave en su lucha por la defensa del territorio: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La ayuda financiera, técnica y política brindada por EE. UU. fue esencial no solo para combatir el narcotráfico, sino también para fortalecer la autonomía indígena, defender derechos humanos y proteger uno de los pulmones verdes del planeta.
Sin embargo, la llegada del segundo mandato de Donald Trump y la creación del llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), liderado por Elon Musk, puso en jaque esa solidaridad histórica. La casi eliminación de USAID generó un efecto dominó que amenaza con desarticular años de progreso.
La experiencia de Miguel Guimaraes Vásquez
Uno de los rostros visibles de esta lucha es Miguel Guimaraes Vásquez, indígena de la etnia Shipibo-Konibo y vicepresidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana. Por años, ha trabajado bajo amenazas de muerte por parte de narcotraficantes y con recursos provenientes de USAID para proteger la selva peruana y capacitar comunidades en cultivos legales como café y cacao.
“No tenemos ya el respaldo del gobierno estadounidense. Las amenazas pueden aumentar peligrosamente”, advirtió Vásquez con preocupación.
Un programa de décadas atacado por ideología
USAID no solo financiaba iniciativas agrícolas sostenibles. También destinaba fondos para:
- Procesar judicialmente crímenes contra defensores indígenas y ambientales.
- Lograr acceso de comunidades a mercados internacionales de comercio justo.
- Formar líderes indígenas en derechos humanos y medioambiente.
- Presionar a gobiernos para asegurar el consentimiento libre, previo e informado en megaproyectos.
No obstante, la administración de Trump y Musk consideró que la agencia promovía una agenda liberal globalista. Los recortes comenzaron en enero y, en menos de tres meses, USAID fue desmantelada. Esto dejó a cientos de proyectos sin financiamiento y a miles de trabajadores despedidos.
Impacto inmediato en el Amazonas
En el ámbito peruano, las consecuencias fueron inmediatas:
- La asociación de Vásquez perdió un fondo de 2,5 millones de dólares para combatir la criminalidad en zonas indígenas.
- El gobierno de Perú aceleró el desmonte de derechos territoriales ancestrales.
- Organizaciones que asisten a víctimas están siendo acusadas de delitos por ayudar a demandar al poder público.
- El mercado del cultivo de coca se ha disparado nuevamente en distritos claves de la Amazonía.
“Habíamos logrado reducir la producción de coca en nuestras comunidades. Eso era gracias a USAID. Hoy, los sembríos ilegales han regresado”, lamenta Vásquez.
¿Qué era USAID realmente?
Fundada en 1961 por orden del presidente John F. Kennedy, la agencia buscaba canalizar la ayuda al desarrollo como instrumento diplomático. Para 2024, administraba un presupuesto de 35 mil millones de dólares, una fracción ínfima (
Su presencia llegaba a 100 países y era crucial para mitigar desplazamientos forzados, apoyar el desarrollo económico y, en el caso sudamericano, reducir incentivos para migrar irregularmente hacia el norte.
“La voz indígena fue silenciada”
Vy Lam, exempleado de USAID, fue uno de los últimos asesores en materia de pueblos indígenas. Fue despedido en marzo de 2025. Según afirma:
“Teníamos la capacidad de convocar y de negociar condiciones más justas. Esa fuerza se ha perdido por completo”.
Bajo el gobierno de Biden se había creado una posición exclusiva para representar los intereses indígenas ante organismos como el Banco Mundial. El puesto, sin embargo, quedó vacante tras los recortes, y con ello murió una voz clave.
Amenazas multidimensionales
Los pueblos originarios no solo enfrentan a narcotraficantes. También lidian con:
- Empresas mineras que avanzan sin su consentimiento.
- Gobiernos que recortan derechos territoriales para atraer inversión extranjera.
- Falta de representación política a nivel nacional.
El poder de coacción diplomática que USAID ejercía sobre gobiernos (como condicionar préstamos de bancos multilaterales al respeto de derechos indígenas) ya no existe.
Un poder simbólico también silenciado
Uno de los últimos programas cancelados fue una subvención de $1,75 millones al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Esta iniciativa permitía que víctimas de violaciones a derechos humanos viajaran a foros globales a testificar y recibir formación.
“Es injusto. La mayoría de los que recibían esa ayuda son testigos directos, muchas veces víctimas de despojo o violencia estatal. Ahora no podrán contar sus historias”, dijo Morse Flores, secretario del fondo.
Contexto político: una agenda interna proyectada globalmente
Los recortes de DOGE se enmarcaron en una política más amplia de reducción radical del gasto público defendida por los republicanos como parte del programa «America First».
El senador Marco Rubio, actual Secretario de Estado, justificó los recortes diciendo:
“La cooperación internacional debe proteger nuestros intereses nacionales. USAID se desvió de su misión original. Ganamos poco y gastamos mucho”.
La falta de acción y respuesta política
La Casa Blanca no ha comentado oficialmente sobre los despidos ni sobre la cancelación de contratos. No obstante, legisladores como Tim Rieser calificaron las medidas como un “retroceso inconsciente”.
“Durante décadas logramos proteger bosques, evitar guerras territoriales y empoderar a comunidades marginadas. Todo eso se ha esfumado de un plumazo”, aseguró.
Una selva militarizada sin testigos
Sin monitoreo internacional, los informes de criminalización de líderes ambientales se han duplicado. En regiones como Ucayali y Madre de Dios, activistas desaparecen sin rastros.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú documentó tres asesinatos de defensores indígenas en lo que va de 2025. Sin USAID, no hay abogados o fondos para representar a sus viudas o investigar las muertes.
¿Y ahora qué?
Los pueblos indígenas reclaman una renovación internacional de compromisos. Países como Canadá, Noruega o Alemania podrían intervenir para llenar el vacío dejado por EE. UU. ante amenazas climáticas y de narcotráfico transnacional.
“Si los gobiernos no protegen los derechos ecológicos e indígenas, el problema no será solo nuestro. Habrá más coca, más migración forzada y menos Amazonía”, sentenció Vásquez.
La historia de la Amazonía está lejos de su final. Pero sin solidaridad internacional, podría escribirse con violencia, tala ilegal y olvido.