El Instituto de Paz bajo asedio: el experimento autoritario de Musk y Trump en el gobierno estadounidense

Una tormenta anunciada: el regreso de la política más agresiva de Trump

En su segundo mandato, Donald Trump ha recurrido con firmeza a muchas de las políticas que definieron su gobierno anterior, pero ahora lo hace con una maquinaria más refinada y con aliados estratégicos en lugares insospechados. Entre las instituciones víctimas recientes se encuentra el Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), emblemático proyecto de la era Reagan fundado para promover soluciones pacíficas y diplomáticas a los conflictos internacionales.

Este organismo, que funcionaba como un centro de investigación y política exterior no partidista, fue blanco de una operación fulminante liderada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un cuerpo adoctrinado con la visión tecno-autoritaria atribuido en su diseño a Elon Musk, ahora con influencia política directa.

¿Qué es el Instituto de Paz y por qué fue atacado?

Fundado mediante una ley firmada en 1985 por Ronald Reagan, el USIP es una organización independiente sin fines de lucro, financiada por el Congreso, dedicada a promover la paz mundial. A diferencia de otras entidades diplomáticas como el Departamento de Estado, el Instituto desarrollaba misiones y programas dúctiles en regiones de conflicto sin seguir los canales burocráticos tradicionales.

Para 2024, el Instituto estaba presente en 26 zonas de conflicto, incluyendo países como Afganistán, Pakistán, Mali y Burkina Faso. Entre sus estrategias destacadas se cuentan programas de prevención del extremismo, empoderamiento juvenil y alianzas con organizaciones civiles locales.

La orden ejecutiva 14217 firmada por Trump el 19 de febrero, bajo el pretexto de "reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal", identificó al USIP como una entidad prescindible, sin importar sus décadas de funcionamiento y un presupuesto anual de $50 millones.

La sofisticación del golpe: DOGE y su manual de asaltos institucionales

Lo ocurrido en el USIP sirve como ejemplo de la nueva estrategia usada por DOGE para desmontar estructuras sin respaldo partidista. Según testimonios y documentos judiciales, este protocolo incluye:

• Irrupción física en las instalaciones del organismo
• Toma del control de sistemas informáticos
• Despido fulminante del liderazgo
• Nombramiento de ejecutivos vinculados a DOGE

Este método fue ejecutado la noche del 28 de marzo, cuando 300 empleados del USIP recibieron sus cartas de despido, en riguroso orden alfabético, a través de correo electrónico. Previamente, ya se había removido ilegalmente a la mayoría de su junta directiva.

George Moose, exembajador y presidente interino del instituto, y George Foote, su asesor legal, intentaron resistir argumentando que el organismo no pertenecía al Ejecutivo. En vano. Rápidamente, la sede fue ocupada con ayuda del FBI y la policía de Washington.

El desconcierto legal y un fallo histórico

La batalla legal no se hizo esperar. La jueza federal Beryl A. Howell cuestionó duramente en audiencias el accionar de DOGE, calificando la operación como la de “un toro en una tienda de porcelana”. El 19 de mayo, Howell dictaminó que los despidos de la junta, el nombramiento de un presidente alterno y el traspaso del edificio eran “nulos y sin efecto” por haberse ejecutado sin seguir los procedimientos legales establecidos.

“En la creación de esta organización, el Congreso equilibró cuidadosamente la responsabilidad política con la independencia partidista” – Jueza Howell

El fallo planteó una disyuntiva aún más profunda: ¿es el Instituto de Paz parte del Poder Ejecutivo? Howell concluyó que no lo era, dado que su función es educativa, analítica y consultiva, y no ejecuta poder gubernamental directo. Apenas dos días después, el gobierno apeló la decisión.

La realidad sobre el terreno: oficinas cerradas y fondos congelados

Aunque el fallo devolvió el control formal a la junta original del USIP, la reconstrucción institucional se ha convertido en un laberinto. Solo un 10% del personal ha podido reincorporarse, dedicándose a tareas como mantenimiento de infraestructura, reparaciones urgentes y restauración de sistemas informáticos y de seguridad.

Los fondos aún no están completamente disponibles, ya que parte del presupuesto anual y del fondo de dotación fue transferido ilegalmente durante la ocupación. Esto mantiene a los empleados en condición de “furlough” (suspensión temporal sin sueldo), y ha forzado el cierre de todas las oficinas en el extranjero.

Nicoletta Barbera, directora interina para África Occidental y Central, explicó con preocupación:

“Teníamos operativos en Burkina Faso, Mali y Níger enfocados en la prevención del terrorismo. Ellos, de la noche a la mañana, quedaron sin respaldo ni contactos. Y entonces ocurrieron ataques donde fueron asesinadas cientos de personas” – Barbera

Más allá del Instituto: un experimento de control autoritario

El tratamiento brutal dado al Instituto de Paz parece hacer parte de un ensayo institucional más amplio. En tan solo cuatro meses, cientos de empleados del gobierno federal han presenciado cómo DOGE ha duplicado su estrategia en otras agencias, buscando eliminar todas aquellas con autonomía funcional o ideológica.

La visión de Trump en esta etapa, apoyada por la “eficiencia empresarial” de Elon Musk y ejecutada por operadores sin escrúpulos, representa una amenaza real a la independencia de los organismos no partidistas. Al final, se impone la lógica del mercado y la verticalidad corporativa sobre valores fundacionales como la diplomacia, la paz o los derechos humanos.

No sorprende que el fallo legal, a pesar de ser una victoria técnica, se enfrente a una realidad contradictoria: sin recursos, sin personal y sin confianza institucional, cualquier intento de devolución tiene probablemente sabor a victoria pírrica.

¿El nuevo rostro de la represión política?

En el mismo horizonte autoritario, destaca también el reciente dictamen del Tribunal Supremo que allana el camino para juicios por “discriminación inversa”. En fallo unánime, el tribunal admitió que personas blancas o heterosexuales pueden demandar bajo el Título VII de Derechos Civiles sin tener que cumplir requisitos adicionales como antes. Es un paso más en la erosión del progreso en derechos civiles, camuflado bajo el velo de la igualdad formal.

En conjunto, estas acciones desenmascaran una estrategia deliberada de erosión institucional y moral del tejido democrático, donde la lealtad partidista sustituye a las credenciales, la “eficiencia” reemplaza la justicia, y el caos administrativo se vuelve un fin estratégico.

“Podremos volver a operar, pero no podremos volver a ser quienes éramos antes de esto”, dijo George Moose. Y en esa frase se resume el drama profundo de una institución que buscaba construir paz y fue víctima de una guerra entre ideologías irreconciliables dentro de la misma nación.