¿Libertad de prensa o privilegio presidencial? El delicado equilibrio en el acceso a la Casa Blanca
Una batalla legal entre la agencia AP y la administración Trump reabre el debate sobre la censura, el favoritismo mediático y la Primera Enmienda en Estados Unidos
En mayo de 2025, un fallo judicial revivió una de las tensiones más persistentes de la democracia estadounidense: el eterno tira y afloja entre la libertad de prensa y el poder del presidente de turno. En una decisión dividida 2-1, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Washington concedió al expresidente Donald Trump una suspensión temporal de una decisión judicial previa que establecía que su gobierno había castigado de forma inconstitucional a Associated Press (AP) por el contenido de su cobertura.
¿La disputa? El "Gulf of America"
Puede parecer anecdótico, incluso absurdo, pero el origen del conflicto fue un desacuerdo lingüístico con fuertes implicaciones ideológicas. AP decidió seguir refiriéndose al "Golfo de México" con su nombre tradicional, mientras que Trump exigía que se denominara el "Golfo de América". En represalia, la administración restringió el acceso de los periodistas de AP a eventos presidenciales, como reuniones en la Oficina Oval y viajes en el Air Force One.
"Se negaron a decir la verdad sobre el GULFO DE AMÉRICA. ¡NOTICIAS FALSAS!", exclamó Trump en la red Truth Social, celebrando la resolución como una gran victoria.
Un precedente inquietante: ¿puede el presidente discriminar por perspectiva?
El meollo legal de esta disputa descansa sobre la doctrina del “viewpoint discrimination”, o discriminación por punto de vista. Es decir, si el Estado puede restringir derechos (como la participación en cobertura informativa) basándose en la perspectiva política de un medio o periodista.
La jueza disidente Cornelia T.L. Pillard, nominada por Barack Obama, expresó su preocupación: “No hay una base justificada para eximir la Oficina Oval de los principios que prohíben la discriminación por perspectiva”.
En cambio, los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao —ambos nominados por Trump— señalaron que el presidente tiene amplios poderes para decidir quién entra a los espacios más reducidos y simbólicamente protegidos de la Casa Blanca. Así lo expresó Rao de forma contundente: “La Oficina Oval es del Presidente, sobre la cual tiene control absoluto y discrecional…”
¿PRESIDENCIA o MONARQUÍA INFORMATIVA?
Aunque parezca una victoria menor en una batalla semántica, esta decisión judicial establece un precedente que podría normalizar la segmentación de la prensa en Estados Unidos según su afinidad ideológica.
Como advertía Pillard en su opinión disidente:
“No es difícil imaginar futuras administraciones republicanas limitando el acceso a Fox News, y demócratas a MSNBC. Esto erosionaría la esencia de una prensa libre”.
Además, el riesgo latente es el de un “efecto de enfriamiento” – cuando los periodistas se autocensuran por temor a perder acceso, debilitando su capacidad para informar objetivamente.
El acceso a la Casa Blanca: ¿un privilegio selectivo?
Durante décadas, las agencias noticiosas —incluida AP— han participado en el llamado “pool” de prensa en la Casa Blanca, un sistema colaborativo que permite cubrir eventos donde el espacio físico es limitado. La exclusión de AP no solo alteró ese ecosistema, sino que también abrió las puertas a medios más alineados con las ideas del expresidente, muchos de ellos nuevos y menos regulados.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump, celebró el fallo como un triunfo contra los “medios decadentes” y prometió dar más acceso a medios “amigos”.
Para analistas como Brookings Institution y derechos constitucionales estudiados por Columbia Journalism Review, esto podría ser el inicio de una nueva doctrina de favoritismo institucionalizado que comprometa la neutralidad del aparato gubernamental.
Postura histórica: libertad de prensa bajo amenaza
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que "el Congreso no hará ninguna ley... que limite la libertad de expresión o de prensa”. Sin embargo, la interpretación de esta cláusula ha variado a lo largo de la historia. Aquí algunos antecedentes relevantes:
- 1964 - New York Times v. Sullivan: La Corte Suprema estableció que se necesita probar “malicia real” para demandar a un medio por difamación pública.
- 1971 - The Pentagon Papers (New York Times Co. v. United States): El gobierno intentó detener la publicación de documentos del Pentágono. La Corte favoreció al periódico, diciendo que la libertad de prensa estaba por encima de la conveniencia gubernamental.
- 2010 - Citizens United v. FEC: Aunque no directamente sobre la prensa, expandió los derechos monetarios de entidades organizadas en el discurso político —algo que afectó indirectamente la configuración mediática.
La Casa Blanca como escenario polarizado
Desde la presidencia de Richard Nixon hasta la de Trump, la relación entre la prensa y el ejecutivo ha oscilado entre cordialidad armada y enfrentamientos frontales. Pero Trump llevó esta tensión a una nueva intensidad, denominando abiertamente a la prensa como “enemigos del pueblo estadounidense” y estableciendo canales comunicativos paralelos a los medios tradicionales.
Aunque estudios indican que Trump ha ofrecido más “momentos de prensa” informales que otros presidentes, lo ha hecho en ambientes controlados y casi siempre rodeado de medios afines. De ahí la preocupación: el acceso real no es igual a transparencia.
¿Prensa libre o prensa leal?
El caso AP vs. Trump podría parecer trivial —una batalla simbólica por una frase geográfica— pero es solo la punta del iceberg en un debate nacional más amplio: el futuro de la información libre, diversa y crítica frente a gobiernos con crecientes impulsos autoritarios.
Lo dijo el periodista Edward R. Murrow: “Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”. La vigilancia, el disenso y la capacidad informativa son elementos fundamentales para mantener viva una democracia. Nada pone más en peligro esa estructura como el acceso condicionado o la discriminación editorial.
Ahora, a la espera de que el caso se vea a profundidad por un tribunal federal completo, las organizaciones de derechos civiles y libertad de prensa —como la PEN America y la Reporters Committee for Freedom of the Press— se preparan para defender lo que consideran una línea roja en la ética y funcionalidad del gobierno democrático.
Porque lo que comienza con negarle un asiento a una agencia en el Air Force One, puede terminar con un silencio que afecta a millones.