¿Racismo institucional y retrocesos ambientales?: Las peligrosas prioridades del trumpismo

Un ataque frontal contra las herramientas de justicia civil

Durante décadas, el concepto de disparate impact (impacto dispar) ha sido un pilar de la legislación en derechos civiles en Estados Unidos. Aprobado inicialmente en 1971 por la Corte Suprema y establecido formalmente en la Ley de Derechos Civiles de 1991 (Título VII), este concepto permite combatir prácticas laborales que, siendo neutrales en apariencia, afectan desproporcionadamente a determinados grupos raciales, étnicos o de género.

Sin embargo, la reciente orden ejecutiva de Donald Trump, emitida el 23 de abril, busca eliminar el uso de esta herramienta en todas las agencias federales "en la mayor medida posible". Al calificar al disparate impact como una “herramienta clave de un movimiento pernicioso” que socava la meritocracia, Trump busca debilitar uno de los mecanismos legales más efectivos para combatir la discriminación oculta y sistemática.

El caso Sheetz: un ejemplo de discriminación estructural

En abril de 2024, bajo la administración Biden, la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) presentó una demanda contra la cadena de tiendas Sheetz por presunta discriminación racial. La compañía mantenía una política de background checks que automáticamente descalificaba a quienes tuvieran antecedentes penales, lo que afectaba de manera desproporcionada a solicitantes negros, nativos americanos y multirraciales.

Según la demanda, el 14.5% de los solicitantes afroamericanos fueron rechazados bajo esta política, frente al 8% de solicitantes blancos. Para nativos americanos y multirraciales, el rechazo fue del 13% y 13.5%, respectivamente. La medida, aunque aparentemente neutral, impuso una barrera artificial que no estaba relacionada con las capacidades laborales necesarias para los puestos.

Ahora, tras la orden ejecutiva de Trump, la EEOC ha iniciado el proceso para retirar la demanda. No obstante, organizaciones como el Public Interest Law Center y el bufete Outten & Golden están intentando intervenir para continuar con el caso como una demanda colectiva en nombre de los afectados.

La eliminación sistemática: no es solo Sheetz

El caso Sheetz no es único. A través del tiempo, varias corporaciones han sido responsabilizadas mediante demandas que usan la lógica del impacto dispar. Por ejemplo:

• En 2018, Target pagó más de $3.7 millones y cambió su política para evitar descalificar automáticamente a solicitantes con antecedentes penales.
• En 2020, Walmart acordó pagar $20 millones tras ser acusado de excluir a mujeres por una prueba de fuerza física.
• En 2022, Sterling Jewelers llegó a un acuerdo de $175 millones por prácticas injustas de compensación y promoción que afectaban a 68,000 mujeres.

La eliminación del disparate impact podría cerrar la puerta a este tipo de litigios futuros.

El giro conservador de la EEOC

Actualmente, la EEOC está dominada por comisionados republicanos que priorizan casos individuales de discriminación intencional, en detrimento de los casos sistemáticos o estructurales. Andrea Lucas, jefa interina de la comisión, ha declarado que se despriorizarán los casos basados en impacto dispar.

“Las compañías no deberían esperar que tendrán carta blanca para discriminar simplemente porque el gobierno federal deja de actuar”, dijeron diez ex comisionados demócratas en una carta dirigida al sector privado.

Esto marca un cambio drástico respecto a la administración de Obama, que promovía activamente políticas basadas en evidencia estadística.

El otro frente: retroceso ambiental y el derecho a saber qué respiramos

Mientras eso sucede en el frente legal laboral, otra dimensión del retroceso de las políticas progresistas se ve en el ámbito ambiental. En Indiana, ciudadanos como la maestra Abbie Brockman están tratando de llenar el vacío que deja la retirada de normativas ambientales mediante la instalación de sus propios medidores de calidad del aire y del agua.

Miles de dispositivos de monitoreo que habían sido financiados por subvenciones federales están ahora en riesgo tras intentos de la Administración Trump de eliminar registros de gases de efecto invernadero. Este registro, instaurado en 2009 durante la presidencia de Barack Obama, ha sido clave para que más de 10,600 instalaciones, desde refinerías hasta universidades, reporten emisiones.

Gracias a esta regla, las emisiones en plantas de carbón han caído un 60% desde 2010. Incluso Walt Disney World reportó una reducción del 62% en sus emisiones. Pero ahora Trump busca eliminar esta exigencia “por ser onerosa para la industria”.

Una amenaza a la salud pública en las comunidades desfavorecidas

La eliminación de estas normas no solo tiene implicancias climáticas, sino también sociales y raciales. Según un estudio de Penn State, cerca del 40% del territorio estadounidense no cuenta con monitoreo oficial de calidad del aire, afectando principalmente a comunidades rurales y de bajos ingresos.

El caso más simbólico es Carolina del Norte, donde una subvención de $500,000 para instalar 40 monitores en comunidades desfavorecidas fue retirada por la EPA bajo el pretexto de que estaban “enfocados en inclusión y diversidad”. La organización ambiental CleaneAIRE NC ha decidido demandar al gobierno federal por esta retirada.

La guerra contra la transparencia

Expertos como Gina McCarthy, exadministradora de la EPA, señalan que eliminar los registros de emisiones y recortes de monitoreo no es solo mala política ambiental, es también una guerra contra la transparencia.

“Nos enfrentamos a una situación en la que ni siquiera sabremos qué tan contaminado está el aire. Sin información, no hay acción posible”, dijo McCarthy.

Y en efecto, muchas de estas decisiones están motivadas por presiones industriales que quieren operar lejos del escrutinio público, incluso cuando la información recopilada ha demostrado beneficios claros en la reducción de enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso el cáncer.

¿Qué hay detrás del discurso "anti-diversidad"?

Una característica común entre los frentes laboral y ambiental es el discurso contra las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). La administración Trump ha etiquetado muchas de estas políticas como “raciales”, “innecesarias” o incluso “perniciosas”.

Pero lo cierto es que los datos cuentan otra historia: durante años, prácticas como el disparate impact o la recopilación de emisiones contaminantes han sido herramientas basadas en evidencia que permitieron compensar desigualdades estructurales jamás abordadas por otras vías.

Una advertencia para el futuro

Mientras estas decisiones marcan un retorno a la lógica del “dejar hacer” a las corporaciones, también activan a comunidades, sindicatos y ONG que buscan mantener vigente el legado de derechos laborales y ambientales ganados con esfuerzo.

Figuras como Kenni Miller, el trabajador despedido por Sheetz, o Abbie Brockman, la profesora en Indiana que organiza redes de monitores ciudadanos, son prueba de que la reacción ciudadana sigue viva, incluso ante un gobierno federal que da la espalda a la justicia racial y ecológica.

La batalla por el impacto dispar no es solo sobre empleos, es también sobre quién tiene derecho a un entorno justo y saludable para vivir. Y ahora más que nunca, estas herramientas democráticas están bajo amenaza.