¿Víctimas o culpables?: La controversial demanda de los Proud Boys por el asalto al Capitolio

Un giro judicial inesperado

El pasado viernes, una sorprendente demanda federal fue presentada en un tribunal en Orlando por cinco miembros de los Proud Boys, un grupo de extrema derecha con historial violento y vínculos con el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. Entre los demandantes se encuentra el exlíder del grupo, Enrique Tarrio, junto a Joseph Biggs, Zachary Rehl, Ethan Nordean y Dominic Pezzola.

En la demanda se alega que sus derechos constitucionales fueron violados durante el proceso legal que condujo a sus condenas. Acusan a las autoridades federales de arrestarlos sin causa probable suficiente, fabricar pruebas incriminatorias falsas y someterlos a detención previa al juicio por periodos prolongados, incluyendo aislamiento solitario.

Sin embargo, los cinco hombres son conocidos por haber sido piezas centrales en el plan para detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2020. La gravedad de estas acusaciones y sentencia contrasta con la narrativa de víctimas que buscan ahora presentar, lo que plantea una cuestión crucial: ¿son estos hombres mártires políticos o criminales conspiradores?

¿Quiénes son los Proud Boys?

Fundado en 2016 por Gavin McInnes, los Proud Boys se han descrito a sí mismos como un "club de hombres occidentales chauvinistas". No obstante, múltiples organismos, incluyendo el FBI y el Southern Poverty Law Center, los han catalogado como un grupo extremista involucrado en actos violentos con ideología ultranacionalista, antifeminista y, en ocasiones, racista.

Su reputación quedó definitivamente manchada tras su participación activa en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, donde cientos de personas irrumpieron en el edificio del Congreso con el objetivo de evitar la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., más de 1,200 personas han sido arrestadas en conexión con este suceso, y los Proud Boys ocupan un papel central entre los principales conspiradores.

Acusaciones formales y sentencias

• Enrique Tarrio: condenado por conspiración sediciosa, no estuvo físicamente presente en el Capitolio pero fue considerado instigador clave.
• Joseph Biggs, Zachary Rehl y Ethan Nordean: condenados por conspiración sediciosa y otros delitos federales graves.
• Dominic Pezzola: absuelto del cargo de conspiración sediciosa, pero condenado por robo de bienes gubernamentales (usó un escudo policial para romper una ventana del Capitolio).

Las penas oscilan entre los 10 y 22 años, aunque la mayoría recibió perdones o conmutaciones tras la vuelta de Donald Trump al poder en 2025 tras su polémico regreso electoral. El exmandatario otorgó más de 1,500 indultos totales o parciales a participantes del asalto, beneficiando especialmente a exmilitares, oficiales de policía retirados y miembros de milicias, entre ellos estos cinco Proud Boys.

La demanda: ¿una estrategia política?

La demanda presentada no tiene una suma específica en concepto de daños compensatorios, pero exige al menos 100 millones de dólares en daños punitivos, más intereses, citando aislamiento ilegal, procesos viciados y fabricación de pruebas por parte de agentes federales no identificados. Los demandantes aseguran que:

“Nunca obstruyeron el proceso en el Capitolio, ni destruyeron propiedad, ni conspiraron para obstaculizar a la policía o participaron en desórdenes civiles, ni planearon que otros lo hicieran”.

Sin embargo, esta narrativa contrasta visiblemente con los hallazgos del juicio: desde chats y mensajes intercambiados antes del ataque hasta la coordinación para movilizarse e ingresar en puntos estratégicos del recinto. Documentos del FBI prueban que se prepararon con días de antelación.

Trump y su sombra tras el 6 de enero

La figura de Donald Trump sigue siendo ineludible en estos procesos. Recientemente, el exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, declaró haber tenido un encuentro directo con Trump en Florida, agregando un matiz aún más incendiario a su relación con el exmandatario.

Mientras los demócratas lo denuncian como un acto de impunidad y complicidad con extremistas, muchos sectores del Partido Republicano han comenzado a abrazar a los participantes del asalto como mártires de la “verdadera libertad estadounidense”. Algunos de ellos incluso han postulado candidaturas políticas, con discursos centrados en el nacionalismo, populismo y “limpieza del pantano” en Washington.

El indulto masivo de Trump ha despertado debates legales y éticos sobre los límites del poder presidencial y hasta dónde puede usarse como herramienta de lealtad política en lugar de justicia distributiva.

¿Dónde queda la Constitución?

Una de las claves del debate actual gira en torno a la interpretación de los derechos constitucionales frente a actos considerados insurreccionales. La acusación de conspiración sediciosa es especialmente delicada pues se trata de uno de los delitos más graves en la legislación federal, utilizado rara vez en la historia de EE.UU.

Desde el siglo XIX, solo se ha usado en contadas ocasiones. Por ejemplo:

• 1940: Contra varios miembros del Partido Comunista.
• 1954: Contra un grupo de independentistas puertorriqueños tras atacar a congresistas en el Capitolio.
• 1987: Contra militantes radicales de izquierda extremista.

El que se haya aplicado ahora contra nacionalistas blancos marca un giro significativo. La defensa de los Proud Boys apunta a un supuesto uso político del delito sedicioso, mientras el gobierno lo ve como un deterrente histórico ante futuros intentos de insurrección.

La estrategia legal y mediática

Los Proud Boys han lanzado una ofensiva legal pero también mediática. Su narrativa se ha vuelto viral en redes y medios conservadores como Newsmax y OANN, retratándose como víctimas de la vigilancia estatal, la traición institucional y los medios “liberales”. Incluso citan la prolongada detención previa al juicio como forma de “tortura”, aunque derechos humanos no han respaldado sus versiones.

Este juego discursivo busca redibujar las líneas morales del asalto al Capitolio, aprovechando el descontento de ciertos sectores sociales hacia el establishment. Sin embargo, muchos analistas advierten del peligro de normalizar la violencia política.

Una democracia en tensión

Más allá de la legalidad de la demanda —que aún no ha sido respondida formalmente por el Departamento de Justicia—, el caso de los Proud Boys refleja una polarización sin precedentes en la historia reciente de EE.UU. Donde antes palabras como patriotismo, sacrificio y defensa de la Constitución estaban unificadas, hoy se han convertido en banderas enfrentadas.

“Estamos en territorio inexplorado”, advierte el politólogo Norman Ornstein. “Por primera vez desde la Guerra Civil, tenemos a una fracción significativa de la población dispuesta a romantizar y justificar un levantamiento armado contra el gobierno”.

El juicio a los Proud Boys y su demanda multimillonaria no solo es un capítulo más de los coletazos del 6 de enero: es la medida de cuán frágil puede volverse la institucionalidad cuando las palabras pierden su significado ante el rugido del populismo autoritario.