Fukushima, impunidad y memoria: la otra tragedia tras el desastre nuclear en Japón

Una sentencia que resuena entre los escombros nucleares

El 6 de junio de 2025, la Corte Superior de Tokio dictó una sentencia que está causando conmoción tanto dentro como fuera de Japón: los antiguos ejecutivos de la empresa Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), responsables de la gestión de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, fueron absueltos de cualquier responsabilidad monetaria por el desastre nuclear de 2011. La decisión judicial revocó el histórico fallo de 2022 que los había condenado a pagar 13 billones de yenes (alrededor de 90 mil millones de dólares).

Esta decisión, más allá de sus implicaciones legales, reabre preguntas largamente formuladas pero nunca resueltas: ¿quién paga los costos de una catástrofe cuando el causante es una corporación respaldada por el Estado? ¿Dónde quedan las víctimas? ¿Y qué nos dice esto sobre la justicia ambiental y la gobernanza corporativa en Japón y el mundo?

Fukushima: el día que tembló la confianza

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 frente a las costas de Tōhoku provocó un devastador tsunami que arrasó con comunidades costeras y llegó hasta la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Allí, las olas de más de 14 metros destruyeron los sistemas de refrigeración de los reactores, provocando fusión nuclear en tres de ellos, la liberación masiva de materiales radiactivos al aire, al agua y al suelo, y la acelerada evacuación de más de 160 mil personas.

El desastre nuclear de Fukushima ha sido considerado el peor desde Chernobyl en 1986. Más de una década después, amplias zonas continúan inhabitables y decenas de miles de personas no han podido regresar a sus hogares, afectados por la contaminación radiactiva.

Una demanda sin precedentes

En 2012, un grupo de 48 accionistas de TEPCO decidió llevar al banquillo de los acusados a cinco exdirectivos de la empresa, alegando negligencia grave por no actuar ante advertencias científicas sobre el riesgo de un tsunami. Demandaron a los ejecutivos por un monto récord de 22 billones de yenes (153 mil millones de dólares).

La base del caso radicaba en que, años antes del desastre, estudios del Instituto Nacional de Ciencias de la Tierra y Resiliencia ante Desastres ya habían advertido la posibilidad de olas superiores a los 10 metros en la región. Sin embargo, los ejecutivos desestimaron las recomendaciones de reforzar los diques y otras medidas de protección clave.

En 2022, de manera sorpresiva, el Tribunal del Distrito de Tokio falló a favor de los accionistas, ordenando a cuatro de los cinco demandados pagar 13 billones de yenes. La sentencia fue vista como un parteaguas: por primera vez en la historia moderna de Japón, altos ejecutivos eran considerados responsables financieros por una catástrofe nuclear.

El revés judicial de 2025

No obstante, la resolución reciente de la Corte Superior de Tokio anuló esa histórica decisión. El tribunal consideró que las predicciones del tsunami no constituían datos "urgentes" que justificaran medidas inmediatas y que, bajo ese argumento, los ejecutivos no pudieron prever con certeza un desastre de esa magnitud.

Esta interpretación sienta un peligroso precedente si se considera que, aun teniendo proyecciones científicas en la mesa, las autoridades corporativas pueden escudarse en la incertidumbre para no implementar medidas preventivas.

Críticas a la justicia japonesa

El abogado de los demandantes, Hiroyuki Kawai, calificó la decisión de 2025 como "injusta" y "lógicamente defectuosa", y anunció que recurrirán a la Corte Suprema de Japón. En sus palabras:

“Este fallo sugiere que nadie puede ser responsabilizado por omitir medidas de seguridad porque la predicción exacta de terremotos y tsunamis es imposible. Eso es un camino seguro hacia nuevas tragedias.”

Organizaciones antinucleares y ciudadanos de Fukushima se sintieron desamparados. “Nos están diciendo que, pese al sufrimiento que hemos vivido, no hay culpables”, dijo Mayumi Watanabe, una madre evacuada a Tokio desde la ciudad de Namie, aún parcialmente inhabitable.

Impunidad en cifras

A pesar del impacto humano y económico, hasta hoy nadie ha sido condenado penalmente por el desastre nuclear. En 2019, dos antiguos ejecutivos de TEPCO fueron absueltos en un juicio penal por negligencia profesional con resultado de muerte, en un caso simbólico que acaparó atención internacional. En 2023, el Tribunal Supremo respaldó este veredicto: el tsunami fue “impredecible”.

Por su parte, TEPCO ha recibido billones de yenes en subsidios estatales, mientras intenta desmontar los reactores en un proceso que tomará entre 30 y 40 años. El costo total del desastre supera los 80 mil millones de dólares, según datos del gobierno japonés, aunque algunos cálculos sitúan la cifra final más cerca de los 200 mil millones.

Una democracia energética en disputa

El caso TEPCO saca a la luz tensiones estructurales del sistema japonés y de muchas democracias avanzadas: el rol de las grandes corporaciones en sectores críticos como el energético, la falta de transparencia sobre los riesgos, y el desequilibrio entre los intereses ciudadanos y estatales.

Desde 2011, el movimiento contra la energía nuclear en Japón ha tenido altibajos, aunque el 60% de la población sigue oponiéndose a reactivar las centrales, según una encuesta de NHK de 2023. Aun así, el gobierno de Fumio Kishida ha respaldado la reanudación de operaciones en decenas de reactores, alegando seguridad energética y reducción de emisiones de carbono.

Cuando la memoria queda sepultada

La decisión de 2025 no sólo es polémica por eximir a ejecutivos de responsabilidad financiera, sino porque pone en riesgo la memoria colectiva en torno a Fukushima. Ignorar las lecciones del pasado condena a repetirlo, y el fallo más reciente podría fortalecer la idea de que los desastres industriales son “inevitables” en lugar de prevenibles.

El desastre de Bhopal (India, 1984), Chernobyl (URSS, 1986) y Deepwater Horizon (EE.UU., 2010) nos recuerdan lo mismo: el olvido y la impunidad muchas veces son las réplicas más mortales de una catástrofe no natural.

Un futuro bajo supervisión

Japón aún enfrenta enormes retos para garantizar la seguridad nuclear. El desmantelamiento de Fukushima Daiichi implica decenas de miles de toneladas de escombros radiactivos, cuyos residuos han empezado a liberarse al mar en forma controlada desde 2023, generando tensiones diplomáticas con Corea del Sur y China.

En un contexto global donde la energía nuclear vuelve a ponerse sobre la mesa como alternativa "verde" al cambio climático, el caso japonés se vuelve paradigmático. La seguridad de la gente no puede ser sacrificada por razones económicas.

Fukushima no sólo fue una tragedia natural o tecnológica: fue también un colapso del sistema de responsabilidad. Y cuando los responsables de esa caída son eximidos de culpa, el mensaje es claro: aún no aprendemos lo suficiente.