La segunda era Trump y la guerra judicial: Poder presidencial, políticas migratorias e intrusión en la privacidad

El tablero se inclina hacia la Corte Suprema

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el terreno político ha estado profundamente marcado por una serie constante de enfrentamientos legales. Ese pulso, que recorre todas las ramas del poder federal, ha hecho de la Corte Suprema de Estados Unidos uno de los protagonistas principales de la batalla ideológica y ejecutiva bajo la administración republicana.

Trump ha utilizado una herramienta contundente: recursos de emergencia ante la Corte Suprema para revertir decisiones desfavorables emitidas por jueces federales. Según reportes judiciales, sus abogados han presentado estos recursos en promedio, uno por semana desde que regresó a la presidencia, lo que supone un ritmo sin precedentes.

De las 13 decisiones emitidas hasta la fecha por el máximo organismo judicial, la administración ha ganado más de las que ha perdido. La más reciente victoria: la reafirmación del acceso casi ilimitado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los registros de la Seguridad Social. Una medida polémica, apoyada por la mayoría conservadora de la Corte, pero cuestionada por juristas y grupos cívicos por su alcance sobre la privacidad de millones de ciudadanos.

Operación DOGE: ¿eficiencia o vigilancia masiva?

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, también conocido como DOGE (por sus siglas en inglés), ha sido un instrumento clave para implementar la estrategia administrativa de Trump, que se centra en la reducción del gasto y la eliminación de programas federales considerados "superfluos".

Una de las medidas centrales ha sido obtener acceso total a los sistemas de la Seguridad Social, una base de datos que contiene desde historiales médicos hasta registros laborales y escolares de casi todos los ciudadanos estadounidenses. El objetivo, según defendió el Solicitor General D. John Sauer, es "atacar el despilfarro y el fraude sistémico".

El origen ideológico del proyecto se remonta a iniciativas anteriores del empresario Elon Musk, quien fundó DOGE con el ideario de que los beneficios sociales estadounidenses son una “estafa piramidal”. Aunque ya no dirige la agencia, su legado permanece impregnado en sus objetivos operativos.

Sin embargo, hay reticencias: la jueza federal Ellen Hollander calificó el accionar del DOGE como "una expedición de pesca" basada en suposiciones vagas. Aun así, la Corte Suprema revocó parcialmente su decisión y permite ahora el acceso casi sin restricciones a los datos, lo que representa un precedente alarmante.

Desmantelamiento educativo: una de las promesas de campaña

Otra ofensiva judicial del actual gobierno tiene como blanco al Departamento de Educación. Con la excusa de la descentralización, Trump busca eliminar funciones que considera no esenciales y traspasarlas a los gobiernos estatales.

Esto ha tenido como efecto inmediato la desvinculación de cerca de 1.400 empleados, decisión bloqueada de manera temporal por el juez Myong Joun, quien señaló que esa maniobra "probablemente paralice al Departamento". Los recortes responden a una estrategia presupuestaria que el gobierno considera necesaria para equilibrar las cuentas nacionales.

Los opositores argumentan que hay un trasfondo ideológico que busca debilitar la influencia federal en temas sensibles como educación inclusiva, derechos lingüísticos y acceso igualitario a la enseñanza.

Ciudadanía por nacimiento: 125 años de jurisprudencia en juego

Una de las medidas más polémicas del gobierno ha sido la firma de una orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal o temporal. Un principio protegido bajo la Enmienda 14 y validado durante más de un siglo.

La medida, impulsada en el primer día del segundo mandato de Trump, se enfrentó a una fuerte oleada judicial. Tres jueces federales bloquearon su entrada en vigor y, en un paso inusual, la Corte Suprema aceptó revisar el caso en condición de urgencia. Aunque por ahora está suspendida, la Corte busca una vía legal más específica, quizás a través de una demanda colectiva, que evite una orden de alcance nacional sin dejar de atender el fondo del asunto.

Hasta el momento, se han emitido unas 40 medidas cautelares nacionales contra políticas del gobierno, según datos presentados por el equipo legal de la Casa Blanca. Esta forma de intervención judicial ha sido cuestionada por los asesores del presidente, quienes la ven como una intromisión masiva en la soberanía del poder ejecutivo.

El caso Abrego García: ¿exclusión preventiva o justicia selectiva?

Uno de los casos que ha reavivado el debate migratorio es el de Kilmar Abrego García, deportado por error a El Salvador y ahora forzado a regresar a EE.UU. bajo cargos no formalizados públicamente de tráfico humano. La administración Trump lo presenta como símbolo de una red ilegal de transporte de personas, aunque informes del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que nunca fue acusado oficialmente de un crimen.

En 2022, fue detenido por la patrulla vial de Tennessee mientras trasladaba a un grupo de trabajadores de la construcción. Ninguno tenía equipaje y compartían dirección residencial —sospechas suficientes para iniciar una investigación, según los oficiales. El encuentro, grabado por cámaras de cuerpo, muestra un intercambio amistoso sin señales claras de ilegalidad, más allá de la tenencia de dinero en efectivo ($1,400) y una licencia vencida.

Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, insiste en que merece un juicio justo, ya que “no hay evidencia de delito alguno”. La administración, sin embargo, lo ha convertido en emblema de su política migratoria de tolerancia cero, ignorando incluso decisiones anteriores que llamaban a su repatriación.

Recortes laborales y el “adelgazamiento” del Estado

El plan de reducción del gasto ha golpeado otro frente: las contrataciones federales. El gobierno ha insistido en eliminar funciones “discrecionales” y cerrar divisiones enteras, siguiendo el espíritu de eficiencia prometido en campaña.

Entre las bajas destacadas está la desactivación de divisiones dedicadas a control alimentario, salud para veteranos y seguimiento ambiental. Las demandas de sindicatos, trabajadores y gobiernos estatales han escalado hasta la Corte Suprema, que decidirá en los próximos meses si estos recortes pueden implementarse sin aprobación legislativa.

¿Adónde se dirige EE.UU. bajo la sombra judicial?

El patrón es claro: Trump impulsa cambios masivos desde una estructura ejecutiva fortalecida, mientras las cortes actúan como freno, pero no como muralla infranqueable. La Corte Suprema, al inclinar la balanza en múltiples ocasiones a favor del Ejecutivo, ha sido catalizador de transformaciones significativas que podrían rediseñar la forma de gobierno, la distribución de poder y los derechos civiles en el país.

Como señalaron varios expertos durante audiencias recientes, la combinación de decisiones administrativas y apoyo judicial está erosionando mecanismos fundamentales del federalismo. En este contexto, más allá de simpatías políticas, lo que se juega en el fondo es la propia arquitectura democrática de Estados Unidos.