El uso de la Guardia Nacional en EE. UU.: entre la seguridad pública y la represión del disenso

Una nueva crisis enfrenta Estados Unidos: el despliegue de cerca de 1,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles por orden del expresidente Donald Trump, ante protestas por su campaña de deportaciones masivas. Este suceso aviva una larga historia de enfrentamientos entre civiles que demandan derechos y gobiernos que responden con fuerzas militares.

Donald Trump y el poder federal: ¿seguridad o provocación?

El reciente despliegue en California se realizó sin el consentimiento del gobernador del estado, Gavin Newsom, ni de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass; ambos demócratas. Aunque la Guardia Nacional suele activarse a solicitud de los estados (ante desastres naturales o emergencias locales), Trump optó por federalizar al contingente bajo un mecanismo controversial.

Trump justificó la medida con el argumento de acabar con la "anarquía" que, a su juicio, reinaba en California. Newsom, por el contrario, lo calificó como una “sobrerreacción con intenciones inflamatorias” que sólo “aumentará las tensiones”.

El legado de represión militarizada: de los derechos civiles a la migración

Estados Unidos cuenta con un historial de intervenciones de la Guardia Nacional que, dependiendo del contexto y la época, han jugado un rol de protección o de represión.

Los disturbios de Rodney King, 1992

Tras la absolución de cuatro policías blancos por agredir brutalmente a Rodney King, un ciudadano afroamericano, Los Ángeles estalló en una de las protestas raciales más violentas de su historia. El entonces presidente George H. W. Bush utilizó el Acta de Insurrección de 1807 para justificar la intervención de tropas federales. El saldo fue de 63 muertos, miles de heridos y una ciudad incendiada por seis días.

“Recuerdo el humo negro desde mi porche”, evocó Syreeta Danley, una maestra de 45 años de Los Ángeles. “Y cuando la Guardia Nacional se fue, los policías continuaron con la brutalidad como si nada hubiera pasado.”

Protestas por George Floyd, 2020

El asesinato de George Floyd por un oficial de policía en Minnesota desencadenó una ola global de manifestaciones contra el racismo. En California, el gobernador Newsom movilizó a más de 8,000 elementos de la Guardia Nacional. Aunque su despliegue buscó contener disturbios, también fue criticado por quienes temían un endurecimiento innecesario de la represión estatal.

El caso Watts, 1965

Un barrio de mayoría afroamericana estalló tras el arresto violento de un joven por la policía. En seis días, más de 30 personas murieron —la mayoría a manos de oficiales o militares— y cientos de edificios fueron destruidos en incendios. Mucho tiempo después, la comunidad sigue acusando abandono institucional.

Integración racial y Guardia Nacional: una herramienta dual en los años 50 y 60

La Guardia Nacional también ha sido usada para proteger los derechos civiles.

• En 1957, el presidente Dwight D. Eisenhower envió tropas a Little Rock, Arkansas, para escoltar a nueve estudiantes negros que intentaban ingresar a una escuela de blancos.
• En 1965, ante las sangrientas represiones en Selma, Alabama, el presidente Lyndon B. Johnson federalizó la Guardia Nacional para proteger a los marchantes por el derecho al voto, incluyendo a John Lewis, futuro congresista y símbolo del movimiento por los derechos civiles.

Los casos actuales: inmigración, vigilancia y criminalización de la protesta

En el contexto actual, el despliegue militar responde a movilizaciones contra las redadas de inmigración realizadas por autoridades federales. En solo una semana, ya se reportaban más de 40 arrestos vinculados a operativos de ICE (Inmigración y Control de Aduanas).

Uno de los arrestados fue David Huerta, líder sindical de Service Employees International Union (SEIU) en California, quien fue acusado de obstrucción a la autoridad federal durante una protesta frente a una empresa investigada por contratar migrantes sin documentos.

“No importa quién seas, si impides a agentes federales hacer su trabajo, serás arrestado”, sentenció el fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli.

Sin embargo, Huerta es considerado por sus seguidores como una figura pacífica que solo documentaba el actuar de las autoridades. Senadores demócratas, como Chuck Schumer, firmaron una carta exigiendo su liberación inmediata.

Una escalada de fuerza con ecos represivos

El hecho de que esta intervención ocurra sin el apoyo local remite a épocas de extrema tensión. Al igual que en 1992, con Rodney King, o en los años 60 con los movimientos por los derechos civiles, existe el temor de que la militarización de la seguridad interior termine reprimiendo derechos legítimos.

Las repercusiones han sido inmediatas:

• Protestas extendidas en más de una docena de ciudades.
• Cierres de autopistas y actos vandálicos como incendios a autos autónomos.
• Uso de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas del orden.

Insurrección Act: ¿una espada de doble filo?

La Insurrection Act, datada de 1807, permite al presidente utilizar tropas federales en casos de insurrección o disturbios. Ha sido usada con moderación a lo largo de la historia, pero siempre bajo alto escrutinio.

El uso de esta ley o de mecanismos similares pone en tensión el federalismo estadounidense: ¿qué ocurre cuando un presidente se enfrenta a gobernadores que no desean esa presencia militar?

Para críticos como la historiadora Carol Anderson, autora de *White Rage*, este tipo de medidas responden más a miedos raciales y políticos que a verdaderas amenazas de seguridad pública.

La guerra contra la inmigración: ¿un nuevo campo de batalla?

Desde 2016, Trump ha convertido la inmigración en un eje de su agenda política. Su retórica calificando a los inmigrantes como “criminales” y “violadores” fue un elemento central de su campaña electoral. Durante su presidencia, institucionalizó deportaciones, separación familiar en la frontera y bloqueos migratorios.

Ahora, con su regreso al escenario político, la federalización de la Guardia Nacional pelea un nuevo frente: el de fomentar el miedo colectivo en torno a la inmigración, justificando medidas extraordinarias en nombre del “orden”.

¿A dónde va Estados Unidos?

Los episodios más recientes muestran a un país dividido entre quienes demandan justicia social y quienes abogan por la mano dura estatal. Pero la historia ofrece lecciones claras:

• La militarización no disuade las demandas pacíficas por derechos humanos.
• La represión solo aviva el resentimiento y prolonga los ciclos de protesta.
• La Guardia Nacional, mal utilizada, puede convertirse en un símbolo de opresión.

Es urgente revisar los límites del poder presidencial sobre la Guardia Nacional, reforzar la autonomía de los estados y garantizar que la protesta pacífica siga siendo un pilar inquebrantable de la democracia americana.

Como dijo John Lewis en Selma: “Nunca está mal protestar por la justicia.”