Estamos a un paso de hacer historia en alta mar: el Tratado de los Océanos toma fuerza global

¿Qué es el Tratado de Alta Mar?

El Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés), es uno de los logros legales ambientales más significativos del siglo XXI. Este acuerdo vinculante a nivel internacional se centra en preservar la biodiversidad marina en aguas internacionales, es decir, aquellas que se extienden más allá de la jurisdicción de cualquier país.

Estas zonas cubren dos tercios de los océanos y casi la mitad del planeta. Hasta ahora, no existía un marco legal robusto que permitiera la creación de áreas marinas protegidas o que limitara la explotación de estos espacios. En resumidas cuentas, eran tierra (u océano) de nadie.

Una necesidad urgente

La presión sobre los ecosistemas de alta mar se ha hecho insostenible. El cambio climático, la sobrepesca y las nuevas amenazas como la minería submarina están dejando una huella que podría ser irreversible. Y aunque pueda parecer lejano, lo que allí sucede impacta directamente en el equilibrio planetario.

Según Megan Randles, líder política global de océanos en Greenpeace: “Hasta ahora, el alta mar era como el salvaje oeste. Ahora tenemos una oportunidad real de implementar protecciones sustanciales.”

El tratado también es clave para cumplir el objetivo mundial conocido como 30x30: proteger el 30% de la tierra y el mar para el año 2030, un compromiso respaldado por más de 190 países en la Cumbre de Biodiversidad COP15 en Montreal en 2022.

¿Cómo funciona el tratado?

Este tratado establece varias herramientas para la defensa de los océanos internacionales:

• Creación de áreas marinas protegidas: algo esencial para estudiar y preservar hábitats frágiles como los montes submarinos o las zonas de afloramiento.
• Normas para actividades destructivas: como la minería de aguas profundas y experimentos de geoingeniería que podrían alterar el equilibrio climático marino.
• Mecanismos de financiación: que permitirán a países en desarrollo acceder a recursos e información para participar activamente.
• Investigación y cooperación científica: incluyendo el acceso a tecnología y conocimiento que potencie una gobernanza igualitaria.

Las decisiones en el marco del tratado se tomarán de forma multilateral en conferencias de las partes (COPs), y no de manera unilateral por bloques de poder o países individuales. Esto busca garantizar una gobernanza participativa y representativa.

¿Qué sucede cuando lleguemos a las 60 ratificaciones?

Actualmente, el tratado cuenta con 49 países firmantes, a solo 11 del número mágico: 60. Al alcanzarse ese umbral, se activará un plazo de 120 días para que el tratado entre formalmente en vigor.

Una vez aplicado, se iniciarán inmediatamente los procedimientos para designar áreas protegidas y establecer organismos de supervisión. También se organizará, dentro del primer año, la primera Conferencia de las Partes (COP1), donde se definirán las reglas de juego: financiación, gobernanza institucional y prioridades geográficas.

¿Por qué es importante llegar rápido?

Solo los países que ratifiquen antes de la COP1 tendrán derecho a voto en decisiones cruciales. Los grupos ecologistas como la High Seas Alliance lo tienen claro: la participación diversa garantizará una implementación más justa y eficaz.

Rebecca Hubbard, su directora, expresó: “Alcanzar las 60 ratificaciones será un logro colosal. Pero para que el tratado sea lo más efectivo posible, necesitamos que países de todos los rincones del planeta estén comprometidos.”

El objetivo, por lo tanto, no es solo llegar a esos 60, sino superarlos ampliamente para asegurar una representación verdaderamente global.

Un cambio de paradigma en la gobernanza oceánica

El sistema actual para regular las aguas internacionales se basa en un complejo mosaico de acuerdos sectoriales y débiles mecanismos de control. Ejemplos como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos intentan supervisar actividades mineras, pero no existen protocolos comunes para proteger la biodiversidad, ni mucho menos para coordinar con otros sectores como el transporte marítimo o la pesca industrial.

Desde 2004, cuando las Naciones Unidas comenzaron las deliberaciones que finalmente desembocaron en el tratado, han sido necesarias dos décadas y cinco rondas de negociaciones para llegar a un consenso. Lo que parecía una utopía legal se ha transformado en una herramienta concreta.

El rol de Francia y la Conferencia Oceánica de la ONU

El reciente impulso al tratado ocurrió durante la Conferencia de los Océanos de la ONU en Niza, Francia, celebrada en coincidencia con el Día Mundial de los Océanos. Allí, 18 países anunciaron su ratificación de golpe, lo que convierte el evento en un punto de inflexión.

Francia, históricamente comprometida con la protección de sus territorios marinos y líder en conservación ecológica, se ha posicionado como catalizador diplomático clave. Esta cumbre no solo reunió a políticos, sino también a científicos, ONGs y representantes indígenas, promoviendo un enfoque multidisciplinario para la protección marina.

El desafío de proteger lo invisible

Uno de los obstáculos más complejos en la conservación marina es lo que algunos expertos llaman “la invisibilidad estructural del océano”. A diferencia de un parque nacional terrestre —donde se ven árboles talados o fauna desapareciendo—, los daños en el océano pueden tardar años en manifestarse.

Sin embargo, datos recientes sobre la salud marina son alarmantes:

• Más del 90% de las poblaciones de grandes peces están completamente explotadas o al borde de la sobreexplotación (FAO, 2022).
• Los océanos absorben alrededor del 30% del CO₂ antropogénico, lo que aumenta su acidez, con consecuencias dañinas para los arrecifes y moluscos.
• La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa hasta uno de cada cinco peces que llegan al mercado global (World Wildlife Fund, WWF).

El cambio también es social: justicia ambiental

El tratado propone enfoques novedosos para asegurar la equidad en el acceso a los beneficios marinos, especialmente en la investigación de recursos genéticos marinos que podrían tener aplicaciones farmacéuticas o biotecnológicas.

Esto significa que los países en desarrollo podrán compartir desde royalties hasta avances científicos derivados del uso de bacterias abisales o microalgas, por ejemplo. En esto se conecta directamente con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como:

• ODS 14: Vida submarina
• ODS 13: Acción por el clima
• ODS 10: Reducción de desigualdades

¿Y ahora qué sigue?

Con países como España, Francia, Chile, México y la Unión Europea ya comprometidos, la presión recae sobre gigantes oceánicos como Estados Unidos, China e India que aún no han ratificado el tratado. Su incorporación sería un impulso definitivo no solo para alcanzar el umbral mínimo, sino para dotar al tratado de legitimidad geopolítica.

Es probable que durante 2025, junto con la entrada en vigor esperada del tratado, veamos brotar las primeras áreas marinas protegidas del mundo verdaderamente compartidas —espacios donde el único interés sea la vida misma.

En palabras de Rebecca Hubbard: “Estamos al borde de hacer historia en alta mar.” Y si ese paso se da, será una victoria no solo para el océano, sino para todo el planeta.