Entre leyes inconstitucionales y protestas en llamas: la batalla por los derechos civiles en Estados Unidos
De los fallos judiciales en Montana sobre el aborto a las protestas contra ICE: una radiografía del conflicto entre legislación, derechos humanos y políticas migratorias
La Suprema Corte de Montana defiende el derecho al aborto
El pasado lunes, la Corte Suprema de Montana reafirmó un principio constitucional que ha marcado debates en las últimas décadas: el derecho al aborto. El tribunal mantuvo el fallo de un tribunal inferior que había declarado inconstitucionales varias leyes estatales restrictivas, aprobadas por legisladores republicanos en 2021. Estas medidas incluían:
- Una prohibición del aborto a partir de las 20 semanas de gestación.
- La eliminación de la opción de prescribir medicamentos abortivos por telemedicina.
- Un período de espera obligatorio de 24 horas tras el consentimiento informado.
- Requerimiento de mostrar a las pacientes una ecografía o permitir escuchar los latidos del corazón fetal.
Desde su promulgación, estas leyes habían sido congeladas por una orden judicial mientras avanzaban las impugnaciones legales. En medio del proceso, los votantes de Montana aprobaron una iniciativa electoral en 2022 que consagró constitucionalmente el derecho al aborto. Esta medida fue respaldada por el 58% del electorado, a pesar de la tendencia conservadora del estado.
Un precedente que sigue vigente: Armstrong v. State de 1999
El fallo se basa en una sentencia previa de 1999 (Armstrong v. State), en la que la Corte Suprema de Montana dictó que su Constitución garantiza el derecho a la privacidad, incluyendo la posibilidad de las mujeres de acceder a servicios de aborto antes de la viabilidad fetal, con el proveedor médico de su elección.
A diferencia de otros estados conservadores que intentaron restringir el acceso tras la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de EE.UU. en 2022, Montana reconoció que sus reglas constitucionales son independientes de la jurisprudencia federal. Esta visión ha generado fricciones entre el poder judicial estatal y el legislativo, con nuevas leyes restrictivas aprobadas en 2023 y una reciente demanda de la organización antiabortista Montana Family Foundation contra el referéndum de 2022.
ICE bajo fuego: protestas contra las redadas migratorias
Paralelamente, Estados Unidos vive un nuevo ciclo de tensiones sociales motivado por las políticas migratorias de mano dura. El detonante fue un operativo de redadas de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en Los Ángeles que se extendió rápidamente a ciudades como Austin, Dallas, Seattle, Chicago y Santa Ana. Las protestas, en su mayoría pacíficas pero con episodios de violencia, se repetían bajo cantos de “Abolish ICE” y otras consignas contra la administración federal.
El caso de Austin: gases lacrimógenos y arrestos
En Austin, Texas, una manifestación de cientos de personas acabó con enfrentamientos y el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía. Cuatro agentes resultaron heridos, algunos por objetos lanzados desde la multitud. El Capitolio estatal cerró sus puertas antes de lo habitual ante la expectativa de disturbios. La policía hizo ocho arrestos y advirtió que el próximo sábado habrá más protestas.
“Apoyamos la protesta pacífica, pero cuando se convierta en violenta, haremos arrestos”, declaró la jefa policial Lisa Davis.
Dallas y Seattle: cuando la protesta deja de ser pacífica
En Dallas, cientos de manifestantes ocuparon un puente durante varias horas antes de ser dispersados por las fuerzas del orden, que calificaron la reunión como “asamblea ilegal”. En Seattle, unas cincuenta personas paralizaron temporalmente el acceso a la corte de inmigración, colocaron scooters como barricadas y bloquearon entradas. No se permitió el ingreso del público ni de la prensa.
Santa Ana: blindaje militar en plena ciudad
Mientras tanto, en Santa Ana (California), el epicentro original de las protestas, el área alrededor del Civic Center fue acordonada con vehículos blindados y presencia de la Guardia Nacional. Los accesos se cerraron al público general, y solo empleados autorizados pudieron ingresar. Pintadas con mensajes obscenos contra ICE y Trump cubrían edificios y aceras.
La historia de Ramon Morales Reyes: un reflejo de injusticia sistemática
En Chicago, un caso individual evidenció los peligros de la desinformación en tiempos polarizados. Ramon Morales Reyes, inmigrante mexicano, fue arrestado tras ser acusado erróneamente de amenazar al expresidente Donald Trump en una supuesta carta escrita en inglés. Sin embargo, Morales Reyes tiene dificultades para comunicarse en ese idioma. La carta fue un montaje realizado por otro individuo —Demetric D. Scott—, acusado de un ataque violento en 2023, quien intentó inculparlo para salvarse de cargos más graves.
Un juez determinó que Morales Reyes no representa un peligro público y le fijó una fianza de $7,500 dólares. Su familia aboga ahora por su liberación y permanencia en el país. Morales trabaja como lavaplatos en Milwaukee y tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses. Había presentado recientemente una solicitud de visa tipo U, disponible para víctimas de delitos violentos.
Manipulación mediática y criminalización del migrante
Lo alarmante del caso fue que oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, como Kristi Noem, compartieron en redes sociales la información errónea, incluyendo fotos de Morales Reyes y extractos del supuesto escrito.
“Queremos una retractación oficial. Mi padre es una víctima, no un agresor. Solo queremos justicia”, declaró su hija.
El fiscal aún no ha decidido si apelará la decisión del juez que permitió su libertad. Mientras tanto, el verdadero responsable enfrenta múltiples cargos por manipular evidencia, intimidar testigos y robo violento.
Una lucha multiforme por los derechos humanos
Entre decisiones judiciales relativas al aborto y protestas continuas contra el aparato migratorio, Estados Unidos vive una reconfiguración de los límites legales de la libertad, el derecho individual y los mecanismos institucionales de control.
Montana personifica el enfrentamiento entre legislación estatal ultraconservadora y una sociedad que, aun en estados tradicionalmente rojos, lucha por derechos progresistas. En paralelo, las imágenes de activistas siendo gaseados en Dallas o inmigrantes falsamente acusados en Chicago nos obligan a reflexionar sobre hacia dónde se orienta el país en cuestiones de derechos civiles y justicia.
Las palabras del juez en el caso de Morales Reyes resumen la gravedad de esta coyuntura: “El acusado no representa una amenaza para la comunidad”. A veces, eso basta para contener la maquinaria de criminalización del Estado, pero no para detenerla por completo.