Trump, inmigración y poder militar: el nuevo rostro autoritario de una vieja promesa

La militarización de la inmigración bajo el nuevo mandato de Trump

Donald Trump ha vuelto al poder y, con él, su histórica retórica contra la inmigración. Esta vez, sin embargo, ha pasado del discurso a la acción con una rapidez sorprendente. En días recientes, el presidente envió a miles de tropas de la Guardia Nacional y 700 Marines en servicio activo a la zona de Los Ángeles para reprimir protestas relacionadas con operativos de control migratorio. Todo esto, a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom y líderes locales, desencadenando una tormenta política y legal sin precedentes.

¿Hasta dónde puede extenderse el uso de las fuerzas militares en la aplicación de leyes migratorias? Para Trump, la respuesta parece estar clara. El exmandatario había prometido durante su pasada campaña una deportación masiva sin antecedentes, y ahora su administración da señales claras de estar dispuesta a utilizar incluso las herramientas más extremas del poder federal para cumplir esa promesa.

El Acta de Insurrección: una herramienta polémica

Una de las declaraciones más alarmantes de Trump llegó en junio de 2025: “Si hay una insurrección, ciertamente la invocaría”, refiriéndose al Acta de Insurrección, un conjunto de normas legales cuya base está en leyes aprobadas entre 1792 y 1871. Esta ley permite al presidente desplegar fuerzas militares dentro del país para sofocar rebeliones o hacer cumplir la ley ante situaciones extraordinarias.

Trump citó una provisión legal que autoriza el uso del ejército si existe una “rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”. Sin embargo, muchos expertos y actores políticos se preguntan si las protestas en California —por muy intensas que sean— alcanzan este umbral legal.

De promesas de campaña a órdenes ejecutivas

Durante la campaña presidencial de 2024, Trump ya había sugerido el uso del ejército como apoyo en la aplicación de actividades migratorias: “No tendría ningún problema en usar el ejército, per se. Tenemos que tener seguridad en nuestro país”, dijo en una entrevista con Time Magazine el 30 de abril de 2024.

Una vez reelegido y de vuelta en funciones, el exmandatario comenzó a implementar una serie de órdenes ejecutivas destinadas a reforzar el control fronterizo. Entre ellas, destacó la orden de “terminar” el muro fronterizo con ayuda del Departamento de Defensa, sin especificar el número de tropas involucradas ni su papel exacto.

Sus órdenes también instruyeron al secretario de Defensa a desarrollar un plan para “sellar las fronteras” y “repeler la migración masiva ilegal”. En otras palabras, la línea divisoria entre operaciones militares y migratorias es, bajo esta administración, prácticamente inexistente.

¿Cuántos serían deportados?

En sus propias estimaciones, Trump planea deportar entre 15 y 20 millones de personas. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2022 había aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, dentro de una población de 46.2 millones de personas nacidas en el extranjero, representando casi el 14% del total de la población estadounidense.

Estas cifras ponen de relieve la radicalidad del plan. Logísticamente, deportar a 20 millones de personas involucraría una infraestructura gigantesca, que inevitablemente requeriría apoyo militar: transporte (incluyendo aviones), espacios de detención, logística y patrullaje.

El conflicto con los estados: ¿puede el presidente actuar solo?

Uno de los aspectos más controvertidos es el choque entre el gobierno federal y los estados. En 2020, durante una asamblea pública organizada por ABC News, Trump había afirmado: “Tenemos leyes. No podemos mover la Guardia Nacional. Puedo declarar insurrección, pero no hay razón para hacerlo”, reconociendo entonces los límites legales de su poder.

Ahora, sin embargo, parece decidido a ignorar las objeciones locales. La movilización en California se hizo sobre la base de leyes federales, sin la aprobación del gobernador. Trump sostiene que, ante una amenaza al gobierno federal, esas leyes le otorgan autoridad suficiente. Pero esto ha abierto una grieta peligrosa en el sistema federal de Estados Unidos.

Paul Eck, subdirector del Departamento Militar de California, confirmó mediante una declaración judicial que el Pentágono había informado que las tropas de la Guardia Nacional de California empezarían a brindar apoyo en perímetros de seguridad durante redadas migratorias.

La disolución de USAID: otra señal del nuevo enfoque

La reorganización de las prioridades del gobierno también se manifiesta en política exterior. El secretario de Estado Marco Rubio ordenó el despido masivo de empleados de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, transferiendo funciones directamente al Departamento de Estado.

Esta acción contraviene un bloqueo judicial federal de una orden ejecutiva de Trump, que aplicaba despidos en masa en varias agencias, incluida la USAID. La administración alega que el plan ya estaba en marcha con anterioridad. Más allá del debate legal, lo cierto es que USAID empleaba a más de 10,000 personas en todo el mundo y cumplía una función clave en diplomacia, salud global y asistencia humanitaria.

El caso Khaby Lame: una detención famosa en tiempos duros

La política de mano dura migratoria de Trump también afectó a figuras internacionales. El influencer Khaby Lame, con más de 162 millones de seguidores en TikTok, fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por haber sobrepasado los términos de su visa. Aunque más tarde se le concedió una salida voluntaria —una alternativa que evita una deportación oficial— el incidente expuso el clima restrictivo actual.

Lame, nacido en Senegal y criado en Italia, había participado recientemente en el Met Gala 2025 y tenía una agenda internacional relevante. El hecho de que incluso él —una celebridad global— fuera objetivo de ICE, deja entrever cuán amplias pueden ser las redes de esta nueva ofensiva migratoria.

¿Estamos ante una deriva autoritaria?

Para muchos críticos —tanto dentro como fuera de Estados Unidos—, el uso creciente de facultades militares y la despreocupación por la legalidad estatal representan una deriva hacia el autoritarismo. El historiador y jurista Timothy Snyder advertía en su libro "Sobre la tiranía": “los líderes autoritarios utilizan crisis reales o fabricadas para justificar medidas de concentración del poder”.

La militarización de la política migratoria, la marginación de agencias civiles como USAID y la disposición a desafiar bloqueos judiciales marcan una administración más agresiva que nunca. En tan solo seis meses de mandato, Trump ha colocado su agenda antiinmigratoria en el centro del debate nacional, y lo ha hecho a través de instrumentos de poder que bordean los límites democráticos.

Queda por ver cómo responderán los sistemas institucionales: ¿podrán los tribunales y el Congreso evitar que esta escalada continúe? ¿O se abrirá una etapa inédita en la política interna estadounidense, donde la seguridad nacional justifica cualquier medida, incluso aquellas que comprometen principios constitucionales?

Lo que está claro es que, con cada despliegue de tropas y cada nueva redada, avanzamos más hacia un modelo de seguridad nacional militarizada que redefine, peligrosamente, el rostro de la migración en Estados Unidos.