Controversia en Carolina del Sur: ¿Está fallando el sistema de pena de muerte?

Una ejecución a la vista y muchas incógnitas

Stephen Stanko, un hombre de 57 años condenado a muerte en Carolina del Sur, está en el centro de una feroz batalla legal y moral por la forma en que el estado lleva a cabo las penas capitales. Su ejecución está programada para el viernes a las 6 p.m., pero sus abogados están luchando contra el reloj con argumentos que ponen en tela de juicio la constitucionalidad y humanidad de los métodos empleados por el Departamento de Correcciones del estado.

Del pelotón de fusilamiento a la inyección letal: una decisión de vida o muerte

Stanko había optado originalmente por el pelotón de fusilamiento, uno de los métodos permitidos en Carolina del Sur. Sin embargo, cambió de decisión tras conocer los detalles de la última ejecución por este método, cuando Mikal Mahdi, sentenciado por asesinar a un oficial de policía fuera de servicio, murió lentamente y con gran dolor debido a una presunta falla en el apuntado de los tiradores.

Según expertos contratados por la defensa de Stanko, los disparos “casi no alcanzan su corazón”, lo que prolongó su agonía a tres o cuatro veces más de lo esperado. La experiencia fue tan traumática que llevó a Stanko a preferir la inyección letal, a pesar de saber los riesgos involucrados con ese método también.

¿Una muerte por ahogamiento química?

Los abogados de Stanko argumentan que los tres últimos ejecutados por inyección letal en Carolina del Sur experimentaron agonías prolongadas. La sustancia utilizada —pentobarbital— podría dejar al condenado paralizado aunque aún consciente, lo que lo haría sentir que se está ahogando con fluidos en sus pulmones. Según el testimonio de expertos médicos, algunos reo podrían tardar más de diez minutos en morir, lo cual plantearía serias dudas sobre la legalidad de este método bajo la Décima Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Carolina del Sur se defiende: “No hay evidencia de sufrimiento excesivo”

El estado, por su parte, niega enfáticamente haber cometido errores en sus últimos procedimientos. El abogado de la gobernación, Grayson Lambert, minimizó las acusaciones: “Tal vez no es el método el problema —sino que estos reos simplemente no quieren que se ejecute su sentencia y están dispuestos a presentar cualquier argumento.”

El Departamento de Correcciones (SCDC) también sostiene que todos sus procedimientos cumplen con los estándares. Aseguran que los testigos no han observado signos de sufrimiento visible durante las ejecuciones. En el caso de Mahdi, el estado expresa que “no se puede controlar cómo reaccionan las balas al impactar el cuerpo”, y que “que un condenado muera más rápido que otro no significa que algo salió mal.”

Una autopsia insuficiente y acusaciones inquietantes

Según la defensa, la autopsia realizada a Mikal Mahdi fue inadecuada. No se tomaron radiografías, solo se captó una fotografía del cuerpo y no se examinaron ni su ropa ni la ubicación exacta del blanco sobre su torso. Esto imposibilita corroborar si efectivamente los disparos se dirigieron a su corazón.

El Dr. Jonathan Groner, experto en inyecciones letales y profesor de cirugía en la Universidad Estatal de Ohio, expresó duramente: “Me preocupa que algún miembro responsable de la ejecución de Mahdi tuviera la intención de causar gran dolor antes de su muerte.”

Un historial criminal atroz

Stanko fue sentenciado a muerte por asesinar a su amigo de 74 años, Henry Turner, en abril de 2006. Horas antes, también fue culpable de golpear y estrangular a su novia y violar a la hija adolescente de esta antes de cortarle el cuello. Milagrosamente, la joven sobrevivió y testificó contra él.

Aunque el repudio por sus crímenes es generalizado, la defensa argumenta que incluso los condenados a muerte tienen derechos constitucionales, y uno de ellos es no ser ejecutados de maneras crueles o ineficaces.

¿Estamos ante métodos de ejecución fallidos?

En su escrito de 49 páginas, la defensa detalla múltiples fallos en los protocolos de ejecución:

• Uso de balas insuficientemente potentes en fusilamientos.
• Colocación incorrecta de la vía intravenosa en las inyecciones letales.
• Almacenamiento inadecuado del pentobarbital.

Hay que recordar que el pentobarbital, usado frecuentemente en ejecuciones en EE. UU., ha sido controversial. Por ejemplo, un estudio publicado por la American Journal of Public Health encontró que una de cada veinte ejecuciones entre 2000 y 2019 presentó complicaciones, muchas vinculadas a esta droga.

Una práctica cada vez más aislada

En la actualidad, solo 27 estados mantienen activa la pena de muerte en Estados Unidos. Carolina del Sur había estado sin ejecutar prisioneros durante casi una década, hasta que el año pasado reanudó las ejecuciones. Desde entonces, ha ejecutado a cinco personas en nueve meses, siendo Stanko el siguiente en la lista.

En el mismo periodo, otros estados como Oklahoma y Alabama también han programado ejecuciones, lo cual sugiere una reactivación de la pena de muerte tras una década de descenso en su aplicación.

¿Qué dice la sociedad?

El debate sobre la pena capital ha cambiado en los últimos años. Según una encuesta de Gallup de 2023, aunque el 55% de los estadounidenses aún apoya la pena de muerte, esa cifra ha disminuido dramáticamente desde el 80% en 1994. La causa principal de este cambio de opinión incluye errores judiciales, costos elevados y métodos de ejecución cuestionables.

Además, organizaciones como la Death Penalty Information Center alertan sobre la cantidad de condenados que posteriormente fueron exonerados. Desde 1973, más de 190 personas han sido liberadas del corredor de la muerte tras demostrarse su inocencia.

¿Una pausa necesaria?

Los abogados de Stanko están pidiendo una moratoria en su ejecución para investigar más a fondo lo sucedido en la ejecución de Mahdi y asegurar que los miembros del pelotón de fusilamiento firmen un juramento asegurando que dispararán al blanco de buena fe.

Para muchos, esto no es un intento de eludir la justicia, sino una oportunidad de examinar críticamente si el sistema está cumpliendo con los estándares básicos de humanidad y legalidad. Como dijo Albert Camus, “No hay pena más tremenda que la certeza de que se puede experimentar más dolor del que uno considera justo.”