El caso de Ramón Morales Reyes: una historia de injusticia, inmigración y desinformación

Acusado falsamente de amenazar a Donald Trump, este inmigrante mexicano se enfrenta ahora a la posible deportación a pesar de ser víctima de un crimen y colaborar con la justicia

Una acusación que nunca debió haber existido

Ramón Morales Reyes, un inmigrante mexicano de 54 años que ha vivido en Estados Unidos desde los años 80, fue liberado recientemente tras pasar tres semanas detenido por una acusación que rápidamente se desmoronó: supuestamente, había amenazado con asesinar al expresidente Donald Trump.

La acusación llegó a las redes sociales de forma explosiva a través de una publicación hecha por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en la que se mostraba el rostro de Morales Reyes junto a un fragmento en inglés de una amenaza escrita. Pero hay un detalle que desmonta todo: Morales Reyes, quien trabaja como lavaplatos en Milwaukee y es padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, no habla ni escribe inglés con fluidez.

El montaje detrás de la acusación

Según investigaciones de las autoridades locales en Wisconsin, la carta amenazante fue forjada por Demetric D. Scott, un hombre acusado de agredir violentamente a Morales Reyes en 2023 para robarle su bicicleta. Scott, cuyo juicio por robo y agresión agravada se celebrará en julio, habría redactado el documento para incriminar a Ramón y así librarse de las acusaciones. Morales Reyes, irónicamente, estaba previsto como testigo en ese juicio.

Este escenario grotesco pone de relieve cómo la desinformación y el uso político de las redes sociales pueden desatar crisis personales devastadoras, sobre todo entre poblaciones vulnerables.

¿Por qué fue arrestado si la prueba era falsa?

Aunque se comprobó rápidamente que las acusaciones no eran sostenibles, Morales Reyes pasó más de 20 días en un centro de detención en Wisconsin debido a que los agentes de inmigración aprovecharon la atención sobre el caso para investigar su estatus migratorio. Fue detenido después de dejar a su hijo en la escuela, y solo fue liberado tras pagar una fianza de $7,500 impuesta por una jueza de inmigración, Carla Espinoza.

La jueza consideró que Morales Reyes no representaba un peligro a la comunidad. También destacó su perfil como trabajador estable, padre de familia, y víctima cooperativa en un caso criminal precedente.

El sistema de inmigración: un laberinto legal

Ramón Morales Reyes ha solicitado una visa U, un tipo de visado especial que el gobierno estadounidense ofrece a personas sin estatus migratorio que son víctimas de crímenes graves y que cooperan con la justicia. Pero este proceso puede tardar años en resolverse, y mientras tanto, Morales Reyes sigue en riesgo de deportación.

El gobierno federal no ha retirado el caso de inmigración, a pesar de que ya se descartó que Morales fuera una amenaza. La razón: ha reingresado sin visa a Estados Unidos en múltiples ocasiones desde que inmigró en los años 80.

El poder de las redes y la irresponsabilidad oficial

La publicación original de Kristi Noem, pese a haberse demostrado falsa, sigue en línea. En ella, Morales Reyes es presentado como un potencial terrorista doméstico, lo que sin duda influenció la forma en que los agentes federales abordaron su caso.

Esto levanta serias preguntas sobre la ética y responsabilidad de los funcionarios públicos, especialmente en un momento donde la información se viraliza y tiene consecuencias reales e inmediatas. ¿Deberíamos permitir que un simple post en redes sea usado como prueba?

Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de la organización de derechos de los inmigrantes Voces de la Frontera, dijo que Morales Reyes se encuentra "aliviado y muy agradecido" por el apoyo recibido desde diversos sectores, incluyendo la comunidad local y abogados de derechos civiles.

El caso U vs. deportación: una carrera contra el tiempo

La Visa U fue creada en el año 2000 como parte de la Ley de Protección de Víctimas de la Violencia contra la Mujer (VAWA), y se otorga a personas que han sido víctimas de crímenes violentos y que hayan ayudado a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento del delito. De acuerdo con datos del USCIS, cerca de 300,000 solicitudes de Visa U están pendientes debido al alto volumen y la limitada cantidad anual de visas disponibles (10,000 por año).

Morales Reyes enfrenta ahora una carrera legal contra el tiempo. Aunque ha iniciado el trámite de su Visa U, el proceso puede tardar entre 5 y 10 años. Y mientras tanto, el caso de deportación continúa avanzando.

Una familia en vilo

Además de ser un miembro activo de la comunidad de Milwaukee, Morales Reyes es padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses. El posible escenario de su deportación afectaría directamente la estabilidad y bienestar de toda su familia.

"Siento rabia, desesperación, miedo, pero también gratitud" dijo Morales Reyes en declaraciones a WISN-TV. "Porque sé que no estoy solo".

Inmigrantes y criminalización: una combinación peligrosa

El caso de Ramón no es aislado. Representa un patrón más amplio en donde la criminalización y la desinformación convergen contra las poblaciones migrantes. Un estudio del Center for Migration Studies indica que más del 50% de los inmigrantes detenidos por ICE en 2022 no tenían antecedentes penales.

Asimismo, informes del Southern Poverty Law Center y Human Rights Watch han destacado cómo ciertas narrativas xenófobas construidas desde el poder han sido utilizadas para justificar políticas migratorias más severas. Cuando estas narrativas se combinan con errores judiciales o montajes criminales, el resultado es un cóctel explosivo de injusticia.

¿Es este el Estados Unidos que queremos?

La historia de Ramón Morales Reyes debería hacernos reflexionar profundamente sobre el estado actual del sistema de inmigración, la influencia de las redes sociales y el papel del gobierno en la protección de los derechos fundamentales.

Más allá de los tecnicismos legales, este es un caso de humanidad. Un hombre trabajador, víctima de la violencia, utilizado como herramienta política y aún así enfrentando la expulsión del país donde ha creado una vida para su familia.

La pregunta no es si tiene documentos, sino si merece justicia.

Y la respuesta debería ser un rotundo sí.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press