Pentágono, inmigración y secretos de Estado: la peligrosa mezcla en la era Trump

Un secretario de Defensa en la mira: Pete Hegseth ante el Congreso

En un ambiente tenso y cargado de acusaciones, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compareció frente al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre planes militares secretos, canales de comunicación cuestionables y manejo de información clasificada. El foco de la audiencia giró en torno a dos puntos especialmente delicados: la posibilidad de una intervención militar en Groenlandia y Panamá, y el uso de la aplicación Signal para coordinar operaciones militares.

En un momento desconcertante, cuando el congresista Adam Smith le preguntó si el Pentágono tiene planes para tomar Groenlandia o Panamá por la fuerza, Hegseth respondió: “Nuestro trabajo en el Departamento de Defensa es tener planes para cualquier contingencia.”

La respuesta, lejos de tranquilizar, encendió las alarmas. Aunque es común que el Pentágono diseñe planes para escenarios improbables, este tipo de declaraciones vuelven borrosas las líneas entre prudencia estratégica y deseos expansionistas.

Groenlandia: la joya helada con recursos estratégicos

El interés estadounidense en Groenlandia no es nuevo. Bajo la administración de Trump —y ahora reafirmado por Hegseth— se ha especulado sobre la intención de adquirir (o forzar control sobre) la isla, no sólo por su valor geopolítico en el Ártico, sino también por sus abundantes recursos minerales, incluyendo tierras raras claves para tecnologías modernas.

Sin embargo, Groenlandia ha sido clara. Como dijo Jacob Isbosethsen, su representante en EE.UU.: “Groenlandia no está en venta.”

La insistencia del gobierno estadounidense parece poner en jaque su reputación internacional:

• La democracia y la autodeterminación son principios defendidos por EE.UU., ¿pero aplican solo cuando conviene?
• ¿Es correcto diseñar planes que violan la soberanía de uno de sus aliados, incluso si son hipotéticos?

Signal, secretos y familia: la esquina peligrosa de la discreción militar

Uno de los momentos más controvertidos de la comparecencia fue el debate sobre el uso de Signal. Hegseth habría compartido detalles operativos —como la hora y el tipo de municiones usadas en ataques contra los hutíes en Yemen— a través de esta app cifrada, incluyendo destinatarios fuera del ámbito militar, como miembros de su familia.

El congresista demócrata y exmarine Seth Moulton lo confrontó directamente: “Puede decirnos claramente si esa información era clasificada o no.” La negativa de Hegseth a responder de forma afirmativa o negativa no ayudó a su imagen, particularmente cuando dijo que “fue una misión increíble y exitosa.”

Una respuesta más política que militar, y un intento claro de esquivar temas más espinosos como la posible violación de leyes de seguridad nacional.

Se espera un informe del inspector general del Pentágono sobre este asunto en los próximos días. De hallarse culpable, el uso informal de canales podría constituir una violación de la Ley de Espionaje (más de un funcionario ha enfrentado cargos similares en tiempos pasados).

Entre Groenlandia y Panamá: el eco imperialista

El Congreso también presionó a Hegseth sobre planes referentes a Panamá. Aunque la noción de una ocupación militar puede sonar absurda en pleno siglo XXI, tanto Groenlandia como Panamá parecen estar en el radar estratégico de EE.UU. ¿La razón?

• Groenlandia: puerta norte del Ártico, con presencia militar potencial para contrarrestar a Rusia y China.
• Panamá: control geoeconómico del canal, especialmente relevante para rutas comerciales y militares.

La lógica recuerda los momentos más oscuros del intervencionismo estadounidense del siglo XX: desde la invasión de Panamá en 1989 hasta la doctrina Monroe que justificaba el dominio en América Latina.

El senador Mike Turner (R-Ohio) intentó frenar el caos: “No me diga que su testimonio hoy es que el Pentágono está planeando invadir Groenlandia.” Pero la ambigüedad continuó. ¿Es precaución o arrogancia política?

El caso Kilmar Abrego Garcia: una vergüenza legal en marcha

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no se limita al Pentágono. El caso de Kilmar Abrego Garcia representa una confrontación abierta entre la administración Trump y el poder judicial federal.

Abrego Garcia, protegido por una orden judicial que impedía su deportación a El Salvador por riesgo de persecución, fue devuelto a ese país en violación directa de esa orden. Mientras el gobierno alegaba impotencia para traerlo de vuelta, simultáneamente construía un caso en su contra por tráfico humano. Finalmente fue devuelto a EE.UU., pero el daño ya estaba hecho.

“El desprecio del Gobierno no ha sido sutil: ha sido vocal, sostenido y flagrante.” — Abogados de Abrego Garcia

Sus abogados piden sanciones por desacato y el acceso a documentos que el gobierno oculta bajo el pretexto de secretos de Estado. Otra inquietante señal del uso político y estratégico del aparato estatal para eludir controles legales.

Louisiana se convierte en punta de lanza del endurecimiento migratorio

Lejos de las audiencias en Washington, la legislatura estatal de Louisiana aprobó esta semana un paquete de leyes que refuerza la capacidad del estado para colaborar —e incluso exceder— con los esfuerzos federales de deportación.

Entre las medidas más duras se encuentran:

• Castigo con hasta 10 años de cárcel a funcionarios que impidan o demoren el cumplimiento de órdenes migratorias federales.
• Requisito para que agencias estatales verifiquen y reporten el estatus migratorio de beneficiarios de servicios públicos.
• Obligación de avisar a ICE antes de liberar a cualquier persona considerada en EE.UU. de manera irregular.

La ONG Louisiana Organization for Refugees and Immigrants advirtió que estas leyes podrían criminalizar actos comunes de asesoría por parte de líderes religiosos, abogados o defensores de derechos humanos.

Louisiana se une así a una serie de estados —como Tennessee— que penalizan las políticas de "ciudades santuario". La tendencia, liderada por aliados de Trump como el gobernador Jeff Landry, sugiere que la política migratoria se está utilizando como arma electoral y de control estatal.

Un patrón preocupante: poder desmedido sin control

El panorama general revela un patrón alarmante:

• El uso de apps cifradas para evadir canales oficiales y compartir inteligencia militar con civiles.
• El diseño de planes militares para invadir territorios aliados.
• La desobediencia abierta a órdenes judiciales por parte del gobierno federal.
• El uso de legislaciones estatales para perseguir con fuerza desproporcionada a inmigrantes.

Más que simples episodios, son síntomas de un sistema en el que el poder ejecutivo actúa con impunidad, erosionando el equilibrio democrático y legitimando una visión agresiva del rol de EE.UU. en el mundo.

Como expresó el congresista Salud Carbajal durante la acalorada audiencia: “Usted es una vergüenza para este país. Es indigno de liderar. Debería irse al demonio.”

Un reflejo del creciente descontento político —y civil— con una administración que cada vez se siente más cómoda desafiando normas internas y forzando relaciones externas.