El caso Marcus Taylor: una década de injusticia legal en Mississippi

Marcus Taylor debería haber recuperado su libertad en 2020. Sin embargo, en pleno 2024 sigue tras las rejas. ¿La razón? Un error judicial que le costó una década de su vida, en un sistema legal que parece más comprometido con la burocracia que con la justicia.

Este caso no solo pone en evidencia los errores graves del sistema judicial de Mississippi, sino que también plantea un debate profundo sobre el tiempo, los derechos fundamentales y cómo la justicia estadounidense falla –por omisión o negligencia– a quienes debería proteger: los ciudadanos.

La historia detrás de la condena

En 2015, Marcus Taylor, un hombre de 43 años, esposo y padre de familia, fue condenado a 15 años de prisión por conspirar para vender una medicación para el dolor con opioides, catalogada como una sustancia controlada de Clase III. El caso parecía cerrado cuando aceptó un acuerdo de culpabilidad: se le desestimaron otros dos cargos, incluyendo el robo a una farmacia.

Sin embargo, ese acuerdo incluía información gravemente errónea: se le comunicó que el delito llevaba una pena máxima de 20 años cuando en realidad, y según la ley de Mississippi, la pena máxima era de 5 años.

Ocho años después de su ingreso a prisión, y tras quejarse ante la justicia solicitando libertad condicional, el error salió a la luz, confirmando que Taylor había pasado más tiempo en la cárcel del que permitía la ley.

La ley que se interpone a la propia justicia

Cuando Taylor presentó una moción para revisar su caso, el tribunal del condado de Choctaw negó la solicitud. ¿El motivo? Pasó el límite de tres años desde su condena para presentar recursos posconvicción. Aunque se reconoció el error, la regla procedimental se impuso al derecho sustantivo.

El 6 de mayo de 2024, la Corte de Apelaciones de Mississippi aceptó que Taylor estaba cumpliendo una sentencia 10 años más larga de lo permitido, pero en una votación empatada de 5 a 5, el tribunal optó por mantener la condena. El empate mantiene el fallo anterior, y Taylor continúa preso.

¿Un nombre maldito en el derecho de Mississippi? Howell v. State

Para justificar esta decisión, el tribunal se basó en una decisión previa de la Corte Suprema del estado: Howell v. State of Mississippi (2023). Este fallo eliminó una excepción a la regla de los tres años que permitía extender dicho plazo en casos de derechos fundamentales, como era claramente el de Taylor.

Matthew Steffey, profesor de derecho en el Mississippi College School of Law, fue tajante:

“Este es el resultado esperado de Howell: existen reclamos meritorios que son desestimados por límites técnicos”.

A su juicio, este caso marca un antes y un después, donde la ley dejó de estar al servicio de las personas para convertirse en una barrera casi insalvable.

Una familia destrozada por la inercia judicial

Fuera de los pasillos fríos de los tribunales, una familia entera sufre las consecuencias de un fallo negligente. La esposa de Marcus, Kimberly Brown Taylor, cría sola a sus hijos desde hace 10 años. Uno de ellos, Blakeland, no ha visto a su padre desde que tenía un año.

“Ha sido muy duro ser madre soltera, estudiar contabilidad, trabajar en dos empleos para sacar adelante a mis hijos. Y todo este tiempo nadie sabía que la condena de Marcus era ilegal”, dijo Kimberly.

Tanto Blakeland como su hermano Joshua —hijo del primer matrimonio de Kimberly, pero criado por Taylor como si fuera suyo— siguen esperando una respuesta del sistema que no llega. “Solo quiero que mi papá esté en casa. Me está matando por dentro”, dijo Blakeland en una carta reciente.

¿Justicia a destiempo es justicia?

El abogado de Taylor, Damon Stevenson, fue enfático: “Marcus ya pagó su deuda con la sociedad, y no es legal tenerlo un solo día más tras las rejas”. En la actualidad, Taylor cumple su décimo año; cinco más de lo que la ley autoriza. Si no se revierte, cumpliría los 15 años injustamente.

No es la primera vez que Mississippi se niega a corregir errores de este tipo. Según registros de defensores legales del estado, ha habido otros casos similares donde reclusos cumplen sentencias más allá de los límites legales.

“Lo que necesitamos es una jurisprudencia clara que diga que ningún derecho fundamental puede limitarse por tecnicismos de tiempo”, sentenció Stevenson.

El absurdo legal robotizado: reglas más fuertes que el sentido común

La Corte de Apelaciones de Mississippi actúa como si fuese la ejecutora ciega de reglas impuestas. Irónicamente, los jueces son servidores públicos electos, y su postura judicial muchas veces se ajusta al discurso político de ser “duros con el crimen”, aunque eso signifique ser injustos con los acusados.

“En tiempos electorales, 'justicia para las víctimas' vende más que 'justicia para los acusados'”, apunta Steffey. “El castigo vende más que el perdón.”

Cuando luchar por justicia significa enfrentar al sistema

El equipo legal de Taylor solicitó una reconsideración a la Corte de Apelaciones el 2 de junio. A la causa también se sumó la Capital Post-Conviction Counsel, una oficina especializada en casos de sentencia de muerte. Aunque ese cuerpo no suele intervenir en casos como el de Taylor, sus expertos presentaron un amicus brief, alegando que el caso es emblemático.

Sin embargo, la oficina del fiscal general de Mississippi respondió con rechazo inmediato. Pidió que se desestime ese recurso, alegando extemporaneidad e irrelevancia. La batalla, claramente, no será fácil.

Un precedente necesario

En un contexto donde el 95% de las condenas penales en EE. UU. se resuelven por acuerdos de culpabilidad (Bureau of Justice Statistics), el caso de Marcus Taylor revela cómo estos acuerdos pueden derivar en errores colosales si no hay vigilancia ni verificación adecuada de su legalidad.

Según estimaciones de organizaciones como Innocence Project, más de 2.000 personas inocentes son condenadas cada año en Estados Unidos. En otros miles de casos como el de Taylor, la sentencia es simplemente ilegal, aunque haya culpabilidad, y el sistema responde con rigidez en lugar de compasión.

¿Un futuro incierto?

Si el tribunal se niega a reconsiderar el caso, la última opción sería la Corte Suprema de Mississippi. Sería este órgano el que podría reinterpretar el precedente de Howell y corregir el rumbo legal del estado.

Pero mientras tanto, los días siguen pasando para Taylor. Y con cada amanecer tras las rejas, el sistema acumula otra marca de vergüenza jurídica.

“Dios nos da oportunidades, una y otra vez. ¿Por qué el sistema judicial no puede hacer lo mismo con Marcus?” concluyó Kimberly Brown Taylor.