¿Giro autoritario en EE.UU.? El caso del 6 de enero, las agencias independientes y el poder presidencial

El suicidio de Jeffrey Smith: una herida abierta del 6 de enero

Nueve días después del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, el oficial de policía metropolitana Jeffrey Smith se quitó la vida mientras conducía rumbo al trabajo. La tragedia de Smith, lejos de haber cerrado su ciclo, ha vuelto al ojo público por una razón contundente: su viuda, Erin Smith, está demandando a uno de los manifestantes presentes ese día, David Walls-Kaufman. A través de una demanda por homicidio culposo, Erin intenta probar que el trauma físico y psicológico sufrido por su esposo contribuyó directamente a su suicidio.

Las imágenes de la cámara corporal de Smith habrían captado un enfrentamiento con Walls-Kaufman, quien presuntamente lo golpeó con su propia porra policial. El impacto habría causado una conmoción cerebral, y según su esposa, un cambio radical en el estado de ánimo y comportamiento del oficial.

“Fue el día más devastador de mi vida. No supe qué hacer cuando me dijeron que se había disparado con su arma reglamentaria.”, testificó Erin Smith, quien desde ese día ha sostenido una lucha legal y pública para buscar justicia.

Indultos presidenciales y justicia incompleta

La demanda llega en un contexto aún más polémico: en un acto sin precedentes, el expresidente Donald Trump emitió perdones y conmutaciones de penas a casi 1,600 personas involucradas en los disturbios del Capitolio, incluyendo a Walls-Kaufman, quien había sido condenado previamente por un delito menor relacionado con ingresar y manifestarse dentro del Capitolio.

Según la defensa, no existe evidencia concluyente de que su cliente golpeara a Smith de forma intencional. Video ambiguo, falta de testigos directos y la evaluación médica que reintegró a Smith a sus funciones, son las bases de su argumento.

Pero hay otros factores que manchan la neutralidad del proceso judicial: organizaciones como la Junta de Pensiones y Jubilación de Bomberos y Policías de DC establecieron que la lesión sufrida en acto de servicio fue la causa directa del suicidio de Smith. Incluso, el propio testimonio de Erin describe una creciente ansiedad ante eventos próximos y un temor profundo en su esposo ante una hipotética segunda oleada de violencia durante la toma de posesión de Joe Biden.

Más allá de Smith: ecos de trauma y muerte

Jeffrey Smith no fue el único: más de 100 agentes resultaron heridos ese día y al menos otros dos, Brian Sicknick y Howard Liebengood, también murieron bajo circunstancias directamente ligadas al trauma del 6 de enero. Sicknick murió de un derrame cerebral luego de enfrentarse con los manifestantes. Liebengood, como Smith, también se suicidó.

El trauma emocional y físico causado a las fuerzas de seguridad plantea interrogantes sobre la justicia real frente a actos de violencia política. ¿Basta un indulto presidencial para cerrar un proceso de manera justa?

La NAACP marca distancia histórica

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), una de las principales organizaciones de derechos civiles de EE.UU., emitió recientemente un rechazo rotundo a Donald Trump al anunciar que no lo invitará a su convención nacional por primera vez en sus 116 años de historia.

“Nuestra misión es avanzar los derechos civiles, y el presidente actual ha dejado claro que su misión es eliminarlos”, afirmó el presidente de la NAACP, Derrick Johnson.

La organización ha presentado múltiples demandas contra el gobierno de Trump en cuestión de políticas educativas discriminatorias, entre otras áreas. Aunque mandatarios como George W. Bush y Ronald Reagan fueron también duramente criticados por la NAACP, ambos aceptaron invitaciones a dicha convención en el pasado, reflejando al menos un mínimo de disposición al diálogo. Con Trump, parece que incluso ese piso común ha desaparecido.

La lucha por el control de las agencias independientes

Más allá del caso Smith y el rechazo público de la NAACP, otro frente pone en jaque al equilibrio institucional del país: el intento del expresidente Trump de ejercer un mayor control sobre las agencias federales independientes.

Uno de los casos más recientes es el despido repentino de Christopher Hanson, excomisionado de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC). Según Hanson, su despido fue ilegal e inconsulto, rompiendo con el precedente de mantener a los reguladores independientes alejados de motivaciones políticas.

El portavoz de la Casa Blanca, en defensa de la acción, afirmó que “todas las organizaciones funcionan mejor cuando todos sus miembros reman en la misma dirección”. Un argumento que, si bien puede sonar eficiente en teoría administrativa, pone en evidente riesgo el concepto de órganos reguladores imparciales.

Incluso senadores demócratas y expertos, como Edwin Lyman del Union of Concerned Scientists, han denunciado que estos movimientos amenazan directamente con politizar sectores cruciales como la seguridad nuclear del país.

¿El camino hacia un presidencialismo extremo?

Trump también ha removido a dos miembros demócratas de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y otros dos del Consejo Nacional de Relaciones Laborales, consolidando con ello una especie de lealtad unívoca en agencias que, por ley, funcionan como mecanismos de contrapeso en la democracia estadounidense.

Incluso firmó una orden ejecutiva destinada a dar a la Casa Blanca control directo sobre otras agencias como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), estableciendo una inédita centralización del poder.

El legado tóxico del 6 de enero y más allá

El 6 de enero de 2021 fue mucho más que una revuelta ocasional de fanáticos o una expresión de descontento político. Fue el catalizador de una serie de fracturas institucionales, sociales y emocionales que, cuatro años después, aún retumban con fuerza.

Desde la lucha judicial de una viuda que busca justicia por el suicidio de su esposo, hasta el despido arbitrario de reguladores y la exclusión política de un expresidente por parte de una histórica organización de derechos civiles, los acontecimientos recientes revelan un escenario preocupante para la democracia estadounidense.

Más allá de candidatos y partidos, lo que se encuentra en juego es la eficacia de las instituciones inmunes a la polarización, el respeto a las garantías individuales y la posibilidad de que figuras autocráticas reconfiguren a su antojo los pilares de lo que alguna vez fue considerado un sistema ejemplar de pesos y contrapesos.

Sin resolución aún para el caso de Jeffrey Smith, ni claridad institucional sobre las consecuencias del indulto masivo, el país se debate entre la memoria, la justicia y el futuro.