Corte Suprema, aborto y discriminación inversa: ¿el nuevo campo de batalla político-judicial en EE.UU.?
Entre centros provida, listas negras, violencia política y demandas por discriminación, el país vive una creciente polarización donde los tribunales se convierten en árbitros ideológicos
Una nación ante el espejo: la justicia como escenario de la polarización
Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más divisivos de su historia reciente. En el corazón de esa fractura no solamente se encuentran los procesos electorales ni los debates ideológicos, sino una escalada de litigios, decisiones judiciales e incluso actos violentos que giran en torno a temas tan sensibles como el derecho al aborto, la libertad religiosa, el uso de recursos públicos, e incluso la ejecución de políticas de diversidad e inclusión.
Esta semana, tres casos distintos ilustraron perfectamente cómo la Corte Suprema, los gobiernos estatales y las instituciones federales han pasado de ser órganos neutrales a convertirse en campos de pugna entre posiciones radicalmente enfrentadas.
El caso de First Choice Women’s Resource Centers: ¿libertad religiosa o propaganda engañosa?
La Corte Suprema de EE.UU. aceptó recientemente revisar el caso de First Choice Women’s Resource Centers, un centro de recursos para embarazos no deseados basado en la fe, en Nueva Jersey.
El centro enfrenta una investigación del fiscal general del estado, Matthew Platkin, quien emitió una citación judicial en 2023 para obtener información sobre sus donantes, publicidad y personal médico, alegando que la organización podría estar engañando a mujeres haciéndoles creer que proporciona información imparcial sobre opciones reproductivas—including aborto—cuando, en los hechos, su misión es alejar a las mujeres de dicha opción.
Los abogados del centro, en su apelación, argumentan que el simple intento de recabar esta información ya representa una forma de censura contra su libertad de expresión y de religión protegidas por la Primera Enmienda.
“Los fiscales generales estatales, de ambos lados del espectro político, han sido acusados de utilizar sus prerrogativas para perseguir a adversarios ideológicos”, escribieron los abogados de First Choice.
El tema trasciende lo religioso: el caso podría redefinir qué margen tiene el Estado para investigar a organizaciones sin fines de lucro cuando éstas operan en un territorio tan polarizante como el aborto.
El fantasma del terrorismo ideológico: asesinatos en Minnesota
Mientras la Corte Deliberaba sobre este tema, un horror político tomaba forma en Minnesota. Vance Boelter, un hombre de 57 años, fue arrestado tras un tiroteo que dejó muertos a la ex presidenta demócrata de la Cámara Estatal, Melissa Hortman, y a su esposo. También hirió de gravedad al senador estatal John Hoffman y a su esposa.
De acuerdo a las autoridades, Boelter se hacía pasar por agente de policía y llevaba consigo una lista con nombres de alrededor de 70 figuras públicas, muchos de ellos activistas a favor del derecho al aborto, legisladores y líderes comunitarios.
“Se trata de la operación de búsqueda más grande en la historia del estado”, dijo el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.
Boelter era conocido en su comunidad como un cristiano devoto que había expresado en África que Estados Unidos se encontraba en un “mal lugar” moral por no combatir abierta y activamente el aborto. Aunque sus allegados no lo consideraban extremista, el ataque parece tener un claro perfil ideológico.
Este incidente destapó una vez más el debate sobre el auge de la violencia motivada por creencias políticas o religiosas, un fenómeno que tuvo su máxima expresión en el ataque al Capitolio en enero de 2021, y que parece estar tomando nuevas formas.
Discriminación inversa: la nueva cruzada legal de grupos conservadores
A tan solo unas horas de estos eventos, la atención mediática se dirigía a Wisconsin. Allí, Adam Faust, un granjero blanco discapacitado, presentó una demanda federal alegando que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) lo discrimina por razones raciales.
Faust ya había participado en otra demanda en 2021 que logró frenar el programa de condonación de préstamos para agricultores “socialmente desfavorecidos”—principalmente personas de color. Ahora acusa al gobierno de mantener políticas que favorecen a mujeres y minorías en programas de subsidios y préstamos.
“Soy parte de una minoría que nadie está dispuesto a defender: los trabajadores blancos, hombres y discapacitados,” afirmó Faust en un comunicado.
El caso ha sido impulsado por el Wisconsin Institute for Law and Liberty, una organización conservadora que ha presentado demandas en 25 estados contra programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en agencias públicas.
El fondo de esta queja se apoya en la promesa de Donald Trump de desmontar todo el aparato de “sesgo positivo” hacia minorías que, según él y muchos conservadores, alimenta una cultura de victimismo en vez de mérito.
La Corte Suprema: árbitro y protagonista
Estos casos ilustran cómo la Corte Suprema se ha convertido no solo en árbitro jurídico, sino también en un agente activo dentro de la guerra cultural estadounidense:
- First Choice presenta una combinación explosiva de religión, aborto y transparencia.
- El caso Faust reabre el debate sobre acciones afirmativas y discriminación inversa.
- El asesinato de figuras políticas a favor del aborto refuerza el poder simbólico y social de los tribunales como último bastión institucional.
Todo esto ocurre en un contexto donde las decisiones de la Corte ya han impactado de forma significativa la vida del país: desde la revocación de Roe v. Wade en 2022 hasta recientes fallos sobre acción afirmativa y derechos LGTB.
¿Estamos ante un nuevo tipo de guerra ideológica?
La intersección entre violencia política (como el caso en Minnesota), causas judiciales (como la de Faust) y conflictos políticos-ideológicos (como el de First Choice) sugiere que no estamos ante simples disputas judiciales, sino en un proceso de judicialización masiva de luchas culturales.
Este fenómeno—que algunos comparan con una nueva “Revolución Cultural” al estilo estadounidense—no tiene parangón desde la época de los años 60 y 70, cuando se libraban batallas semejantes alrededor de los derechos civiles, el Vietnam, el feminismo, y la doctrina secular.
Hoy, los temas han cambiado, pero el fondo persiste: ¿quién decide qué es justo, moral o legítimo en una sociedad democrática profundamente dividida?
Una nación al filo del derecho
La pregunta que se impone es: ¿hasta qué punto la Corte Suprema puede o debe seguir siendo el árbitro de estas pugnas ideológicas? ¿Está preparada institucionalmente para lidiar con un país donde cada avance social produce un equivalente retroceso por parte de sus detractores?
Lo que parece evidente es que los años por venir no solo estarán definidos por elecciones giros legislativos, sino profundamente marcados por decisiones judiciales que pueden redefinir (como sucedió con Brown v. Board of Education o Roe v. Wade) el curso mismo del modelo de sociedad estadounidense.
En este nuevo orden de cosas, los tribunales ya no son neutrales: son trincheras ideológicas.