Discriminación, recortes científicos y conspiraciones: el peligroso uso político de las instituciones en EE.UU.

Por décadas, Estados Unidos se ha preciado de ser una nación que lidera investigaciones científicas, defiende las libertades individuales y protege a sus ciudadanos con un robusto sistema judicial. Pero los últimos años han expuesto profundas grietas en esa narrativa, con decisiones gubernamentales que, lejos de promover estos ideales, los socavan con un fuerte tinte ideológico.

Recortes a la ciencia: el caso de los subsidios cancelados del NIH

Esta semana, el juez federal William Young, nombrado por el expresidente republicano Ronald Reagan, sorprendió con una contundente crítica al gobierno de Donald Trump, al declarar ilegales los recortes de subsidios científicos impulsados por su administración.

El juez criticó la cancelación de cientos de subsidios provenientes del Instituto Nacional de Salud (NIH), particularmente aquellos enfocados en identidad de género, equidad e inclusión. Según Young, el proceso fue “arbitrario y caprichoso”, sin seguir criterios provistos por el propio gobierno de EE.UU., cuestionando además si fue motivado por discriminación racial y contra la comunidad LGBTQ+.

Young expresó su indignación de manera clara:

“En 40 años en la banca, jamás he visto una discriminación gubernamental de esta magnitud... ¿No tenemos vergüenza?”, dijo al cerrar la audiencia.

Estudios cancelados incluían temas tan críticos como salud cardiovascular, enfermedades de transmisión sexual, depresión, demencia tipo Alzheimer y abuso de alcohol en adolescentes. Algunos de ellos estudiaban, incluso, cómo ciertos medicamentos afectan de manera diferente según el origen étnico de los pacientes.

Aunque los abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) defendieron la decisión, afirmando que los subsidios priorizaban “agendas ideológicas sobre la rigurosidad científica”, el juez se mostró categórico en indicar que los cortes tenían un trasfondo discriminatorio.

Las voces opositoras, entre ellas procuradores generales de 16 estados y grupos defensores de la salud pública, denunciaron que las terminaciones vinieron acompañadas de cartas generales sin fundamento técnico y que ignoraron los efectos perjudiciales para pacientes en estudios activos de tratamiento contra el suicidio y otras afecciones.

Mike Lindell, conspiraciones y consecuencias: el caso de difamación en Colorado

En paralelo, otro episodio relacionado con el uso ideológico de plataformas y figuras públicas sacudió el ámbito jurídico en Colorado. Mike Lindell, CEO de MyPillow y ferviente defensor de las teorías conspirativas sobre el fraude electoral de 2020, fue hallado culpable de difamar públicamente a Eric Coomer, exdirector de seguridad en Dominion Voting Systems.

Lindell promovió la falsa idea de que Coomer saboteó el proceso electoral para impedir la reelección de Donald Trump. Estas acusaciones, difundidas a través de su plataforma de medios Frankspeech, contribuyeron a deteriorar la vida personal y profesional de Coomer, según testimonios presentados durante el juicio.

“Lindell sabía que eran mentiras o actuó con temeraria indiferencia”, indicó el equipo legal de Coomer.

El CEO, por su parte, no presentó evidencia concreta durante el juicio para respaldar sus dichos. Tocó más bien en referencias vagas a documentales y opiniones sin fundamento, como las de Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump. Afirmó que sus creencias se derivan del documental “Kill Chain” de HBO, y de presuntos comentarios descontextualizados.

El impacto de estas difamaciones fue severo para Coomer, quien afirma haber perdido su empleo, su salud mental y su calidad de vida. Ya en 2021, Newsmax —otra entidad que propagó teorías similares— pidió disculpas públicamente al ingeniero.

Un patrón peligrosamente coherente

Podría parecer que los dos casos anteriores —subsidios de investigación científica y acusaciones falsas en elecciones— están desconectados. Pero lo cierto es que responden a una misma lógica de instrumentalización de instituciones para fines ideológicos.

• Primero, a través del debilitamiento de la ciencia pública, recortando financiamiento a investigaciones que no comulgan con una visión conservadora rígida de la sociedad.
• Segundo, a través de plataformas mediáticas que brindan voz y legitimidad a teorías conspirativas, muchas veces sin fundamentos, generando daños reales a individuos e instituciones.

La idea de que el gobierno puede decidir qué áreas del conocimiento son válidas según su afinidad ideológica contradice los fundamentos sobre los cuales se construyó la ciencia moderna. Asimismo, convertir las elecciones en una narrativa de traición y sabotaje erosiona la confianza en uno de los pilares de cualquier democracia: el voto popular legítimo.

El impacto en la comunidad científica y en la salud pública

Más allá de los procedimientos legales, las consecuencias de estos recortes son palpables. Estudios interrumpidos implican:

• Perdida de datos irrecuperables en ensayos clínicos.
• Desempleo para científicos jóvenes e investigadores posdoctorales.
• Interrupciones para pacientes que se beneficiaban de tratamientos preventivos o experimentales.
• Desmotivación para abordar temas como la diversidad racial en la medicina, o los efectos específicos de medicinas en comunidades LGBTQ+.

Según Nature, se estima que más del 39% de la pérdida de inversión en salud termina generando un retroceso en avances clínicos y aumenta la inequidad en el acceso a tratamientos eficaces.

Además, estudios en The Lancet y JAMA han probado que entender cómo afectan las enfermedades de manera diferencial según factores socioculturales, de género y raciales, incrementa el éxito terapéutico.

El peligro de las teorías conspirativas sin evidencia

La narrativa de que las elecciones de 2020 fueron “robadas” ha sido refutada en más de 60 instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, y por funcionarios como William Barr, fiscal general de Trump, quien declaró en diciembre de 2020: “No hemos visto fraude de una magnitud que pudiera haber cambiado el resultado”.

Mike Lindell persiste en defender teorías basadas en especulaciones mediáticas. A pesar de haber perdido decenas de millones de dólares y enfrenta múltiples demandas por difamación, sigue tan firme como el primer día en su cruzada informativa.

Esta tónica de mezclar creencias personales con supuestas pruebas ha generado un ambiente en el que la verdad factual importa menos que la ideología del emisor. Mientras tanto, los efectos sobre las vidas de personas como Eric Coomer se vuelven devastadores.

Una llamada de atención

Lo que ambos casos ponen de relieve es un fenómeno más amplio, que excede a Trump o Lindell: la creciente polarización política y cómo esta se infiltra en los procesos institucionales, erosionando la ciencia, la seguridad electoral, e incluso el entorno judicial.

Cuando lo ideológico pesa más que lo empírico o lo ético, se abren brechas profundas en el contrato social. Si instituciones como el NIH son cooptadas para responder a agendas políticas, o si individuos pueden ser destruidos reputacionalmente sin rendición de cuentas clara, ¿qué garantía queda para cualquier ciudadano?

La historia mostrará este período como uno donde la lucha por la verdad, la evidencia científica y el respeto a las minorías enfrentaron sus mayores desafíos desde la era de McCarthy. Pero por fortuna, jueces como William Young, científicos comprometidos y ciudadanos críticos siguen de pie.

La democracia no solo se defiende en las urnas, también en los laboratorios, en los tribunales, y en la forma en que lidiamos con la verdad.