El 'gran proyecto' de Trump: recortes sociales, beneficios para ricos y una ciudad en tensión

Una ciudad bajo tensión: el caso de Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles fue recientemente escenario de una serie de protestas que estallaron tras las nuevas órdenes de deportación masiva impulsadas por el expresidente Donald Trump. En respuesta, la alcaldesa Karen Bass impuso un toque de queda en el área céntrica de la ciudad con el fin de evitar actos vandálicos y saqueos. La violencia inicial obligó al gobierno local a solicitar el despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines.

Según informó la alcaldía, 23 negocios fueron saqueados la noche previa a la implementación del toque de queda, incluido un centro comunitario y varias pequeñas empresas familiares. Con el paso de los días y los refuerzos policiales, la violencia disminuyó, lo que permitió a la alcaldesa reducir el horario del toque de queda, comenzando a las 10 p.m. y no a las 8 p.m., como previamente había sido establecido.

“El toque de queda, junto con los esfuerzos preventivos, ha sido exitoso para proteger a la comunidad”, declaró Bass. No obstante, defensores de los inmigrantes han criticado la medida por considerarla una respuesta represiva a las manifestaciones legítimas contra las políticas migratorias de Trump.

El plan republicano: ¿salvación o bomba social?

En paralelo al control civil en las calles, los republicanos en el Senado avanzaron un borrador legislativo monumental que, de ser aprobado, modificaría profundamente el tejido social y económico del país. Conocido informalmente como el "gran proyecto de ley" de Trump, la iniciativa busca extender los recortes fiscales de 2017, mientras impone drásticos recortes a programas sociales como Medicaid y SNAP (cupones de alimentos).

La iniciativa también contempla:

• Eliminar impuestos sobre propinas.
• Aumentar el crédito fiscal por hijo en $500 por familia.
• Recortes por más de $1 billón en otros programas.
• Un aumento del gasto en defensa y seguridad de $350 mil millones, incluyendo $175 mil millones para deportaciones masivas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que el proyecto de ley aumentaría el déficit en $2.4 billones en los próximos diez años y dejaría a 10.9 millones de personas sin cobertura médica. Los mayores beneficios fiscales serían para los hogares más ricos, que recibirían reducciones de impuestos promedio de $12,000 anuales, mientras los más pobres enfrentarían un aumento de $1,600 en su carga tributaria.

Recortes a Medicaid: un ataque directo al tejido social

Una de las áreas más controvertidas del proyecto es la modificación de Medicaid. Actualmente utilizado por más de 80 millones de estadounidenses, principalmente de bajos ingresos, el nuevo plan contempla imponer requisitos laborales a adultos entre 18 y 64 años sin dependientes, así como a padres de niños mayores de 14 años.

También se contempla una tarifa de copago de $35 por servicio médico para quienes ganen más del nivel de pobreza (aproximadamente $32,000 anuales para una familia de cuatro). Además, el plan pretende reducir gradualmente hasta el 2031 el porcentaje de impuestos que los estados pueden aplicar a proveedores médicos (los llamados "provider taxes"), lo cual podría obligar a hospitales locales a realizar despidos o cerrar áreas críticas.

“Los recortes a Medicaid son más profundos y devastadores que el desastroso proyecto aprobado por la Cámara de Representantes”, alertó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Incluso algunos senadores republicanos como Josh Hawley y Rand Paul han expresado dudas sobre el impacto social de estas medidas, especialmente en estados rurales donde Medicaid es esencial.

SALT, energía limpia y el doble filo fiscal

Otra fuente de controversia gira en torno al techo impuesto a las deducciones de impuestos estatales y locales (SALT). El borrador del Senado mantiene el límite de $10,000, lo cual enfureció a legisladores de estados con altos impuestos como Nueva York y California.

Los recortes a los subsidios de energía verde también están contenidos en el texto, aunque en menor medida que lo exigido por el ala ultraconservadora del partido. Se eliminarían inmediatamente los créditos fiscales para vehículos eléctricos y algunos programas solares, pero se mantendrían incentivos para energía eólica hasta 2027.

“Estamos logrando ahorros significativos al cortar subsidios inútiles, pero también apoyamos una transición razonable para no cortar de raíz la innovación energética”, declaró Mike Crapo, senador republicano por Idaho.

¿Vendetta contra las ciudades azules?

Además del enfoque fiscal, muchos observadores ven en el plan un intento de castigar a las llamadas "ciudades santuario" lideradas por demócratas. El plan prevé contratar 10,000 agentes para ICE y aumentar el presupuesto de deportaciones en $175 mil millones.

El presidente Trump ha sido categórico sobre su intención de acelerar las deportaciones, concentrándose en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, donde en semanas recientes se han producido protestas multitudinarias.

El senador demócrata Alex Padilla fue incluso esposado durante una protesta en Los Ángeles frente al edificio federal de inmigración. El hecho fue ampliamente compartido en redes sociales, intensificando aún más el debate nacional sobre justicia migratoria.

La guerra legislativa y lo que está en juego

Ambos partidos se preparan para un choque frontal. La cámara baja ya aprobó su versión del texto, pero el Senado debe aprobar el suyo con apenas una mayoría mínima. Las desviaciones entre las versiones de ambas cámaras, sobre temas como Medicaid y SALT, podrían hacer descarrilar todo el paquete.

Además, se estima que algunos senadores moderados podrían no respaldar el aumento del techo de deuda en $5 billones requerido por el proyecto. Como dijo el senador republicano Ron Johnson: “Nos queda mucho camino que recorrer en este asunto”.

Una jugada política de alto riesgo

El llamado “proyecto hermoso” por Trump podría ser su legado interno más controvertido. Mientras promete alivios fiscales a muchos estadounidenses, sus críticos lo llaman un refinado ataque a los más vulnerables, favoreciendo exclusivamente a los más ricos y a intereses conservadores en petróleo, deportación y defensa militar.

En un país donde más del 60% de los ciudadanos apoyan mantener e incluso aumentar el financiamiento a programas sociales como Medicaid y SNAP (según encuesta del AP-NORC, 2024), el proyecto puede convertirse en un bumerán electoral tan peligroso como las protestas que ya suscita en las calles de ciudades diversas y tensas como Los Ángeles.