Choque de poderes en EE.UU.: la batalla legal entre Gavin Newsom y Trump por el control de la Guardia Nacional

Un precedente explosivo en California

La lucha por el control de la Guardia Nacional en California ha provocado un intenso debate constitucional que podría tener implicaciones a nivel nacional. En el centro de la disputa están el gobernador Gavin Newsom y el expresidente Donald Trump, quienes chocan por la legalidad y legitimidad de una orden ejecutiva para movilizar tropas ante protestas ciudadanas. Este caso, que actualmente está siendo revisado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, pone a prueba los límites del poder federal frente al estatal.

¿Qué sucedió realmente?

Todo comenzó durante una ola de protestas en Los Ángeles en respuesta a redadas migratorias federales. Estas manifestaciones, mayormente pacíficas, estallaron cuando agentes federales intervinieron en comunidades de inmigrantes, generando indignación y movilización social. En respuesta, la administración de Trump desplegó a la Guardia Nacional sin contar con la aprobación del gobernador Gavin Newsom, quien denunció que tal acción era anticonstitucional.

El juez federal Charles Breyer dictaminó que este despliegue fue “ilegal” y excedía la autoridad estatutaria del presidente, haciendo referencia al Título 10 del Código de EE.UU., el cual solo permite convocar a la Guardia Nacional en casos extremos como invasiones, rebeliones o cuando se obstaculice seriamente la ejecución de las leyes.

La interpretación del Título 10: ¿poder presidencial sin límites?

El Título 10 es una legislación federal que confiere al presidente ciertas potestades sobre las fuerzas armadas. Pero estas facultades tienen límites. La movilización unilateral de tropas sin el consentimiento del gobernador estatal, como argumentó el juez Breyer, carece de sustento legal si no hay amenaza real de insurrección o violencia masiva.

“Las protestas en Los Ángeles están lejos de ser una rebelión”, escribió Breyer en su fallo. “El derecho de los individuos a protestar está protegido por la Primera Enmienda. Que algunos cometan actos ilícitos no invalida ese derecho.”

Con esta afirmación, dejó en claro que la intervención militar constituía no solo una extralimitación ejecutiva, sino una amenaza al orden democrático.

Historia del uso de la Guardia Nacional en EE.UU.

Un aspecto clave del caso viene de la historia misma del uso de la Guardia Nacional. Desde su creación, ha sido utilizada tanto por los estados como por el gobierno federal, aunque su movilización sin el aval del gobernador es extremadamente rara. De hecho, la última vez que esto ocurrió fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama.

Estos antecedentes muestran que este tipo de despliegue es reservado para situaciones extraordinarias. Pero, ¿fue eso lo que ocurrió en Los Ángeles en 2020?

La acusación de Newsom: soberanía estatal en juego

En su demanda, Gavin Newsom acusó a Trump de inflamar tensiones y menoscabar la soberanía de California como estado. En palabras del gobernador, la decisión del presidente fue “ilegal e inmoral”, y el despliegue de la Guardia Nacional “una medida desproporcionada ante manifestantes en ejercicio de sus derechos”.

La preocupación del gobernador no se limita solo a las tropas. También advirtió que este tipo de precedente puede usarse para reprimir protestas ciudadanas legítimas en el futuro bajo el pretexto de mantener el orden público.

¿Y los Marines?

Otro punto que no pasó desapercibido fue que la orden judicial de Breyer se aplicaba únicamente a la Guardia Nacional y no a los Marines, también desplegados en la zona. Esta distinción genera dudas sobre el alcance y la coherencia de la intervención. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y qué dice esto sobre la militarización creciente de la respuesta estatal ante protestas civiles?

El argumento de Trump: proteger infraestructura y oficiales federales

La administración Trump defendió el uso de la Guardia Nacional argumentando que era necesario para proteger edificios federales y a las fuerzas del orden. Sin embargo, los críticos han señalado que esta justificación es débil, ya que no existía una amenaza real de ataque o destrucción masiva que justificara semejante despliegue militar en suelo estadounidense.

Este conflicto apuntala un debate más amplio sobre los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto doméstico: ¿Puede un presidente usar al ejército para sofocar protestas dentro del país sin el aval del estado afectado?

El papel del poder judicial como árbitro constitucional

La decisión se encuentra ahora en manos del panel de tres jueces del Noveno Circuito. Esta corte tiene un historial de fallos progresistas y ya ha contrariado a la Casa Blanca en múltiples ocasiones, incluso durante la era Trump. Sea cual sea su veredicto, definirá el equilibrio entre poder federal y estatal por años.

Además, el caso podría terminar en la Corte Suprema si alguna de las partes decide apelar la decisión final. Esto refleja cuán profundo es el conflicto institucional abierto entre dos niveles de gobierno, exacerbado por divisiones ideológicas y políticas.

Mirando hacia adelante: ¿un modelo de resistencia?

La resistencia de Newsom puede interpretarse dentro de un marco más amplio de federalismo reactivo. En la era Trump, varios estados —especialmente liderados por demócratas— empujaron leyes y litigios para frenar decisiones presidenciales consideradas autoritarias o invasivas.

En ese sentido, California se ha convertido en símbolo de oposición institucional al trumpismo. Desde demandas por cambios ambientales hasta esta batalla por la Guardia Nacional, ha liderado un choque frontal con el gobierno federal como quizás no se había visto desde la época de la Guerra Civil.

La Guardia Nacional: entre defensa y represión

No es menor el debate sobre el papel de la Guardia Nacional. Nacida para proteger a los ciudadanos y asistir en catástrofes naturales, ha sido usada ocasionalmente como herramienta de represión. Casos como el de Kent State en 1970, donde cuatro estudiantes murieron a manos de la Guardia Nacional durante una protesta contra la guerra de Vietnam, siguen presentes en la memoria colectiva.

Por eso, muchos activistas temen que el uso indiscriminado de estas tropas pueda acallar protestas legítimas, intimidar a comunidades vulnerables y profundizar la militarización interna de EE.UU.

¿Un nuevo capítulo en la historia del derecho a protestar?

Este caso es más que una disputa legal: se trata del derecho de los ciudadanos a manifestarse sin temor a la represión militar. “Protestar no es un acto criminal —es un derecho democrático”, insisten los defensores de libertades civiles.

Cuando un gobierno decide responder con tropas a estas expresiones, se corre el riesgo de deslizarse hacia un estado autoritario. En este contexto, la resolución de la Corte será fundamental para preservar los pilares de la democracia estadounidense.

La historia nos enseña que los derechos civiles no se consolidan solos; es necesario defenderlos ante cada amenaza. Y esta batalla legal, más allá de los nombres y cargos políticos, será parte de esa narrativa histórica sobre la libertad y la justicia en América.