El caso Robert Roberson: ¿Justicia o ciencia defectuosa en la pena de muerte en Texas?
La condena de un padre por el síndrome del bebé sacudido vuelve a dividir a científicos, legisladores y defensores de derechos humanos, mientras Texas insiste en una nueva fecha de ejecución
Un hombre, una tragedia y una ciencia en entredicho
Robert Roberson, un residente de Texas de 58 años, se encuentra en el ojo del huracán judicial estadounidense. Condenado a muerte en 2002 por el asesinato de su hija de 2 años, Nikki Curtis, su caso ha desatado una tormenta ética, científica y legal que sigue latiendo con fuerza más de dos décadas después.
Lo que inicialmente fue presentado por los fiscales como un caso típico de shaken baby syndrome (síndrome del bebé sacudido) —un diagnóstico que, en su momento, se había convertido en un lugar común para explicar lesiones craneales en niños— ahora es objeto de una feroz controversia. Nuevas revisiones médicas, posturas legislativas bipartidistas y movimientos sociales sugieren que Roberson podría ser inocente.
¿Qué es el síndrome del bebé sacudido?
El síndrome del bebé sacudido se refiere a un patrón de lesiones cerebrales graves en bebés, atribuibles a un adulto que sacude con fuerza al niño. En las décadas de 1990 y 2000, este diagnóstico se usó con frecuencia en casos de muerte infantil inexplicada. Pero a medida que avanzó la ciencia, muchas de sus bases han sido rebatidas por forenses y médicos.
Hoy los tribunales de Estados Unidos revisan con lupa este tipo de casos, y varias condenas han sido anuladas debido a la insuficiencia o inexactitud del diagnóstico original. El caso Roberson podría llegar a ser una de ellas.
Un nuevo intento de ejecución
El 8 de octubre de 2023, Roberson estuvo a punto de ser ejecutado en la prisión de Huntsville, en Texas, cuando una intervención inesperada salvó su vida temporalmente. Un grupo bipartidista de legisladores estatales solicitó que testificara ante una comisión del Congreso de Texas, lo cual obligó a los tribunales a conceder un aplazamiento de última hora.
Ahora, en 2024, la Oficina del Fiscal General de Texas, actualmente dirigida por el controvertido abogado Ken Paxton, solicitó una nueva fecha de ejecución: el 16 de octubre. Este pedido se da pese a que Roberson todavía tiene una apelación activa basada en "nuevas pruebas contundentes de inocencia", según su equipo legal.
La controversia detrás de las pruebas científicas
En una apelación presentada en febrero, el equipo legal de Roberson presentó informes de nuevos patólogos y expertos que coinciden en que la muerte de la pequeña Nikki podría deberse a complicaciones derivadas de una neumonía no diagnosticada, en lugar de un acto violento.
Gretchen Sween, una de sus abogadas, fue contundente:
“No hay justificación alguna para que el estado siga intentando ejecutar a un ser humano inocente. Ni la ley estatal ni la ley moral contemplan este nivel de obstinación, más aún cuando hay dudas fundadas sobre su culpabilidad”.
Su afirmación viene respaldada por décadas de estudios. Según la revista Scientific American, “el síndrome del bebé sacudido fue durante años una explicación empírica escasa y mal fundamentada en múltiples casos, lo que llevó a condenas erróneas”.
El impacto legislativo y la presión pública
Uno de los elementos más únicos de este caso es la coordinación entre legisladores texanos de ambos partidos en la defensa del derecho de Roberson a una revisión adecuada. Tal acción en Texas, históricamente severo con la pena de muerte, es insólita.
En 2023, al menos 41 personas en EE. UU. fueron ejecutadas, siendo Texas el estado con mayor número de ejecuciones. La tasa de error en las condenas a muerte se estima entre 1% y 4%, lo cual implica que podría haber personas inocentes esperando en el corredor de la muerte. Una cifra intolerable en cualquier sistema judicial moderno.
Una espera agonizante y sin juez asignado
El proceso judicial de Robert Roberson ha sufrido otro retraso estructural: no hay juez actualmente asignado a su caso, ya que la última jueza se recusó en noviembre de 2023.
Esto dificulta la calendarización de audiencias pendientes y retrasa cualquier revisión real de la apelación en curso. Mientras tanto, el condenado sigue en una celda a pocos pasos de la cámara de ejecución más activa de EE. UU., esperando una resolución en un sistema que, para algunos, parece más centrado en castigar que en confirmar la verdad.
El costo humano y político de ejecutar entre dudas
La amenaza de ejecutar a alguien cuya culpabilidad se tambalea tiene implicaciones éticas profundas. Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que todos los estados suspendan las ejecuciones donde existan pruebas nuevas y contundentes o ciencia en evolución.
Además, ejecutar a Roberson podría ser devastador para la confianza pública en el sistema judicial texano. Ya ha habido casos —como el de Cameron Todd Willingham en 2004— que muestran cómo la prisa por obtener justicia puede terminar en la ejecución de personas inocentes.
¿Qué sigue para Roberson?
Mientras el fiscal general Ken Paxton sigue presionando por una fecha de ejecución, el equipo legal de Roberson exige una nueva audiencia. “La pregunta no es si tuvo un juicio justo”, afirma Sween. “Es si el jurado condenó basado en evidencia médica que hoy sabemos que es defectuosa.”
El caso Roberson no es solo sobre medicina forense o un crimen familiar; es un espejo de cómo la justicia penal de Estados Unidos puede equivocarse dramáticamente, y cómo la ciencia moderna puede forzar a los tribunales a mirar hacia atrás con ojos nuevos.
Queda por verse si el estado de Texas perseverará en su decisión de aplicar la pena capital o si prevalecerá la prudencia ante la duda. La vida de Robert Roberson —y la credibilidad del sistema judicial— están en juego.
