Florida y la privatización de la educación: ¿reforma escolar o desmantelamiento público?

La batalla por el futuro de la educación pública en Florida ha escalado una vez más. En un movimiento sorpresivo, el legislativo estatal, dominado por el Partido Republicano, aprobó fuera del calendario regular un polémico proyecto de ley que expande significativamente la presencia de escuelas chárter o 'escuelas de esperanza' dentro del sistema público. Esta legislación, que había muerto en mayo por la falta de consenso, fue revivida e insertada en el paquete presupuestario durante negociaciones de verano, algo que ha desatado fuertes críticas por parte de legisladores demócratas y defensores de la educación pública.

¿Qué son las 'escuelas de esperanza'?

Las ‘escuelas de esperanza’ son un tipo de escuela chárter creada en 2017 con el objetivo declarado de ofrecer una alternativa a escuelas públicas consideradas como fracasadas o con bajo rendimiento. Las escuelas chárter reciben fondos públicos, pero son gestionadas por entidades privadas —a menudo con fines de lucro—, lo que ha levantado sospechas sobre intereses financieros tras su proliferación.

Con esta nueva ley, estas escuelas podrán compartir instalaciones rent-free con escuelas públicas, incluso si las públicas tienen alto rendimiento académico pero espacios subutilizados. Además, las escuelas de esperanza ahora podrán solicitar su creación directamente a universidades o colegios públicos, eludiendo la autoridad de las juntas escolares locales.

Una tendencia nacional con raíces ideológicas

Lo que sucede en Florida no es aislado. Estados como Tennessee también han aprobado leyes similares, permitiendo que operadores de escuelas chárter eviten juntas escolares locales. Esta tendencia forma parte de una agenda educativa conservadora que promueve la elección de escuela ( school choice), y que ha encontrado en Florida un laboratorio ideal desde hace más de dos décadas.

La lógica detrás de estas reformas es permitir a las familias escapar de escuelas públicas de bajo rendimiento. Sin embargo, el impacto acumulativo en el sistema público tradicional es considerable. Las escuelas públicas, al perder matrícula, ven reducidos sus fondos —que se asignan en función del número de estudiantes—, debilitando aún más su función social.

Ken Griffin y el dinero privado en la política educativa

Uno de los impulsores clave detrás de esta legislación es Ken Griffin, multimillonario gestor de fondos de cobertura y megadonante republicano. Mediante su firma Citadel Enterprise Americas, ha invertido millones en iniciativas relacionadas con escuelas chárter.

“Tenemos operadores que quieren dar la mejor educación a aquellos en escuelas que no han estado recibiendo la mejor educación”, dijo la representante republicana Jenna Persons-Mulicka.

La frase, aunque bien intencionada, contradice la opinión de expertos en políticas educativas, quienes argumentan que estas iniciativas crean sistemas escolares paralelos y profundizan las desigualdades existentes en el acceso a una educación de calidad.

Manipulación del sistema de evaluación escolar

Uno de los cambios más preocupantes que introduces esta ley es la nueva definición de 'escuela de bajo rendimiento persistente', que permitirá clasificar a más escuelas públicas como fallidas. Para muchos críticos, esto es una forma de justificar la invasión de los operadores chárter bajo un criterio arbitrario y fácilmente manipulable.

Esto fue motivo de alerta para la representante demócrata Robin Bartleman, quien increpó directamente a sus colegas republicanos:

“¿Por qué están interviniendo en escuelas que están funcionando? Esto es un pecado”.

Crisis demográfica y decadencia escolar

Florida, como muchos estados, está viendo un descenso en la matrícula escolar pública, en parte debido al auge de alternativas como la educación en el hogar, escuelas privadas y ahora también una red cada vez más amplia de instituciones chárter financiadas por el estado.

Este fenómeno, si bien respeta la libertad de las familias para elegir, erosiona progresivamente el sistema educativo público, dejándolo a merced de presupuestos cada vez más reducidos y una opinión pública manipulada por las promesas de eficiencia del sector privado.

El caso de los vales escolares y el desmontaje sistemático

Florida no solo ha sido pionera en escuelas chárter, también ha sido uno de los primeros en aplicar vales escolares financiados por el Estado. En 2023, se eliminó el requisito de ingresos familiares para acceder a estos vales, lo que permitió que incluso las familias más acomodadas reciban subsidios públicos para enviar a sus hijos a colegios privados.

Esto plantea una clara contradicción: en lugar de fortalecer la educación pública para hacerla más equitativa, se están canalizando recursos públicos hacia opciones privadas, beneficiando a quienes ya tienen más opciones desde el punto de partida.

Una cuestión de democracia y transparencia

Más allá del contenido de la ley, su forma de aprobación es motivo de preocupación. La medida fue revivida fuera del calendario legislativo normal y aprobada después de las 10 p.m. con escasa presencia de ciudadanos en los pasillos del Capitolio estatal.

Esto indica un uso opaco del poder legislativo, donde decisiones de gran impacto se toman sin el debido debate público y con mínima participación ciudadana. Un indicativo preocupante para la salud democrática del estado.

¿Estamos ante una privatización encubierta?

Para muchos educadores, investigadores y defensores de la educación pública, la expansión masiva de las escuelas de esperanza es una forma de privatización sistémica del sistema escolar tradicional enmascarada como “libertad de elección”.

Los datos indican que, a largo plazo, las escuelas chárter no ofrecen garantizaciones sistemáticas de mejoras académicas. Un estudio del Centro para la Investigación de Resultados Educativos de la Universidad de Stanford (CREDO) de 2023 mostró que el rendimiento de los estudiantes en escuelas chárter es altamente variable y depende de factores como la ubicación geográfica y el perfil socioeconómico de los estudiantes.

¿A quién beneficia realmente este modelo?

• A los operadores privados, que pueden generar ganancias gestionando escuelas con fondos públicos.
• A legisladores y funcionarios con vínculos financieros con el mundo de las chárter.
• A familias de altos ingresos que ahora pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas con apoyo estatal.

¿Y quién pierde? La respuesta es obvia: la institución pública como garante de derechos, los docentes mal remunerados, los estudiantes con altas necesidades y los barrios que quedan con escuelas públicas desfinanciadas y estigmatizadas.

La resistencia: ¿hay esperanza para las escuelas públicas?

A pesar del poder político y financiero detrás de esta agenda, existe una resistencia activa dentro de Florida y en todo Estados Unidos. Organizaciones de maestros, sindicatos, padres de familia y legisladores están alzando la voz para detener el avance de las chárter en espacios públicos.

Las futuras elecciones estatales y locales serán determinantes para revertir o consolidar esta tendencia. Como ciudadanos, debemos cuestionar si este modelo beneficia realmente al interés colectivo, o si estamos participando pasivamente del desmantelamiento de uno de los pilares fundamentales de una democracia: una educación pública, gratuita y de calidad para todos.

Porque una sociedad sin educación pública robusta es una sociedad sin igualdad de oportunidades.