La batalla de X contra Nueva York: ¿libertad de expresión o evasión de responsabilidades?

El internet bajo la lupa: regulación vs. libertad de expresión

En una maniobra legal que suma tensión al debate sobre la moderación de contenidos en redes sociales, X Corp. —la empresa propiedad de Elon Musk, anteriormente conocida como Twitter— ha demandado al estado de Nueva York. El motivo: una nueva ley que exige a las plataformas sociales informar sobre cómo manejan publicaciones consideradas problemáticas.

¿Es realmente una defensa de la Primera Enmienda o se trata de evitar rendir cuentas sobre la proliferación de odio y desinformación en línea? Esta es la pregunta que se cierne sobre una batalla judicial que podría sentar precedentes sobre cómo se regula el contenido digital en los Estados Unidos.

¿Qué dice la ley de Nueva York?

Firmada por la gobernadora Kathy Hochul a finales de 2023, la ley requiere que las empresas de redes sociales como X reporten dos veces al año lo siguiente:

• Cómo definen términos como discurso de odio, contenido extremista o desinformación.
• Cuáles son sus políticas de moderación de contenido.
• Cuántas publicaciones problemáticas detectaron, qué medidas tomaron y cuánto se compartieron esos contenidos.

Los legisladores demócratas Brad Hoylman-Sigal y Grace Lee, patrocinadores de la ley, argumentan que se busca mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de estas plataformas.

El argumento de X Corp.: intromisión inconstitucional

En la demanda, presentada en un tribunal federal en Manhattan, X sostiene que la ley infringe la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. Además, argumenta que también va contra una ley federal de 1996 —la Sección 230 del Communications Decency Act—, que otorga autonomía a las plataformas para moderar contenido como consideren adecuado.

“El estado intenta inmiscuirse en el proceso editorial de moderación de contenido mediante la exigencia de divulgaciones cargadas políticamente”, dice el documento. En esencia, se alega que el verdadero objetivo de la ley es presionar indirectamente a las redes para censurar ciertos discursos legales pero no deseados por el estado.

¿Quién gana y quién pierde en esta disputa?

La respuesta no es sencilla. Organizaciones en defensa de los derechos civiles suelen estar divididas sobre estas cuestiones. Por un lado, hay preocupación legítima por la creciente presencia de discurso de odio y desinformación en plataformas como X desde que Musk adquirió la empresa en 2022.

Por otro, existe el temor de que políticas como la de Nueva York abran la puerta a intervenciones excesivas del gobierno en asuntos de contenido digital, lo que podría erosionar derechos civiles fundamentales.

Según organizaciones como ACLU, la clave está en encontrar el balance adecuado: combatir el odio sin sofocar el discurso legítimo.

El historial de Musk en torno a la moderación de contenido

Desde que compró Twitter por $44.000 millones en 2022 y la renombró como X, Musk ha tomado medidas controvertidas bajo el argumento de "libertad de expresión absoluto":

• Dio de baja al consejo asesor de confianza y seguridad.
• Restauró cuentas de teóricos conspirativos y negacionistas.
• Redujo drásticamente la plantilla encargada de políticas de contenido.
• Eliminó reglas contra discurso de odio que antes estaban en vigor.

Estos cambios han provocado un aumento considerable de publicaciones xenófobas, racistas y misóginas, según reportes de grupos independientes como el Center for Countering Digital Hate (CCDH) y Anti-Defamation League. Musk incluso demandó al CCDH por supuestos daños comerciales, aunque la demanda fue desestimada.

Un conflicto que se repite: California y la derrota parcial de X

No es la primera vez que X enfrenta una ley similar. En 2022, California aprobó una medida que exigía requisitos de transparencia casi idénticos a los de Nueva York.

X impugnó la ley y, en otoño de 2023, un panel de jueces federales suspendió partes clave de la norma por razones de libre expresión, lo que llevó al estado a llegar a un acuerdo extrajudicial para no aplicar dichos requisitos.

Este contexto lleva a muchos a pensar que X espera repetir ese resultado en Nueva York.

¿Qué está realmente en juego?

Este caso toca temas cruciales para el futuro del internet y la sociedad democrática:

• La responsabilidad de las plataformas frente a la expansión de discursos de odio.
• El límite entre la moderación legítima y la censura gubernamental.
• La posibilidad de exigir transparencia sin violar derechos fundamentales.
• El rol de figuras poderosas, como Musk, en el discurso público.

X contra los reguladores: un patrón cada vez más común

Desde su adquisición por Musk, X ha adoptado una postura de conflicto constante con reguladores estatales, grupos sociales y medios tradicionales. La filosofía de “cero filtros, cero normas” no solo ha generado fricciones legales, sino que también ha provocado una fuga masiva de anunciantes preocupados por sus asociaciones en un entorno tóxico.

Según datos de Media Matters, X perdió cerca del 60% de sus ingresos publicitarios en el primer año de gestión de Musk. A pesar de los intentos de monetización alternativos como suscripciones y pagos a creadores, las finanzas de la compañía siguen en estado crítico.

¿Qué dicen los defensores de esta regulación?

Senadores como Hoylman-Sigal explicaron que la ley no dicta qué contenido debe borrarse o mantenerse, sino que exige rendición de cuentas mediante informes públicos. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, dijo en una carta enviada a X en 2024.

Además, sostiene que Musk ha cultivado un entorno tóxico que “amenaza las bases de nuestra democracia”. Estas acusaciones se sostienen en la gran cantidad de acusaciones falsas sobre elecciones, teorías conspirativas y supremacismo blanco que han proliferado en la plataforma.

Otro frente: ¿un sesgo contra Nueva York?

El hecho de que X haya demandado previamente a California con éxito y ahora haga lo mismo contra Nueva York, genera suspicacias sobre si hay una estrategia sistemática para evadir toda forma de regulación estatal, incluso aquellas que no ordenan contenido, sino que exigen transparencia.

Como explica David Greene, del Electronic Frontier Foundation (EFF): “El problema no es tanto el contenido en sí, sino la opacidad de cómo se decide qué se muestra y por qué. Pedir transparencia no es censura.”

La otra cara de la moneda: ¿peligro para la libertad?

Sin embargo, otros expertos advierten del peligro que supone que el gobierno “vigile” lo que se modera o no. Eugene Volokh, profesor de Derecho Constitucional, ha señalado que algunas exigencias de reporte pueden tener un “efecto de enfriamiento” sobre lo que las plataformas permiten, llevando a una sobremoderación preventiva que dañe el debate público legítimo.

Y no se equivoca: una regulación mal diseñada puede ser usada como caballo de Troya para imponer agendas ideológicas desde el poder estatal, incluso con intenciones positivas.

El desenlace en la justicia federal

La decisión del tribunal federal en Manhattan marcará una pauta sobre cuánto puede exigir el Estado a las empresas digitales sin vulnerar derechos. Todo parece indicar que el caso escalará a instancias superiores e incluso podría acabar en la Corte Suprema.

El epicentro del debate hoy ya no es solo qué decimos en internet, sino quién decide cómo, cuándo y por qué lo decimos. Y en ese dilema, Musk ha colocado su bandera: la de un modelo de plataforma sin reglas claras, sin filtros y sin reportes... al menos, si puede evitarlo por medios legales.