Choque de energías: la batalla legal por los proyectos eólicos y el futuro verde de EE.UU.

La lucha por el futuro energético de Estados Unidos se libra en los tribunales, en un contexto donde las políticas medioambientales chocan con los intereses de la industria fósil. El reciente traspié legal del expresidente Donald Trump frente a una coalición de estados liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, marca un hito significativo en el enfrentamiento entre energía renovable y posturas conservadoras en torno al cambio climático.

Una demanda con viento a favor

El juez federal William G. Young, de Massachusetts, anunció su intención de permitir que continúe una demanda interpuesta por 18 fiscales generales contra el bloqueo de proyectos eólicos impuesto por Trump mediante una orden ejecutiva firmada en su primer día del segundo mandato como presidente. Aunque planea desestimar a Trump y otros secretarios del gabinete como demandados, Young indicó que el caso sí puede seguir adelante contra el secretario del Interior, Doug Burgum.

La demanda argumenta que el freno a la concesión de permisos y arrendamientos para proyectos de energía eólica viola la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), debido a su carácter abrupto y sin sustento técnico claro. Además, los estados demandantes señalan daños económicos, ecológicos y en salud pública derivados de la paralización de estos proyectos.

Estados en defensa del viento

La coalición incluye a 17 estados y el Distrito de Columbia: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y Washington D.C. Una muestra del firme compromiso de varios estados con la transición energética, particularmente en la costa este, donde el potencial eólico marino es clave.

Uno de los casos citados por la defensa de los estados es el proyecto SouthCoast Wind frente a las costas de Massachusetts. Según Turner Smith, de la oficina del fiscal de ese estado, la demora en los permisos ha demorado el proyecto más de dos años, poniendo en riesgo los objetivos estatales de adquisición de energía limpia.

La postura de Trump: combustible fósil por encima del viento

Durante su tiempo como presidente, Trump reiteradamente mostró escepticismo —cuando no burla abierta— hacia las energías renovables, en particular con la energía eólica. En múltiples ocasiones afirmó que los aerogeneradores “matan aves” o que “el ruido causa cáncer”, declaraciones ampliamente desmentidas por organismos científicos.

En su retorno al poder, su política energética se centró en revivir el sector fósil y frenar el avance de renovables. Su orden ejecutiva dispuso una suspensión indefinida de la concesión de permisos para nuevos proyectos eólicos, argumentando la necesidad de revisar los impactos ambientales. Sin embargo, el juez Young dejó claro que esa decisión no puede estar exenta de control judicial cuando implica consecuencias tan extensas.

Según Michael Robertson, abogado del Departamento de Justicia, la orden ejecutiva solo ponía en pausa las concesiones mientras se evaluaban impactos. Aun así, no se ofreció ninguna fecha estimada de reanudación, lo que para los estados demandantes constituye una paralización de facto.

Impacto económico y medioambiental de la energía eólica

La energía eólica representa aproximadamente el 10% de toda la electricidad generada en EE.UU., lo que la convierte en la mayor fuente de energía renovable en el país, según datos de la American Clean Power Association.

Más de 120.000 empleos directos dependen del sector eólico, y se estima que las inversiones privadas en proyectos eólicos superan los 25.000 millones de dólares anuales. La paralización propuesta por Trump amenaza este crecimiento, especialmente en estados como Texas, Iowa, Oklahoma y Kansas, donde la energía eólica es fundamental para la economía rural.

La expansión de proyectos eólicos marinos también representa parte integral de los planes federales y estatales para cumplir con los compromisos climáticos asumidos en el Acuerdo de París y los objetivos de neutralidad de carbono para mediados de siglo.

Equinor: la empresa en el ojo del huracán

Uno de los ejemplos concretos del impacto de la política trumpista fue la orden de detener la construcción de un proyecto offshore en Nueva York, desarrollado por la empresa noruega Equinor. Este proyecto ya contaba con todos los permisos necesarios, sin embargo, fue frenado abruptamente. Aunque posteriormente se autorizó su reanudación, el episodio evidenció la incertidumbre jurídica que sufren las empresas energéticas bajo decisiones administrativas unilaterales.

Equinor reaccionó con cautela, pero lo ocurrido envía un mensaje preocupante a potenciales inversores en energía verde en EE.UU. La falta de estabilidad regulatoria podría desincentivar la inversión internacional justo en un momento donde la carrera mundial por energías limpias se intensifica.

Lo que está en juego: más que turbinas

Más allá del litigio específico, el caso revela una tensión estructural en la política climática estadounidense. Grupos conservadores critican los subsidios a las renovables como ineficientes o ideológicos, mientras que sectores progresistas los ven como imprescindibles para afrontar la crisis climática y diversificar la matriz energética.

La defensa republicana de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo y el gas natural, ha desencadenado movimientos políticos para revocar regulaciones medioambientales, revertir compromisos internacionales y frenar incentivos a tecnologías limpias. Al mismo tiempo, múltiples estados demócratas han incrementado sus propias metas de transición energética, en abierta contradicción con las decisiones federales.

Un precedente para los conflictos venideros

El resultado final de esta demanda podría sentar un precedente importante en cuanto a la autoridad presidencial para frenar procesos regulatorios en curso sin consultar al Congreso o seguir los pasos debidos del Administrative Procedure Act. En juego está la legitimidad de frenar de manera unilateral un proceso técnico y complejo que involucra a expertos ambientales, ingenieros, desarrolladores e inversores.

El juez Young, aunque aún no ha emitido su fallo definitivo por escrito, expresó en la audiencia que considera que los estados tienen “standing” —derecho legal a demandar— y que existe al menos una chance razonable de que sus reclamos prosperen. Una potencial victoria de los fiscales generales sería un duro golpe al legado energético de Trump y un respaldo explícito a quienes abogan por una economía descarbonizada.

¿El futuro será eólico?

Mientras el cambio climático sigue mostrando sus efectos —con récords de temperatura, temporadas de incendios devastadores e inundaciones extremas—, la pregunta sobre qué tipo de energía queremos fomentar ya no es abstracta. Este caso judicial podría convertirse en un símbolo de ese dilema existencial: continuar con modelos extractivos basados en carbono, o acelerar hacia un porvenir renovable que aunque presenta desafíos, también ofrece innovación, sostenibilidad y beneficios a largo plazo.