Airbnb en la mira: ¿Está amenazando el derecho a la vivienda en España?

Un nuevo golpe a Airbnb en España

La batalla legal entre el gobierno español y Airbnb ha alcanzado un nuevo punto álgido. El pasado jueves, el Tribunal Superior de Madrid rechazó una apelación presentada por la plataforma, confirmando así una orden gubernamental de bloquear casi 66.000 anuncios de alquileres turísticos que presuntamente incumplían la normativa local.

Esta decisión se produce en un clima de creciente malestar ciudadano por la crisis de vivienda que afecta a muchas ciudades españolas, especialmente aquellas con alta demanda turística como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. El incremento exponencial en el número de turistas ha ido de la mano con un aumento en los alquileres a corto plazo, empujando al alza los precios del alquiler tradicional y perjudicando directamente a quienes buscan una residencia permanente.

El problema de los alquileres turísticos ilegales

Según el Ministerio de Derechos del Consumidor, gran parte de los anuncios retirados carecían de requisitos básicos: no tenían número de licencia, no especificaban si el propietario era un particular o una empresa y, en muchos casos, los datos proporcionados no coincidían con los registros oficiales. De los casi 66.000 anuncios, 5.800 fueron identificados como prioritarios para eliminación inmediata.

La plataforma Airbnb aún no ha emitido un comentario oficial sobre la resolución judicial. Sin embargo, este no es un episodio aislado: durante los últimos años, varios países europeos han impuesto regulaciones más estrictas a las plataformas de alquiler turístico en un intento por controlar el impacto negativo del turismo masificado en sus ciudades.

Turismo versus derecho a la vivienda

El Ministro de Derechos del Consumidor, Pablo Bustinduy, fue claro al señalar que el éxito del sector turístico no debería poner en riesgo los derechos constitucionales de la ciudadanía, como el acceso a una vivienda digna. La situación ha llevado a una conversación nacional sobre el equilibrio entre una industria vital para la economía española —el turismo representa aproximadamente el 12% del PIB nacional— y el bienestar general de la sociedad.

“No se puede permitir que una plataforma comprometa el derecho a una vivienda digna bajo la excusa de dinamizar la economía,” afirmó Bustinduy en una entrevista reciente. Esta afirmación se enmarca en una visión más amplia que también comparte el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien subrayó la necesidad de abordar los efectos no deseados del turismo de masas.

Un problema de escala nacional e internacional

España no es el único país que enfrenta este dilema. Ciudades como Ámsterdam, Berlín y París han implementado medidas similares: desde limitar el número de días que una vivienda puede alquilarse en plataformas hasta exigir licencias específicas y sancionar con multas cuantiosas a quienes incumplan las normas.

En Ámsterdam, por ejemplo, en ciertos barrios no se permite alquilar viviendas para estancias turísticas y en otras zonas se ha impuesto una limitación de 30 días al año. En Berlín, durante un tiempo se prohibió completamente el uso de apartamentos completos para alquiler turístico sin autorización especial.

España y el récord de turistas

Pese a estas restricciones, España sigue alcanzando cifras históricas en cuanto a turismo. En 2023, el país recibió más de 85 millones de turistas internacionales, marcando un nuevo récord tras la pandemia. Esto ha generado riqueza, empleo y movimiento económico en muchas regiones, pero también ha traído consigo retos sociales importantes.

Uno de ellos es el fenómeno de la gentrificación, que convierte vecindarios tradicionalmente residenciales en zonas enfocadas casi exclusivamente al visitante temporal. Esto no solo eleva los precios de alquiler, sino que altera dinámicas comunitarias y provoca desplazamiento de residentes de toda la vida.

Lo que viene para Airbnb y otras plataformas

El comportamiento de Airbnb en esta disputa legal será observado con lupa, tanto en España como en otros países. De momento, el gobierno español ha dejado claro que no dará marcha atrás en su cruzada contra los alquileres ilegales. Además, se planea reforzar los mecanismos de vigilancia con el apoyo de tecnología y cooperación entre administraciones locales y organismos europeos.

También se están debatiendo modelos alternativos y más sostenibles, como plataformas públicas de alquiler turístico que garanticen una redistribución más justa de los beneficios que el turismo genera, como ocurre en ciudades del norte de Europa. En estas, el modelo comunitario cobra fuerza, dando preferencia a cooperativas o vecinos que alquilan una parte de su vivienda de manera transparente y regulada.

¿Es sostenible el modelo actual de turismo?

La Asociación de Vecinos de Lavapiés, un céntrico barrio madrileño severamente afectado por la turistificación, señala que “no se puede seguir considerando vivienda lo que ya no está destinado a vivir”. Para ellos, y muchas otras voces críticas, el modelo actual ha llegado a un punto de inflexión.

Una encuesta del CIS de febrero de 2024 reveló que el 68% de los españoles considera que los alquileres turísticos deberían estar más regulados. Además, 1 de cada 2 ciudadanos cree que estas plataformas encarecen la vivienda en las grandes ciudades. Estos datos sustentan políticamente las acciones tomadas por el ejecutivo en los últimos meses.

Impacto económico y social

Mientras tanto, propietarios e inversores que dependen del alquiler turístico como fuente de ingresos también hacen oír su preocupación. Argumentan que se trata de una actividad lícita que genera empleo y mantiene viva a la hostelería local. Según datos de Exceltur, el igual llamado “ocio colaborativo” generó más de 18.000 millones de euros en ingresos en 2023.

No obstante, para Bustinduy, “la actividad económica debe estar subordinada a los derechos humanos y a la necesidad de construir ciudades habitables para todos.”

¿Solución o parche?

Al bloquear estos anuncios, el gobierno espera recuperar parte del parque de viviendas destinado al alquiler habitual. Sin embargo, críticos sostienen que mientras no haya inversión pública suficiente en vivienda social, las medidas son sólo un parche temporal. En España, el porcentaje de viviendas sociales es de solo el 2,5%, muy por debajo del 20% que tienen países como Países Bajos o Austria.

Es decir, la presión no debería recaer únicamente sobre plataformas como Airbnb, sino también sobre la administración para facilitar el acceso a una vivienda digna a través de otros mecanismos.

El futuro del turismo en España

Relacionar directamente turismo con crisis de vivienda puede parecer simplista, pero es innegable que los efectos actuales requieren regulación y planificación. Algunas comunidades autónomas ya están valorando modelos de turismo sostenible, limitando las licencias turísticas, promoviendo zonas de exclusión o fomentando el turismo de menor escala y más respetuoso con el entorno urbano.

Así, mientras miles de turistas siguen rodando sus maletas por el centro de Madrid y otras ciudades, lo que está en juego para muchos españoles es su derecho a vivir dignamente en sus propios barrios. El debate está lejos de cerrarse, y marcará el rumbo de la política de vivienda en la próxima década en España.

Artículo escrito con base en información oficial proporcionada por el Ministerio de Derechos del Consumidor y medios locales.