Brasil frente al espejo: el drama del aborto legal en un país lleno de trabas

Aunque en Brasil el aborto está permitido legalmente en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal, la realidad de las mujeres que intentan acceder a este derecho dista mucho de las garantías que ofrece la ley. Un entramado de barreras legales, religiosas, sociales y geográficas convierte el acceso al aborto en un laberinto tortuoso, especialmente para las mujeres de bajos recursos, negras o menores de edad.

Una ley que parece de papel

El Código Penal brasileño establece desde 1940 que el aborto no será penalizado en determinadas circunstancias. Sin embargo, sólo el 3,6% de los municipios del país —esto es, apenas 290 instalaciones médicas en un país de más de 213 millones de habitantes— ofrecen estos procedimientos de manera legal, según un estudio de Reports in Public Health publicado en 2021.

El caso de una joven de 27 años, violada durante el Carnaval en Brasilia en marzo de 2025, retrata crudamente los efectos de una burocracia deshumanizante. Aunque intentó acceder a un aborto legal, le exigieron un informe policial que no era obligatorio por ley. Desesperada, terminó ingiriendo pastillas del mercado negro en su casa, sin asistencia médica: “Me desmayé varias veces del dolor. Estaba aterrada de morir”, afirmó.

Cuando el tabú pesa más que la jurisprudencia

Los obstáculos no son solo jurídicos. De acuerdo con Carla de Castro Gomes, socióloga e investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro: “Muchos profesionales de la salud, amparándose en convicciones religiosas o morales, se niegan a practicar abortos legales, incluso en clínicas autorizadas”.

La práctica revela una desconexión entre la legislación y su implementación. Ivanilda Figueiredo, profesora de Derecho en la Universidad del Estado de Río, explica: “La mujer puede acudir con su relato a un equipo multidisciplinario del hospital. No necesita autorización judicial. Pero el sistema no cumple con esa norma”.

Geografía de la exclusión

El acceso a abortos legales varía drásticamente según la ubicación. En las zonas rurales o favelas urbanas, la desinformación es otra barrera. Karina Braga de Souza, madre de cinco hijos de la favela da Maré, cuenta que sólo descubrió que el aborto era legal en casos de violación gracias a un taller local: “No tenemos acceso a información. Los médicos no te lo dicen”.

En esta misma favela, la Casa das Mulheres da Maré organiza círculos de conversación donde se explica la legislación brasileña. Las mujeres también reciben orientación sobre prevención, salud reproductiva y apoyo en situaciones de violencia sexual. “Aún es un tema tabú, pero aquí empezamos a romperlo”, dice una voluntaria del espacio.

Cifras que indignan

• Brasil registró 83,988 víctimas de violación en 2023.
• El 61.6% de ellas eran menores de 14 años, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
• Se estima que menos del 4% de las niñas entre 10 y 14 años que quedaron embarazadas por violación accedieron a una interrupción legal del embarazo entre 2015 y 2020 (The Intercept Brasil).

Las cifras revelan una doble victimización: niñas violadas que luego deben enfrentar embarazos forzados, una forma de tortura institucionalizada.

Entre giros políticos y retrocesos

Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, en 2020, se emitió una ordenanza que obligaba a los médicos a reportar a la policía a las mujeres que solicitaban abortos por violación. Aunque fue derogada por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, la laguna legal persiste.

“Estas idas y vueltas crean una sensación de inseguridad jurídica entre los profesionales de la salud, que temen represalias por realizar abortos legales”, indica Carla de Castro Gomes.

En 2023, el diputado evangélico Sóstenes Cavalcante propuso equiparar el aborto después de las 22 semanas con homicidio, lo que generó protestas masivas y provocó que el proyecto quedara archivado. No obstante, en noviembre un comité de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda constitucional que pretende declarar la “inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción”, lo que en la práctica aboliría todo tipo de aborto.

El precio del silenciamiento

Una madre soltera de 35 años, violada en el interior del estado de Río de Janeiro, intentó acceder a su derecho a abortar y fue rechazada por un hospital comité porque —según ellos— había pasado el “límite permitido”, a pesar de que la ley brasileña no establece un tiempo máximo para abortar en casos de violación.

Fue gracias al Proyecto Mujeres Vivas, una ONG de São Paulo, que logró someterse al procedimiento legal en otro estado, a 18 horas en auto. Fue posible gracias a una campaña de donaciones.

“Ya somos víctimas de violencia y todavía nos hacen sufrir más”, dijo. Su testimonio, como tantos otros, evidencia el sufrimiento añadido que impone un sistema plagado de trabas.

Iniciativas feministas: esperanza desde abajo

Frente a estas barreras, las organizaciones feministas están luchando por el fortalecimiento de políticas públicas, la formación de equipos especializados y más información. En 2023, la campaña “Una niña no es madre” logró que el Consejo Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia aprobara una resolución sobre cómo abordar los embarazos por violación en menores.

Además, hay un creciente movimiento de colaboración internacional. En mayo de 2024, activistas brasileñas de organizaciones como Nem Presa, Nem Morta y Criola se reunieron en Río con legisladoras estatales afroamericanas de EE. UU. bajo el paraguas del Women’s Equality Center. El objetivo: compartir estrategias para defender el derecho al aborto en contextos hostiles.

La desigualdad tiene nombre, color y geografía

En un sistema desigual, quienes más sufren son las mujeres negras, pobres y jóvenes. Mientras algunas mujeres con recursos pueden viajar al extranjero para realizarse abortos seguros, otras como la joven de Brasilia arriesgan su vida entre cuatro paredes.

“Cuando nos niegan el derecho a un aborto legal, nuestros cuerpos sienten mucho más dolor del que deberían”, dice ella. Con terapia y el apoyo de su círculo cercano ha podido empezar a sanar, aunque la rabia permanece: “Cada vez que recuerdo, me lleno de ira”.

Las luchas por los derechos reproductivos no son sólo una cuestión política o legal, sino verdaderamente una cuestión de justicia social y humanidad.

¿Cambiará el rumbo?

En medio de una política polarizada, la esperanza yace en la acción conjunta de la sociedad civil, la presión internacional y el activismo feminista que, desde el territorio y con escasos recursos, está transformando pasos individuales en una ola colectiva. Mientras tanto, miles de mujeres siguen esperando que el acceso al aborto legal en Brasil deje de ser un privilegio y se convierta, finalmente, en un derecho constitucional efectivo.