El ataque legislativo a la asistencia social y los centros de detención familiar: ¿una cruzada ideológica o una crisis humanitaria?

Una batalla en el Senado: recortes vs realidades

La agenda legislativa de los republicanos en Estados Unidos intenta una vez más transformar la estructura del gasto público. Esta vez, a través de un ambicioso —y polémico— paquete de recortes fiscales y de gasto social impulsado por el expresidente Donald Trump. Con una promesa de recortes de impuestos por 4.5 billones de dólares y una apuesta para prolongar las políticas fiscales de su primer mandato, los republicanos enfrentan ahora una fuerte resistencia institucional, política y social.

Entre las medidas más controversiales del paquete se encuentra la propuesta de trasladar ciertos costos del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos, del gobierno federal a los estados. Una movida que, según estimaciones previas, podría haber ahorrado alrededor de 128 mil millones de dólares. Sin embargo, esta iniciativa ha sido detenida en seco por la parlamentaria del Senado, quien indicó que la medida viola la Regla Byrd, diseñada para impedir que políticas controvertidas se incluyan en procesos de reconciliación presupuestaria.

¿Qué es la Regla Byrd y por qué importa?

La Regla Byrd, implementada en 1985 y nombrada en honor al Senador Robert C. Byrd, legisla que las disposiciones incluidas en un paquete de reconciliación presupuestaria deben tener un impacto directo sobre el presupuesto federal. Cualquier cláusula que no esté «estrictamente» relacionada con ingresos o gastos federales puede eliminarse, a menos que se apruebe por 60 votos en el Senado.

En este caso, la parlamentaria ha dictaminado que transferir responsabilidades del SNAP a los estados no cumple con esos lineamientos. La respuesta de la senadora demócrata Amy Klobuchar fue contundente: “El Parlamento ha sido claro. Los republicanos del Senado no pueden usar su presupuesto partidista para cargar a los estados con costos que conducirían inevitablemente a recortes masivos”.

¿Quién perdería con este cambio?

De acuerdo con cifras del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), más de 40 millones de personas dependen del SNAP en EE. UU., muchas de las cuales son trabajadores de bajos ingresos, personas mayores y niños. Si los estados fueran obligados a cofinanciar parte del programa, muchos simplemente elegirían recortar cobertura o endurecer los requisitos. El resultado: millones sin acceso a alimentación básica.

Estas políticas se suman a otra cláusula residual del proyecto: la de imponer nuevos requisitos de trabajo para adultos mayores de hasta 65 años como condición para recibir asistencia alimentaria. Este tipo de condiciones afectan desproporcionadamente a sectores precarios, especialmente en regiones rurales o con altos niveles de desempleo estructural.

Familias en detención: hacinamiento, enfermedades y traumas

Simultáneamente, aliados y detractores del plan apuntan a otra pieza clave del paquete legislativo de Trump: la expansión drástica del sistema de detención migratoria. Bajo el eufemismo "Una Gran y Hermosa Ley" (“One Big Beautiful Bill Act”), el gobierno busca triplicar el presupuesto de detenciones, con $45 mil millones asignados para ello.

Sin embargo, nuevas revelaciones sobre los centros de detención en Texas pintan un panorama sombrío. Según declaraciones juradas presentadas en una demanda para preservar el Acuerdo Flores —marco legal que regula la detención infantil en EE.UU.—, los testimonios incluyen casos de:

• Adultos forcejeando con niños por acceso a agua potable.
• Niños con enfermedades crónicas a quienes se les niega atención médica.
• Menores con traumatismos psicológicos agudos después de ser separados o arrestados dentro de sus comunidades.

Un niño con cáncer perdió su cita médica tras el arresto de su familia. Otro, de 12 años con problemas de inflamación en los pies, fue diagnosticado pero no recibió tratamiento posterior. En varios casos, niños denuncian miedo al agua del grifo y enfermedades posteriores al consumirla, según documentos ingresados por abogados de organizaciones como RAICES y el Center for Human Rights and Constitutional Law.

El efecto boomerang económico y social

Más allá de la tragedia humana, varios expertos indican que estas políticas tienen un impacto económico regresivo. “Reducir la inversión en nutrición, salud e investigación es el camino seguro hacia mayores déficits a largo plazo”, dijo Diane Whitmore Schanzenbach, economista especializada en pobreza infantil.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que el paquete completo, tal como lo aprobó la Cámara de Representantes, agregaría más de $2.4 billones al déficit federal en la próxima década. No sólo eso: 10.9 millones de personas perderían la cobertura médica, y al menos 3 millones dejarían de recibir apoyo alimentario.

Paradójicamente, mientras se recortan derechos y servicios, el proyecto incluye nuevas exenciones fiscales como eliminar impuestos sobre propinas y horas extras. Asimismo, aumenta el gasto en “seguridad nacional” en otros $350 mil millones, en parte para financiar deportaciones masivas.

La ciencia también bajo fuego

El paquete no se detiene en los programas sociales y migratorios. Un juez federal en Boston bloqueó una de las últimas medidas de la administración Trump: un recorte en el financiamiento “indirecto” para la investigación universitaria, esencial en campos como inteligencia artificial, ciberseguridad y semiconductores. Universidades como la Universidad de California afirmaron que perderían cerca de $100 millones al año.

La jueza Indira Talwani desestimó la nueva política por considerarla “arbitraria y caprichosa”. La profundidad del impacto es preocupante. Las universidades generan innovación y empleos; socavarlas equivale a dispararse en el pie.

¿Hacia dónde va esta ley?

Con múltiples porciones del proyecto en infracción de la Regla Byrd, los republicanos enfrentan varias opciones: modificar las cláusulas, eliminarlas, o enfrentar desafíos en el pleno del Senado. Pero la posibilidad de pasar cláusulas controversiales sin mayoría calificada (60 votos) parece improbable.

Entretanto, el gobierno de Trump redobla su presión: exige lealtad política a costa de vulnerabilidades humanas y de largo plazo. El conglomerado republicano parece atrapado entre un deseo de consolidar una visión ideológica y las limitaciones constitucionales, fiscales y morales frente a las cuales se están rebelando senadores, jueces y comunidades civiles por igual.

Más allá del Senado: la batalla por el alma de la política social

La ofensiva contra el programa SNAP, la salud pública, la ciencia y los derechos de los migrantes no es solo una disputa presupuestaria. Es el reflejo de una lucha ideológica sobre el rol del Estado. ¿Debe el gobierno federal garantizar derechos básicos como salud, alimentación y protección? ¿O debe delegarlo todo al mercado y a estados desiguales en capacidades y prioridades?

Como dijo Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en su columna para The New York Times: “El ataque a los programas sociales no es una necesidad fiscal, sino un proyecto doctrinario. El objetivo no es ahorrar dinero; es redefinir el contrato social”.

Millones de personas —migrantes, niños, enfermos, investigadores— quedan atrapadas en ese intento por rediseñar las bases de la convivencia. Y aunque la parlamentaria haya ofrecido un salvavidas técnico, el debate está lejos de terminar. En el horizonte, quedan preguntas urgentes: ¿qué Estados están preparados para asumir estas responsabilidades? ¿Qué pasará cuando más centros de detención operen sin regulación adecuada? ¿Cuánto costará, literal y éticamente, este nuevo orden?